os vocales del Tribunal de Cuentas aseguraron que la demora registrada en la cancelación de la Letras de Tesorería entregadas a los contratistas de obras de infraestructura escolar no puede ser imputada al órgano de control.
Durante el encuentro mantenido ayer con legisladores y un grupo de tenedores de Letras que reclaman el pago de esa obligaciones, los doctores Claudio Ricciuti y Miguel Longhitano explicaron las actuaciones realizadas por el órgano a su cargo en cuanto al análisis de los expedientes y relevamiento sobre la real contraprestación de las contrataciones, a la vez que precisaron que "esos expedientes son un desastre".
Indicaron que de los 500 expedientes intervenidos se detectó perjuicio fiscal en 14 de ellos, por un monto global cercano a los 500 mil pesos.
Precisaron que en la actualidad están en poder del Tribunal unos 70 expedientes, y que los restantes fueron devueltos al Gobierno, a solicitud de éste y luego de que se les informara que el Poder Ejecutivo se encargaría de certificar la efectiva realización de las obras y la racionabilidad de los precios de las mismas.
Los vocales dejaron en claro que no es función del órgano resolver "a quién se le paga y a quién no, ya que se limita a controlar si las actuaciones administrativas cumplieron con las normas establecidas para las contrataciones", y porque "la disposición del pago es una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo".
Se indicó además que las observaciones que puedan formularse sobre la tramitación de un expediente no son impedimento para la cancelación de las obligaciones emergentes de la contratación en cuestión, ya que mencionaron que el Gobierno pagó expedientes sobre los que pesaban observaciones, aún antes de haber contestado aquellas.
Ante este señalamiento, los contratistas sostuvieron que en la última reunión mantenida con el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, éste les manifestó que el inconveniente para hacer efectivos los pagos reclamados estaba dado en que el Tribunal de Cuentas no los autorizaba.
Este planteo llevó al doctor Ricciuti a señalar que se podía estar ante "una intención" del Gobierno "por subrogar en el Tribunal sus responsabilidades", por lo que reiteró que el órgano de control limita su actuación a la "verificación de la contraprestación y la racionabilidad del precio, y la decisión de pagar o no es del Gobierno".
Con el objeto de poner punto final a la controversia, se acordó que los miembros del Tribunal de Cuentas concurran nuevamente hoy a la Legislatura para mantener una reunión conjunta con legisladores y el Ministro de Economía.
