os representantes locales de la Confederación General del Trabajo y de la Central de Trabajadores Argentinos se mostraron de acuerdo con el pedido de juicio político contra el gobernador Hugo Cóccaro, efectuado ayer a la Legislatura por el abogado Alejandro De la Riva.
Tras señalar que en su sector recién "hemos analizado los comentarios que se han hecho por los distintos medios, y no el texto en sí", el dirigente de la CGT capitalina, Julio Peralta, anotó que "todos los funcionarios que tienen algún tipo de responsabilidad sobre los perjuicios fiscales que le ocasionan a la Provincia deben ser investigados en los distintos estrados, judiciales y organismos de control que tenemos".
"La Legislatura debe tomarlo, y avanzar"
En ese sentido, dijo que "la Cámara legislativa debe avanzar en el proceso de juicio político (planteado por De la Riva), más allá de que está enmarcado en un contexto de neto orden político, a mi entender", y agregó que la Legislatura "debería constituirse como querellante en cualquiera de las medidas que se lleven adelante, porque hay que recordar que éste no es el primer juicio político que se pide para Cóccaro, y los anteriores gobernantes ".
Peralta anotó inclusive que "con el gobernador destituido, Jorge Colazo, sólo prosperó un pedido de juicio político, porque hubo otros tres pedidos que fueron desestimados, aunque nosotros creemos que estos otros casos los legisladores también debieron haber avanzado y acudido a la Justicia como querellantes".
Para que Cóccaro "se defienda"
"Así que estamos a la expectativa de la suerte que vaya a tener este planteo, y esperamos que la Cámara tome el asunto, le dé tratamiento parlamentario y prospere, para que el gobernador tenga derecho a defensa como cualquier otro ciudadano", manifestó, para remarcar que "si al final se determina que Cóccaro cometió un ilícito, debe hacerse responsable".
Peralta rechazó la excusa de algunos legisladores para el tratamiento del juicio político, sobre la supuesta falta de tiempo para terminar el proceso, y sostuvo que "querer es poder, y en este caso no pasa por los tiempos y los plazos, sino por analizar el sustento y viabilidad del requerimiento".
"En todo caso -dijo- el caso podrán continuarlo los próximos integrantes de la Cámara, no hay ningún inconveniente. Además, los pasos posteriores, al finalizar el mandato de esta gestión quedará pendiente el juicio de residencia. Aunque el juicio político serviría para inhabilitar a los responsables para volver a ejercer cargos públicos".
El dirigente cegetista exhortó a los miembros de la Cámara legislativa a "expedirse sobre este caso en forma contundente y rápida", para agregar que "si se considera necesario deben suspenderlo (al Mandatario Provincial) del cargo".
"Hay méritos de sobra"
Desde la Central de Trabajadores Argentinos, de Tierra del Fuego, el secretario general Jorge Portel consideró que "hay méritos de sobra como para avanzar en este proceso", pero sostuvo que el planteo fue hecho "a destiempo".
El dirigente de la CTA recordó que "nosotros venimos solicitando esta misma medida a partir de que comenzara el conflicto en el sector estatal, ante la falta de información relacionada con el real estado de situación económica de la Provincia".
"Ya por ese entonces nosotros planteamos la necesidad de un juicio político a Cóccaro, porque no podíamos entender que el Ejecutivo no alcanzar la información requerida por otros poderes del estado", reiteró, para lamentar por tanto que "nuestra inquietud solamente fue escuchada por los legisladores (Manuel) Raimbault, (José) Martínez, (Nélida) Lanzares y (Carlos) Saladino, porque los demás brillaron por su ausencia".
De todos modos entendió que los legisladores "deberían tomar esta nueva presentación, que en esta oportunidad hizo el abogado De la Riva, aunque no sé si van a poder resolverla antes que termine el mandato de este tipo, porque es necesario que el daño que se le está haciendo a la Provincia tenga responsables concretos".
Portel subrayó que "en caso de que no prospere la presentación (del letrado), la próxima Legislatura debería avanzar en un juicio de residencia a los que dejan la administración pública, y con un juicio político a los que continúan con cargos dentro del estado; porque no podemos tolerar más que los funcionarios se sigan abusando de las atribuciones constitucionales que tienen para seguir endeudando a la provincia y rifando el futuro de la comunidad".
"Así que compartimos el juicio político a Cóccaro, presentado por el doctor De la Riva, porque consideramos que es concordante con lo que nosotros pedimos hace más de cuatro meses, y exigimos que el proceso se lleve adelante en un tiempo perentorio", expresó el titular de la CTA.
El sindicalista insistió con que "si no lo hacen, a los legisladores que se opusieron y a los que acompañen leyes que profundicen el deterioro institucional y económico que se está viviendo, se les debe someter a juicio político o de residencia".
| No a la emergencia Respecto del avance del Poder Ejecutivo y algunos legisladores en el tratamiento del proyecto de emergencia económica y financiera, planteado por el gobernador Hugo Cóccaro, Peralta observó que "si la Fiscalía de Estado, que es el órgano que legaliza los actos de gobierno, ya dijo que la iniciativa es inconstitucional, creo que se debe desistir del planteo, porque se trata de una cuestión viciada de nulidad absoluta". |
