a tarea del Concejo Deliberante por la denuncia de corrupción contra el ex concejal Pablo Wolaniuk y el ex secretario Ricardo Das Neves Rosa sigue arrojando nombres de integrantes del Gabinete Municipal que deberán presentarse en los próximos días ante la comisión investigadora. Enrique Pacheco, de Coordinación y Enlace entre la Municipalidad y la Legislatura, es el nuevo funcionario cuestionado, ya que el abogado de la cooperativa Magui-Mar, Alejandro De la Riva, dijo ayer que Wolaniuk había dado la orden de que Pacheco recibiera un segundo pago de 18 mil pesos, que los trabajadores finalmente jamás efectuaron.
La lista de los que tendrán que asistir a la cámara se completa con el secretario y el subsecretario de Obras Públicas, Mariano Pombo y Horacio Zotig; y la secretaria de Desarrollo Social Mónica Manzanares y la jefa de Gabinete Mónica Mendoza, que fueron indicadas por Wolaniuk como referentes del Movimiento Popular Fueguino que también "recolectaban" donaciones voluntarias para la campaña electoral. Incluso se pedirá la concurrencia del presidente de la Junta Departamental del MPF, Marcos Lugones, para revelar si los fondos efectivamente fueron utilizados para acciones proselitistas; y el secretario de Gobierno, Héctor Stefani, será convocado porque la presidenta de la comisión investigadora. Adriana Chapperón subrayó que "no se encontraron en el Boletín Oficial las publicaciones del llamado a licitación de la cooperativa y de la totalidad de los pagos realizados".
Además, ya pasaron por el Concejo el intendente Jorge Garramuño, la secretaria de Economía Mónica Urquiza y el subsecretario de Planeamiento Jorge Ontivero, aunque en todos los casos quedó abierta la posibilidad de que sean citados otra vez.
Respecto de "Quique" Pacheco, el abogado denunciante explicó que en su momento el presidente de la asociación "optó por no entregarle el dinero para no involucrar a más personas", debido a que tenía que llevar el mismo "al domicilio de alguien que no conocía".
Sin embargo, De la Riva confirmó que el oficial primero del Juzgado de Instrucción tomó constancia de distintas comunicaciones telefónicas del representante de la empresa con Wolaniuk, Das Neves, y Pacheco: "Una tercera persona que no queda vinculada a la causa porque en apariencia era un tercero ajeno que tendría que recibir un tercer pago".
Vinculaciones a otros funcionarios
El patrocinante de la cooperativa fue interrogado por el concejal Juan Carlos Pino acerca de la existencia de una "cadena administrativa", y la respuesta fue que, de los nuevos audios y del video agregado ayer a la causa pero concretados previamente a que se entregaran los 18 mil pesos, "surgiría el conocimiento de otros funcionarios municipales de este tipo de tratativas que llevaba adelante el señor Wolaniuk".
No obstante, advirtió que enviará esos elementos a la cámara recién después de que sean incorporados al expediente judicial. "Luego de que el juez evalúe la prueba creo que no habría ningún inconveniente en que la comisión investigadora, a partir de esas conversaciones, pueda determinar alguna escala de responsabilidad política e institucional", dijo.
El letrado destacó que "con el nuevo aporte de video va a haber referencia a nuevos nombres y apellidos que tienen relación con el Municipio", aunque entendió que "tal vez Wolaniuk decía que había arreglado todo con ciertos funcionarios pero éstos no eran conscientes de lo que estaba sucediendo".
A su vez, descartó que el intendente Jorge Garramuño pudiera no estar al tanto de lo que estaba ocurriendo, ya que fue citado en uno de los videos por el ex concejal. "Si, como se lo quiere disfrazar, este tipo de aportes era para la campaña, creo que 18 mil pesos por mes es muy importante, y no le escaparía a su conocimiento", apuntó.
La colaboración sería un delito
De la Riva también dijo que la empresa de trabajadores en ningún momento quiso hacer un aporte de campaña, y consideró que, en las nuevas evidencias, resulta "claro" que se trata de una exigencia de Wolaniuk: "De ser un aporte de campaña sería una nueva irregularidad que involucraría a Wolaniuk y compañía, porque ninguna empresa vinculada con el Municipio, la Provincia o la Nación puede hacer aportes de campaña, y eso está expresamente prohibido por la ley".
El Delito
En su visita al Parlamento, el denunciante explicó que el delito que se le imputa a Wolaniuk y a Das Neves es de "exacción ilegal", ya que no se trata de un "cohecho" –donde la coima sería en razón de un "pedido"–, sino de una "exigencia" para que "un particular pague una contribución, un tributo o una carga que no corresponde".
Para el abogado, del video presentado en primera instancia, más lo ingresado ayer, "queda claro" que no se trata de un cohecho sino de una exacción: "Lo que exige el funcionario para que el trámite se agilice es un dinero y no hay un ofrecimiento voluntario por parte de la cooperativa".
Reseña de la denuncia
El abogado comentó que fue convocado mediante una llamada telefónica del presidente de la cooperativa, después del 22 de mayo, día en el que se filmó la primera grabación presentada en la Justicia. Según dijo, en ese momento le advirtieron que se trataba de una denuncia relacionada con un "problema" entre la empresa y la Municipalidad de Ushuaia, pero no le brindaron mayores detalles.
Señaló que no conocía personalmente a ninguno de los trabajadores y expuso que se trasladó hasta Ushuaia para hacerse del video "crudo". Luego, el material se envió a Buenos Aires para ser "limpiado", ya que "si bien se entendía lo hablado el 90% del tiempo, en algunas partes era dificultoso escucharlo".
"Se hizo una depuración del sonido y una edición para que se pudieran leer los textos sobresalientes de la grabación, se limpió de ruidos y se trató de preservar la voz lo más nítida posible sin el ruido del roce de la ropa o de golpes", indicó De la Riva.
