l abogado Alejandro de la Riva, junto a padres autoconvocados que reclaman la normalización del ciclo escolar en el marco de los continuos conflictos gremiales, se reunirá hoy a las 11 de la mañana con los integrantes de la comisión de Educación de la Legislatura fueguina, con el fin de dar a conocer los alcances de un proyecto de Ley, sin presentes en el país, que promueve a la declaración de la "Educación como un Servicio Público Esencial" en Tierra del Fuego.
La reunión informativa, que tendrá lugar en instalaciones del parlamento de Yaganes y Héroes de Malvinas, será abierta a toda la comunidad, motivo por el cual el sector movilizado espera contar con el apoyo de todos los padres de la capital fueguina que estén a favor de este loable reclamo. En esta instancia se buscará que todos los actores puedan realizar sus aportes y que rubriquen la iniciativa para que sea elevada como asunto particular al Parlamento.
El jurista riograndense explicó a el diario del Fin del Mundo que esta iniciativa apunta a "garantizar el derecho de huelga de los trabajadores, pero también garantizar el derecho constitucional y esencial que tienen los niños a ser educados", y asimismo adujo que así se pondría fin a la constante "colisión" de dos derechos de rango constitucional que, generalmente, va en detrimento de los alumnos.
De este modo, De la Riva explicó que se lograría encontrar una "postura intermedia donde la huelga de los docentes pueda ser posible y a su vez el Gobierno disponga de una herramienta legal que paralela a las discusiones salariales garantice el normal dictado de clases a través de una nómina de docentes sustitutos".
Génesis de la norma
Cabe destacar que esta propuesta comenzó desarrollarse la semana pasada, tras una serie de encuentros entre De la Riva y el grupo de padres que se movilizan en Ushuaia por la falta de clases ante el reclamo docente por el incremento salarial del 24%.
La iniciativa parte de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no considera a la educación un servicio público esencial, a diferencia de la salud, la seguridad, la justicia. Incluso el servicio público de agua y la energía también lo son. Ello quiere decir que, ante cualquier reclamo sindical de estos sectores, los trabajadores deben garantizar con guardias mínimas la prestación de servicios. En ese sentido, en la coyuntura actual, la educación queda fuera de ese marco, lo que pone en total vulnerabilidad a los niños en su derecho inalienable a la educación.
Este modelo de legislación, que -aseguran- desde ya podría sentar precedentes en el país, se implementó con éxito en Perú, desde el año 2007, pese a las discusiones generadas en torno al tema; y asimismo en abril pasado, la iniciativa fue adoptada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
