l titular de la Oficina de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, Guillermo Gowland, se manifestó en desacuerdo con el fallo dictado la semana pasada por la jueza de Familia y Minoridad, Gabriel Yuba, donde rechazó su presentación, toda vez que para la magistrada la demanda debía ser presentada contra el Gobierno provincial y no contra el SUTEF, ya que "es el Poder Ejecutivo" el que debe garantizar el servicio de la educación para los niños.
En este sentido, Gowland dijo que "pareciera que esta nueva acción realizada por la oficina que represento molestó e irritó a la señora magistrada, toda vez que con argumentos muy cuestionables, me efectuó un severo llamado de atención por no haber impulsado el librado de cédulas en la anterior presentación que apelé y por parecerse en algún párrafo mi presentación a la que realizó el Ministerio de Educación ante el Ministerio de Trabajo en lo concerniente al incumplimiento de los 180 días de clases".
El abogado dijo respetar "como hombre de derecho el fallo dictado por la señora Jueza de Familia y para el caso que no comparta el mismo, luego del correspondiente análisis decidiré si lo apelo o no". No obstante, insistió en que "la protección de derechos que pedí para los alumnos porque el Gremio Docente con sus medidas de fuerza vulnera el derecho a la educación de ellos, merecen la protección ante su sola amenaza, tal lo manifestado por el Fiscal ante el Superior Tribunal, doctor Fappiano. Más aún, a pesar de que sabido es que el garante de dicho derecho es el Ejecutivo, la señora Jueza tuvo pleno conocimiento de todas las medidas que la gobernadora Fabiana Ríos realizó para garantizar ese derecho en la audiencia que tuvo con la primera mandataria por espacio de más de 3 horas".
Según Gowland, quien participó en dicha audiencia, "pude percibir el asombro de la doctora Yuba cuando se enteraba de la postura totalmente intransigente y caprichosa del gremio, quien constantemente negó toda alternativa para la resolución del caso, inclusive la mediación del Defensor del Pueblo, doctor Mondino".
Pero en una clara señal de disconformidad, sostuvo: "A pesar de ello nuevamente falló en igual sentido que en la anterior presentación, siendo que en esta nueva presentación se la puso en conocimiento que quienes son los que incumplen con el convenio firmado entre CTERA y Nación, de garantizar los 180 días y de no realizar medidas de fuerza mientras duren las negociaciones de recomposición salarial, es el propio gremio docente".
Gowland dijo que a su entender "no se pueden convalidar medidas de fuerza que perjudican directamente a los niños, niñas y adolescentes de la Provincia cuando las mismas son ilegales y es por ello que conforme a mi obligación de defender a los niños, presenté nuevamente otra medida de protección de los menores ante los más de 20 días que los chicos no tuvieron clases".
Por último, el letrado sostuvo: "Me parece que a su señoría al manifestar que por estos motivos este defensor pone en riesgo el interés superior del niño, se le fue un poco la mano. Pareciera que el culpable de que los chicos no tengan clases soy yo. Sin palabras", concluyó el funcionario.
Fundamentos del rechazo
La jueza Yuba rechazó el segundo planteo de Gowland toda vez que la demanda debía ser interpuesta contra el Gobierno de la Provincia dado que "no es el sindicato el obligado a garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación de los niños y adolescentes". En este sentido enfatizó –al igual que en demandas anteriores– que "es el Poder Ejecutivo Provincial el garante y obligado responsable del derecho a la Educación y la prestación de dicho servicio".
En cuanto al incumplimiento del convenio firmado a nivel nacional entre la CTERA y el Gobierno Nacional donde se acordaba el cumplimiento de los 180 días de clases, Yuba señaló que dicho punto debe ser denunciado eventualmente ante el Juzgado Laboral ya que "son dos cosas distintas la protección del derecho a la educación de los niños que las relaciones laborales, incumplimientos de convenios colectivos, etc.".
También Yuba menciona en el fallo el dictamen del asesor Pupilar y defensor ante el Superior Tribunal, Gustavo Ariznabarreta. El mismo menciona, que en la audiencia informativa de la que participó la gobernadora Fabiana Ríos la mandataria dijo "haber tomado la totalidad de las herramientas políticamente adecuadas restando a su criterio, la declaración de la emergencia educativa, por un lado, y la eventual contratación alternativa de personal docente". Esto debido a que según la mandataria provincial, "el resultado sería un agravamiento del conflicto", razón por la cual "descartó de plano su puesta en marcha".
