ras 14 años, y de una denuncia penal contra funcionarios de la anterior gestión que fue desestimada en primera instancia pero apelada por el Ministerio Público Fiscal, ayer se puso punto final a la controversia existente en torno a la Hostería, ya que el representante de la empresa Petrel SA y la presidenta del InFueTur firmaron la escritura pública de devolución al Estado de la Hostería ubicada a orillas del Lago Escondido.
La entrega efectiva del inmueble se concretó en horas de la mañana en la misma hostería Petrel, y constituyó la concreción de la acciones impulsadas a tal fin por el ex presidente del InFueTur, Osvaldo Magi.
A partir de la recuperación de las instalaciones, el Instituto de Turismo de la Provincia anunció que en los próximos días procederá al llamado a licitación pública para concesionar la hostería y recuperar así la prestación de servicios turísticos en ese lugar.
Según se informó desde el Gobierno, mientras se lleven a cabo los trámites legales y administrativos para el llamado a licitación, la hostería permanecerá abierta brindando prestaciones mínimas, a fin de no ocasionar perjuicios a las agencias de viaje que realizan excursiones hacia el sector de los lagos.
Una larga historia
La traumática historia de la concesión de la Hostería Petrel comenzó en agosto de 1991, cuando el Instituto Fueguino de Turismo requirió a Eduardo Sandri la restitución de la hostería dada en concesión años antes. Como consecuencia de ello, Sandri inició un reclamo administrativo y posteriormente demanda de daños y perjuicios contra la Provincia.
En junio de 1994 se celebró entre el InFueTur y Sandri un primer acuerdo transaccional, mediante el cual el empresario desistía de la acción iniciada, y como contraprestación la Provincia le otorgaba la concesión de la explotación de la Hostería ubicada en el Lago Escondido por el término de 5 años, prorrogables por el término de 5 años más en caso de verificarse el cumplimiento del mismo.
En dicho convenio se había establecido que el pago del canon de los primeros 5 años sería compensado con la realización de las obras previstas en el acuerdo, y que sólo su cumplimiento total daba derecho a la prórroga del plazo de concesión, estableciendo para el caso de incumplimiento, además de la no renovación una multa de 60 meses de canon mínimo.
En 2006, y ya vencido el término de la concesión anterior, se suscribió un nuevo acuerdo transaccional que no se concretó a instancias del Tribunal de Cuentas, por lo que al año siguiente se iniciaron actuaciones tendientes a la recuperación del inmueble.
