a Convención Municipal Constituyente continúa avanzando en el tratamiento de la Carta Orgánica de Río Grande, que se estima podría finalizar durante la presente semana, por lo que conforme pasan los días, el tratamiento de temas toma mayor trascendencia por la relevancia de los mismos.
Durante el día de ayer, uno de los más importantes estaba centrado en el juicio político, el que había tenido durante la comisión un duro cruce entre los bloques políticos, los que se dividían entre la posibilidad de un referéndum popular remover al intendente de sus funciones, y los que impulsaban la posible revocatoria de su mandato mediante simple tratamiento de los concejales, divididos en dos salas.
Finalmente, la determinación final tuvo un punto intermedio que conformó a todos los sectores, ya que "lo que se ha plateado es la posibilidad de la creación de una sala acusadora, una sala juzgadora y un tribunal popular el que esté integrado por 14 ciudadanos de nuestra comunidad", informó el convencional Gabriel Clementino.
El sistema se denomina Juicio por Jurados, el que tendrá como responsabilidad determinar, luego de la labor de las dos salas anteriores, si el intendente o los concejales deben alejarse de su mandato o podrán continuar.
"Este sistema es muy novedoso respecto a los proyectos que tenían las diferentes cartas orgánicas de los partidos, y traerá un proceso dentro del marco del Concejo Deliberante pero también comprometerá a la ciudadanía, a través de ese jurado, que va a poder decir si el intendente u otro funcionario se tiene que ir del cargo, pero es la ciudadanía la que tendrá la decisión final, es decir la que lo votó", explicó.
Sin defensor del pueblo
La propuesta de un Defensor del Pueblo había sido presentada por el ARI y recibió la adhesión del PUL y del PJ, pero la UCR y el MPF se mostraron en franca oposición, entendiendo que los propios concejales cuentan con las herramientas suficientes para ejercer esta función.
La negativa final a la creación de esta figura recibió el rechazo de la convencional del ARI, Verónica De María, quien recordó que "proponíamos la figura del Defensor del Pueblo" entendiendo que se trata de "un Instituto que no puede dejar de tratarse y de considerarse en la sesión porque es una figura que ha evolucionado y es un ámbito que viene a significar una garantía para el propio sistema, para el ciudadano y una corrección misma para la democracia"; y mencionó que en el marco de esta evolución "el Defensor del Pueblo realiza la controloduría comunal, administrativa; muy relacionada al funcionamiento de una organización no gubernamental e incorporándole la defensa, vigencia y promoción de los Derechos Humanos y como parte del Estado como garantía y vigencia de Derechos".
Luego de un intenso debate entre los sectores políticos, la votación resultó apretada y determinó que no se creara esta figura, destacando que los ediles están facultados para realizar esta tarea.
