abitantes del asentamiento conocido como 10 de Febrero denunciaron ayer por la mañana que efectivos policiales llevaron a cabo el desarme de una casilla del sector y el confiscado de materiales de construcción, sin haber constatado que actuaban en cumplimiento de una orden judicial
Un joven ocupante del lugar, que prefirió resguardar su identidad ante el temor de recibir represalias, contó que durante el operativo desarme "nos dijeron (los policías) que fue una disposición de la jueza María Cristina Barrionuevo, les pedimos que nos muestren la orden y se negaron hacerlo"; y asimismo sostuvo que "por cualquier pregunta nos pidieron que vayamos al Juzgado".
Según lo expresado por testigos del hecho durante el cruce de palabras, los uniformados se mostraron agresivos pero los vecinos no habrían respondido de la misma manera. La vivienda desarmada sería propiedad de un trabajador de la construcción, que no se encontraba en ese momento. Incluso, tres patrullas sirvieron como móviles para trasladar los materiales.
En diálogo con el diario del Fin del Mundo, el vecino destacó que es la primera vez que ocurre un desarme después del convenio rubricado en junio pasado con la Municipalidad capitalina que concedió los servicios comunitarios en forma transitoria, hasta que los ocupantes irregulares sean reubicados en otros lugares. "Después de las elecciones se olvidaron que hay un acuerdo con el Municipio", dijo, y reconoció que "tenemos miedo de que se sigan sucediendo estos desarmes".
