Segunda jornada de paro docente

En Ushuaia movilizaron a la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Educación

18/04/2007
L

os docentes de esta capital concentraron, ayer al mediodía, frente al edificio de la Fiscalía de Estado, en el marco de su segunda jornada de paro en esta semana, y solicitaron formalmente al titular del organismo de contralor, Virgilio Martínez de Sucre, un pronunciamiento sobre el conflicto que atraviesa el sector y sobre lo que consideraron la "inconstitucionalidad del presupuesto para el sistema educativo", demás de reclamar a través de ese organismo "lo ejecutado de 2006 y 2007, por parte del Ministerio de Educación".

Agresión anónima

Tras una breve presencia en el lugar, en el que una docente fue impactada por un "huevazo" lanzado por una persona desde un vehículo en movimiento, que no pudo ser identificada, los trabajadores se trasladaron hasta el Ministerio de Educación "para hacerle el aguante desde acá a los compañeros que están negociando con el gobernador Hugo Cóccaro en Río Grande", según se indicó.

Requerimiento a Martínez de Sucre

El secretario gremial de la seccional capitalina del SUTEF, Christian Schnack, dijo que "le pedimos al Fiscal de Estado lo mismo que a la Legislatura para que, como ente de contralor determine la inconstitucionalidad del presupuesto para el sistema educativo provincial".
Argumentó sus aseveraciones en el hecho de que "el presupuesto asignado al sistema educativo provincial no cumple con la ley votada por la Legislatura, en cuanto al porcentaje estipulado para el área", asegurando que "esta irregularidad se ha registrado en el 2005, 2006 y 2007", remarcando que "por ejemplo para este año le correspondería el 24 por ciento del presupuesto general". Además planteó la necesidad de que "se blanquee la distribución del porcentaje asignado a Educación, porque sabemos que mucho del dinero que le corresponde no llega a las escuelas".

Encuentro con Urdapilleta y Deluca

En cuanto a la reunión que mantuvieran el martes por la tarde con los ministros Omar Deluca (Obras Públicas) y Marisa Urdapilleta (Educación), Schnack dijo que en el encuentro quedó evidenciada "la firmeza del sector docente en sus planteos, que motivó la decisión del gobernador de comprometer la presencia de ambos funcionarios en la Legislatura, y su asistencia ayer en la audiencia de partes en Río Grande".
De todos modos consideró que "Urdapilleta y Deluca, no pudieron contestar ninguna de las preguntas que les hicimos, a pesar que desde el 17 de octubre del año pasado, en que firmamos el acuerdo, anteayer fue la primera que la ministra de Educación se sienta a dialogar con nosotros".

Interpelación

Hecha esta observación, el dirigente sostuvo la necesidad de "que se interpele a la ministra Urdapilleta, como solicitamos el año pasado en tres oportunidades. Así que esperamos que los integrantes del Cuerpo legislativo tomen nuestra inquietud, porque hay elemento más que suficientes para avanzar en un juicio político a la funcionaria".

Denuncia de Gowland

Respecto de la nueva intimación para que depongan las medidas de fuerza, que les hiciera el titular de la Oficina de Defensa de los Derechos del Niño, Guillermo Gowland, el dirigente del SUTEF aseguró que "no nos preocupa en lo más mínimo", y exhortó al funcionario a "expedirse sobre la manera en que se habilitan los establecimientos escolares, y sobre las condiciones en que los chicos tienen sus clases, en aulas donde se caen los plafones e inclusive las ventanas".

Retorno de amenazas

En otro orden de cosas, Schnack denunció que "han vuelto las amenazas y los atentados hacia nosotros y nuestras familias desde el compromiso del gobernador de participar en la audiencia, y la convocatoria a los ministros para que acudan a la Legislatura", y destacó la necesidad de comunicarlo "porque las agresiones que sufrimos el año pasado pasaron a un segundo plano".
Anotó que "a mi señora le cruzaron el auto, y no chocó de milagro; y luego quien manejaba la llamó a su celular, figurando el teléfono de casa", para observar que "todo esto ya nos pasó el año pasado, e inclusive está en manos de la Justicia, con excepción de este último hecho".
Además señaló que "tenemos datos más que evidentes respecto del sector del cual provienen estas amenazas, con patentes de autos, camionetas, autos sin patentes, etc.; y si bien creemos en la Justicia, queremos contarlos para que la gente tenga esta información, sobre todo teniendo en cuenta que el juez (Javier) De Gamas Soler, que entiende en la causa, pidió participación nacional porque la Provincia no cuenta con los recursos necesarios para, por ejemplo, indagar sobre las llamadas que se nos hace".
En ese sentido comentó que "nosotros tenemos los teléfonos intervenidos y muchas veces el identificador nos acusa la llamada de un conocido y cuando lo accionamos escuchamos una vos que nos dice que la próxima vez encontraremos a nuestros hijos en otro lado".
Precisó que en esta oportunidad "nos han vuelto a llamar por teléfono, nos han cruzado los autos con otros vehículos, entre otras cosas", y adelantó que "nosotros no vamos a dejar de hacer los reclamos ni sostener nuestra postura".

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