IPAUSS - Advertencia de gremios y jubilados

"Si el Gobierno no paga, la obra social se cae en junio"

11/04/2007
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os directores activos en el IPAUSS, Elida Deheza y Vicente Sinchicay, y de los pasivos, Mirta Torres, advirtieron ayer a los afiliados al organismo nucleados en ATE, SUTEF y el centro de jubilados Akainix que si el Gobierno Provincial no paga las deudas que tiene con la institución de seguridad social a partir de junio la obra social entrará en cesación de pagos, toda vez que en ese momento deberán dividir las cuentas del área previsional con la de salud, y la Caja no podrá financiar más al deficitario sistema asistencial. Los sindicatos y entidad que nuclea a la clase pasiva acordaron medidas tendientes a lograr un pronunciamiento público del los ejecutivos provincial y municipales. Paradójicamente, mientras los tres funcionarios daban las "malas nuevas" el personal del megainstituto lograba un aumento de 150 pesos remunerativos, aprobado en mayoría, con la abstención de Deheza y Sinchicay.

Los directores del IPAUSS, Elida Deheza y Vicente Sinchicay, y de los pasivos, Mirta Torres, advirtieron ayer a los afiliados al megainstituto nucleados en ATE, SUTEF y en el centro de jubilados Akainix, que si el Gobierno Provincial no paga sus deudas con el organismo y no se generan mecanismos para lograr mayores ingresos al área asistencia, en junio la obra social entrará en cesación de pagos y no podrá brindar los servicios que demandan los empleados públicos.
Es porque a partir de junio, por decisión del directorio en cumplimiento de la ley 641, en ese mes se dividirán las cuentas de los sistemas previsional y asistencial, y la Caja de Jubilaciones no podrá financiar más a la deficitaria obra social.
De acuerdo a la información que brindaron los funcionarios ayer, en la asamblea que tuvieron con  los afiliados y sus representantes gremiales, la obra social necesita 7,5 millones por mes para funcionar, y sus ingresos por todo concepto alcanza tan sólo la suma 4,8 millones de pesos.
El panorama enunciado conmocionó a los participantes de la reunión y a sus representantes gremiales, quienes acordaron llevar adelante una serie de medidas para lograr que tanto los intendentes de Ushuaia y Río Grande como el gobernador de la Provincia definan una postura política orientada a cancelar sus deudas con la entidad, y sobre el accionar de sus delegados en el IPAUSS a la hora de tratar la salida del gerenciamiento, además de avanzar en la búsqueda de mecanismos tendientes a obtener mayores ingresos para la obra social.

Cuentas divididas

La directora Elida Deheza explicó que "en cumplimiento de la ley 641, el diciembre del año pasado aprobamos la separación de las cuentas a partir de junio, con lo cual el sistema previsional ya no le podrá prestar más dinero a la obra social para sostener el déficit que arrastra esta última".
La funcionaria subrayó que "el déficit de la obra social está vinculado a los ingresos que tiene, con el agravante de que el Gobierno tampoco viene pagando las contribuciones, acumulando a enero de este año una deuda de casi 90 millones de pesos. Así que, en este esquema, vamos a llegar a junio sin un solo peso".
Además explicó que "a diferencia de la Caja de Previsión, que tiene un aporte de los trabajadores del 13 por ciento, y una contribución patronal del 10,5, y que se va subiendo un punto por año; el sistema asistencial cuenta con un aporte del 3 por ciento y una contribución del 6 por ciento".
Agregó que "de los casi 4, 8 millones de pesos que ingresan a la obra social, la gerenciadora se lleva 2,2 millones, y el resto es para pagar salarios del personal, comprar medicamentos y dar las prestaciones que dejaron afuera cuando se licitó el gerenciamiento, y que por supuesto son las más caras".
"Por eso es que, además de llevar a la Legislatura las reformas que pretendemos para la ley 561, pediremos que se incluya un fondo de asistencia a la obra social, como se hizo en su momento a favor de la Caja previsional".

El peor escenario

"Tenemos un escenario sumamente complejo y delicado", ratificó Deheza, "y por eso le estamos advirtiendo a los afiliados que, lamentablemente, las acciones que llevaron hasta ahora a favor del IPAUSS no alcanzan para que el Ejecutivo cumpla con su obligación y que en junio podemos entrar en cesación de pago".
Anotó inclusive que "el Ejecutivo nos da como respuesta letras de Tesorería, cuando bien sabe que al privado no puede pagar la cápita con letras", y se quejó que "el gobierno pretende que seamos los integrantes de directorio que gestionemos ante Nación la retención de la coparticipación para recuperar la deuda histórica de 208 millones de dólares". Denunció que "la plata que hoy usa el gobierno para hacer campaña política, vender su imagen y dar aumentos de sueldo, le pertenece al IPAUSS".

"Hay que actuar rápidamente"

El secretario general de ATE, Jorge Portel, consideró que "hay que actuar rápidamente para resolver lo que se avecina, que es un verdadero colapso, provocado por el gobernador Hugo Cóccaro y sus socios Jorge Garramuño y Jorge Martín, aunque aparentan ser distintos", para argumentar sus aseveraciones en el hecho de que "el primero no paga sus deudas con el IPAUSS, y los intendentes porque ni siquiera esbozaron el pago de los intereses de deuda que tienen".
Portel cuestionó que "ni la representante de los activos, Liliana Martínez Allende, ni la de los Municipios de Ushuaia y Río Grande y del Ejecutivo Provincial, hayan estado presentes en la asamblea (de ayer)", y los acusó de (estar entorpeciendo la salida del gerenciamiento y la recuperación de las deudas que se mantiene con el IPAUSS".

Alertar a los municipales

El secretario gremial de ATE Carlos Córdoba, de extracción municipal, adelantó que "comenzaremos a convocar y a alertar a los compañeros municipales, y de todo el estado, para que de una vez por todas dediquemos aunque sea cinco minutos de nuestro tiempo para interiorizarnos de lo que pasa en el IPAUSS, toda vez que la situación es muy grave y deben tomar conciencia de la necesidad de comenzar a trabajar para revertir las cosas".
"Es necesario de la gente deje de hacer zapping en sus casas y salgan a hacerse cargo de lo que se nos va a venir si el Gobierno no paga las deudas que tiene con el instituto, y las municipalidades no dan quórum para que en el directorio se definan las acciones que son necesarias para salir del problema".

"Todas las acciones políticas necesarias"

El dirigente riograndense del SUTEF Juan Carlos Estévez coincidió con el planteo de la gente de ATE y garantizó que "se van a llevar adelante todas las acciones políticas que sean necesarias para revertir la situación", y precisó que en la vecina ciudad "intentaremos contacto con el intendente (Jorge) Martín, para exigirle las explicaciones del caso sobre las posturas que hasta el momento ha venido adoptando su representante Pablo Blanco, contrarias a los intereses de los trabajadores".
"En función de las respuestas que obtengamos (del jefe comunal de Río Grande) veremos qué actitudes adoptamos desde el SUTEF", subrayó, para remarcar que "nosotros estamos exigiendo la salida del gerenciamiento y, el pago de las deudas de los distintos poderes ejecutivos hacia el IPAUSS".

Razones de la asamblea

Portel explicó que a la asamblea de ayer fueron a "ver qué tanto se ha avanzado desde el directorio en las correcciones que debían realizarse para subsanar los problemas que tenemos con las prestaciones médicas que debe brindar nuestra obra social, lo mismo que en la estrategia para salir del gerenciamiento privado, y en la recuperación de la deuda que mantiene el Gobierno con nuestra Caja de Previsión".
Recordó que "hace más de un mes, y a raíz de una gran cantidad de demandas de afiliados al IPAUSS que quedaban varados en Buenos Aires ante la falta de atención de la gerenciadora privada, que no les daba la cobertura médica adecuada, en los sanatorios a los que acostumbraban ir, por la culminación una red de prestaciones y su reemplazo por otra inadecuada, con el beneplácito de directores como Pablo Blanco, Stella Stratta y Orla Toledo Zumelzu".
Agregó al panorama descrito, "la voracidad de parte de las empresas  gerenciadoras, que vino planteando mayores costos que no tienen correlato con la calidad del servicio que estaban prestando, tanto en Río Grande como en Ushuaia, porque los afiliados, o no conseguían turnos o tenían muchas dificultades para acceder a las especialidades que requieren sus patologías".
"A todo esto se sumaba el problema del endeudamiento del Gobierno provincial para con el IPAUSS, y la llamativa situación generada por el hecho de que los Municipios aún no resolvieron el pago de la deuda de los intereses por mora que se había generado tiempos atrás", anotó, para señalar por tanto que "había una gran cantidad de asuntos que motivó a muchos afiliados una gran preocupación".
En los anteriores encuentros, dijo, "se llegó a la conclusión de que hay que terminar con el gerenciamiento de la obra social, porque queda claro y evidente que este modo de contratación sólo ha servido para enriquecer los bolsillos de Carlos Sánchez Pósleman, en detrimento de la salud de nuestros afiliados, y provocando un desfinanciamiento muy grande en el sistema económico de nuestra institución".
"Esto culminó con un acta acuerdo firmada en Río Grande, estableciendo que no había otra alternativa que salir de este gerenciamiento espurio, y para lograrlo el directorio tenía que traer hoy (ayer) las diversas propuestas, a cuyos efectos incluso de creó una comisión técnica que se avoque al asunto, ponderando y evaluando las alternativas posibles", avanzó.
Portel anotó que otro de los puntos que debieron haber llevado ayer los miembros del directorio consistieron en "las gestiones que han realizado en materia de recuperación de los aportes que se le debe al organismo, porque estamos hablando de más de 90 millones de pesos de deuda por este concepto".
Otro aspecto "central", según el titular de ATE, es "la discusión sobre el conflicto en la delegación de Buenos Aires, ya que fue el disparador de todas estas inquietudes y ahora nuevamente están en medidas de fuerza, porque (Jorge) Martín, (Jorge) Garramuño y el Gobierno han decidido no darles a los compañeros las herramientas para que sigan haciendo los trabajos de fiscalizar a las gerenciadoras".
Al respecto señaló que "hay que decirlo con todas las letras: la delegación de Buenos Aires está siendo castigada por hacer su trabajo".

Aumento al personal

Paradójicamente, mientras Elida Deheza, Vicente Sinchicay y Mirta Torres daban las "malas nuevas" el personal del megainstituto lograba un aumento de 150 pesos remunerativos, aprobado en mayoría, con la abstención de Deheza y Sinchicay.

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