l viernes pasado se desarrolló en la Legislatura fueguina una nueva reunión de la mesa institucional creada por la Ley 746 de Emergencia Habitacional, donde el Foro Social Urbano, funcionarios aristas, organizaciones y representantes de instituciones del Gobierno concluyeron en la necesidad de promover desde el Estado nuevos modelos de trabajo y organización social, para paliar la crisis habitacional que vive Tierra del Fuego.
Las propuestas -que estarían vinculadas al cooperativismo y la labor por autogestión y rescata experiencias de urbanización logradas en Buenos Aires y Córdoba- surgen a casi un año de haberse declarado por Ley la emergencia habitacional y tras varios meses de discusión en la mesa de trabajo, sin resultado alguno, ni propuestos erogados desde el Gobierno para sanear la falta de tierras y viviendas.
De la reunión participaron la Presidenta de la Mesa Institucional legisladora Verónica de María, la senadora arista María Rosa Díaz, autoridades de la DIPOSS, miembros del Foro Social Urbano y asentamientos; los concejales Juan Luna, José Luis Verdile; miembros de la organizaciones fueguinas, y referentes de las ONGs cordobesas CEVE, SEHAS y Asociación Civil Vi-pro, vinculadas con realización de viviendas con la articulación entre asociaciones de la sociedad civil y el estado.
Durante el encuentro todos los presentes coincidieron en la necesidad aunar criterios desde el Estado provincial y municipal, para salir de la coyuntura, pese a que desde el Municipio continua con la postura firme de no participar en la mesa de diálogo. El Ejecutivo comunal interpreta que la Ley 746 viola la autonomía municipal, ya que la legislación en cuestión quita el poder de policía para la custodia de tierras fiscales.
Uno de los temas centrales del debate fue la falta de asignación de presupuestos para resolver la falta de infraestructura urbana y viviendas. Se sabe que implicaría inversiones millonarias que, por el momento, ni el Gobierno de la Provincia, ni la Municipalidad podrían disponer. En ese mismo sentido la directora provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DOPSS), Mónica Obreque, dejó en claro que "no hay ni habrá factibilidad técnica de producción de agua" para abastecer las zonas altas de la capital fueguina. Remarcó que "actualmente las plantas trabajan al límite de la capacidad"; motivo por el cual adelantó que "se está analizando la necesidad de restringir el consumo" ante el vertiginoso crecimiento de la capital fueguina. Asimismo, expresó que para resolver la problemática se requerirían "más 160 millones de pesos en inversión y aunque estuviese el dinero esto sería posible en el plazo de 5 años mínimos".
¿Sí a la ilegalidad?
En una entrevista con el diario del Fin del Mundo, la legisladora Verónica de María reconoció que la mesa institucional persiste "a fuerza de ser coherentes y perseverantes, porque si para muchos fuera, la mesa no existiría ni hubiese existido nunca", al anotar que este ámbito de discusión despertó las críticas de diferentes sectores de la sociedad, y profundizó aún más división en la comunidad entre los que están en contra y quienes defienden las usurpaciones de tierras fiscales. Incluso, organizaciones de fueguinos y ambientalistas elevaron más de 8 mil firmas contra esta polémica legislación.
En ese punto reflexionó: "No quisiera confrontar con los vecinos, pero hay que reconocer que existe un grave problema al que tiene buscarse una solución. Institucionalmente no puedo quedarme con un 'no a las usurpaciones', tengo que decir 'sí a algo', ¿sí a qué?, ¿sólo sí a la legalidad, que es la que provocó que estuviesen en una espera larguísima?", enfatizó.
De María adujo que "la emergencia habitacional es previa a la ley 746, las usurpaciones y no hay ley que esté fomentando esto". Por eso remarcó que la prórroga "no es un capricho, ni una pulseada porque la emergencia habitacional existe y no hay un poder de policía que esté sobre la constitución y sobre los tratados internacionales". Por ello apeló a la necesidad de buscar un entendimiento, "no quedarse en el enojo y la confrontación, sino buscar una salida verdadera a la problemática".
¿Cuál es el prepuesto destinado a la crisis habitacional? "En el presupuesto 2008 -dijo Verónica De María- está dado en infraestructura por 50 millones para la urbanización del río Pipo y un plan de obra plurianual con la cobertura de urgencias que se definirían de acuerdo a la obtención de los fondos". En ese punto, apuntó que entre los futuros proyectos, está la necesidad de generar un fondo para inversión en infraestructura, que sea originado a partir de un porcentaje del presupuesto anual, de los fondos coparticipables a las municipalidades y las empresas beneficiadas por la Ley 19.640.
| El Foro Social y ONGs adheridas elaboran un nuevo petitorio Con la elaboración y rúbrica de un nuevo petitorio a favor del cumplimiento y prórroga de la Ley 746 de Emergencia Habitacional, y en medio de la tensión generada por un desarme de una vivienda en el asentamiento "El Escondido", concluyó ayer por la tarde la Jornada sobre Hábitat Social en Tierra del Fuego "Participación Popular por una Provincia Democrática e Inclusiva", impulsada desde la Mesa Institucional de la Ley de emergencia. Los aportes Cabe destacar que la jornada contó con la participación de invitados especiales, que compartieron experiencias en la temática de hábitat y en la solución de la falta de vivienda a través de la autogestión: el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS) Asociación Civil Vi-pro (Vivienda Propia), que compartieron experiencias desarrolladas en los últimos 10 años en Córdoba, sobre concertación de políticas sociales para la búsqueda de soluciones a la crisis habitacional. Todos ellos vinculados con la participación de las organizaciones como protagonistas de estos procesos sociales. |
