Gobierno cambio de decisión política

Por vía de excepción se dispuso el pago de los salarios públicos

09/04/2009
E
n una decisión de impredecibles consecuencias, la gobernadora Ríos resolvió durante la tarde noche de ayer revertir su inicial postura política y dictar un decreto por el que autorizó al secretario de Hacienda a firmar los libramiento de pago necesarios para acreditar en el Banco de la Provincia los sueldos de la Administración Central y disponer la transferencias de fondos a Legislatura, Justicia, órganos de control y organismos descentralizados para que estos también puedan proceder a cancelar sus obligaciones salariales. Además, dictó otro decreto mediante el que separó del cargo a 8 agentes de planta que ocupaban direcciones, direcciones generales y jefatura de departamento en las carteras de Economía y Secretaría General, luego de que se negaran a rubricas los expedientes pendientes de tramitación, y en el entendimiento que fueron n esos sectores los que se causaron el mayor perjuicio al normal funcionamiento del Estado.
Durante el mediodía de ayer, la mandataria junto a los ministros de Economía y Gobierno habían brindado una conferencia de prensa en la que habían cuestionado con dureza la conducta asumida por el personal de planta que había paralizado el procedimiento administrativo de giro de fondos a los Poderes y otros organismo estatales, pero no así aquellos referidos al pago de loa haberes de la administración central.
Tras reconocer que la postergación del pago de los salarios del personal dependiente de la Administración Central había respondido a una decisión suya de estricto orden político, precisó que la medida de fuerza incluso había paralizado el trámite de pago de pensiones y programas sociales, y que para salvar esa situación se había recurrido a una vía de excepción  para autorizar al Secretario de Hacienda a "liberar el pago de pensiones y REDSOL porque los Directores se habían negado a firmarlos". Por ese entonces, el mediodía de ayer, aseguró que ese procedimiento excepcional resultaba inviable "en lo que tiene que ver con los demás Poderes, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, INFUETUR y Vialidad,  porque no están hechos lo expedientes, y la excepción que tendríamos que hacer es que los funcionarios políticos sean los que caratulen, registren y vayan por las distintas áreas de Gobierno haciendo el recorrido que tiene que hacer un expediente", por lo que se estaba ante una situación "más grave que una firma" por cuanto se trataba de la paralización del sistema administrativo para el cobro de salarios, solo levantado para el cobro de salarios propios".
Esta afirmación se vio revertida horas después por propia decisión de la Gobernadora, con la firma del decreto 712/09.
A pesar de lo sostenido por la Contadora General y el Subcontador General de Gobierno en la nota que remitieran el martes al ministro de Economía, en la que afirmaban que "no corresponde pretender que la Contadora General o el Subcontador General realicen todo el trámite de reserva de crédito, compromiso, devengado, emisión de orden de pago y firma" de los expedientes de transferencia "como si se tratara de una situación de emergencia, por cuanto la única situación de emergencia que reconocemos y en la que estamos dispuestos a no cumplir todos los procedimientos que hacen a la seguridad del manejo de disposición de fondos presupuestarios y financieros es en una situación que haga a cuestiones de salud de la población o de real emergencia", el dictado del decreto antes mencionado dejó al desnudo también que los funcionarios políticos estaban en condiciones de realizar toda la tramitación de los expedientes de pago de salarios y transferencias de recursos a los demás poderes y organismos estatales, lo que demostró que esta misma medida podría haber sido dispuesta el lunes o martes de esta semana, para cumplir así con el cronograma de cancelación de los haberes oportunamente informado por el Poder Ejecutivo.
Lo vivido durante la jornada de ayer parece dejar sentado que el Gobierno no pudo, no supo o no quiso mantener firme su decisión política inicial, lo que seguramente será leído por los gremios estatales como un signo de debilidad de la gestión Ríos.
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