a asociación que nuclea a los jueces y funcionarios judiciales de la provincia salió al cruce de las acusaciones efectuadas por la legisladora Patricia Pacheco contra el fiscal Mayor, Guillermo Mássimi. Mediante un comunicado, le recordaron a la parlamentaria el principio de la división de poderes. "Lo grave es que esta práctica por parte de un legislador se va generalizando y podría conducir a la ilimitación jurídica de la autoridad de la clase política", sostienen desde la comisión directiva. Pacheco había acusado a Mássimi de perseguir e investigar a determinados sectores políticos y de tener vínculos con el ARI.
Las declaraciones de la legisladora del FUP Patricia Pacheco criticando duramente al fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, detonaron la reacción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego.
A través de un comunicado emitido por la asociación que nuclea a los jueces y funcionarios de la justicia fueguina, recordaron la división de poderes y la necesidad de respeto institucional entre los mismos.
Concretamente, el escrito hace referencia a "las noticias periodísticas que dan cuenta de una denuncia hacia un representante del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Ushuaia", en obvias referencias a las declaraciones que Pacheco efectuó contra Mássimi. También sostienen que el descargo se realiza por la eventual afectación contra otros "funcionarios del Poder Judicial que están por debajo del Superior Tribunal".
Pacheco había denunciado públicamente que Mássimi se ocupaba de perseguir a determinados sectores políticos y de tener "vínculos con el ARI", el partido de los legisladores Manuel Raimbault y José Martínez.
El comunicado enviado por la comisión directiva de la asociación, presidida por el juez Federico Carniel, manifiesta que "es necesario recordar que es un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres poderes, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, independientes y soberanos en su esfera, por lo que las atribuciones de cada uno les son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas harían necesariamente desaparecer la línea de separación entre los poderes y destruiría la base de nuestra forma de gobierno". Es así que sostienen que el "pretender coartar la labor investigativa del Ministerio Público Fiscal vinculando a uno de sus miembros con afinidad a un partido político o a una ideología determinada no es otra cosa que atacar –de raíz– a la independencia misma del Poder Judicial. Ello implica que se coarte la facultad de investigación, que es inherente a la función judicial, convirtiendo tal práctica a los otros poderes del estado en otra instancia revisora del contenido de las resoluciones jurisdiccionales".
"Lo grave es que esta práctica por parte de un legislador se va generalizando y podría conducir a la ilimitación jurídica de la autoridad de la clase política, lo que contradice la esencia misma de la idea republicana de fraccionamiento del poder", concluye el comunicado.
Más allá de la reacción de la Asociación de Magistrados, no hubo repercusión por parte del funcionario directamente aludido, ya que el fiscal Mássimi y el ministerio del que forma parte prefirieron no hacer declaraciones al respecto.
