l recluso Sebastián Molina Oviedo, que se encuentra privado de su libertad en la unidad de detención Nº 1 de la ciudad de Río Grande, se cosió la boca, iniciando además una huelga de hambre reclamando ser trasladado a Ushuaia, de donde es oriundo.
Molina Oviedo argumentó, antes de iniciar la medida de protesta, que fue enviado a dicho lugar a modo de castigo. Según el recluso, ni su mujer ni sus hijos lo pueden visitar asiduamente, por los costos, y que su madre padece de una grave enfermedad, situaciones que imponen su vuelta a la capital provincial.
Si bien Molina Oviedo se apoya en la Ley 24.660 y el Código Penal, donde se prevé qué medida tomar ante este tipo de situaciones que ameritan respetar la cercanía familiar, como así también normativa internacional referida a este tema, choca contra una resolución del Superior Tribunal de Justicia dictada recientemente.
El Superior Tribunal de Justicia había avalado el traslado
El máximo Tribunal de la Provincia confirmó, a través de una sentencia, lo resuelto por el juez en lo Correccional Enrique Calot, quien había dispuso en forma definitiva el traslado del interno Sebastián Gustavo Molina Oviedo a la Unidad de Detención Nº 1 con asiento en Río Grande.
Molina Oviedo cumple una condena por varios robos, uno de ellos agravado; tiene residencia en Ushuaia, al igual que su esposa e hijos. Precisamente la falta de contacto con éstos últimos es lo que llevó al planteo de la defensa para requerir que se anule el traslado definitivo.
Al ser considerado un interno de suma peligrosidad, por haber protagonizado un intento de evasión de la alcaidía de Ushuaia (el pasado 20 de mayo); el Juez Correccional dispuso que el mismo termine de cumplir lo que resta de la sentencia privativa de la libertad en una unidad de detención que reúna mejores condiciones de seguridad.
Uno de los planteos formulados por el defensor de Molina Oviedo –el doctor Gustavo Ariznabarreta– indica que las "falencias edilicias de los lugares de detención de esta ciudad (por Ushuaia) no pueden ser utilizadas como elementos fundantes" del traslado definitivo. Esta postura fue rechazada por el Superior Tribunal, dictando que "no puede pretenderse –ni menos exigirse– que cada comisaría o alcaidía guarde las medidas de seguridad y la capacidad de tratamiento propias de una unidad carcelaria".
