orpresa y profundo malestar generó en el Parlamento la inconsulta decisión del Poder Ejecutivo de ordenar al BTF que retirara de la cuenta bancaria del Poder Legislativo 820 mil pesos que había depositado el lunes de esta semana, argumentando que en realidad esos fondos debían haberse transferido al Poder Judicial y no al Parlamento.
Esta poco clara maniobra bancaria fue detectada durante la mañana de ayer por el Tesorero de la Legislatura, quien de inmediato puso en conocimiento de la novedad a las autoridades del Parlamento.
Raúl Salinas, secretario general del gremio legislativo, señaló que la determinación adoptada por el Gobierno frustró la posibilidad de que los empleados de ese poder pudieran percibir antes del 19 la totalidad de sus haberes, ya que esos fondos iban a ser destinados a tal fin.
"Ese dinero alcanzaba para pagar la totalidad de los salarios de la planta permanente, y restaba contar con otros cerca de 400 mil pesos para cumplir con el pago de las remuneraciones de la planta política y funcionarios", señaló el dirigente sindical. Salinas aseguró que el vicepresidente 1º del cuerpo, Manuel Raimbault, les había anticipado su voluntad de afectar la totalidad de ese depósito a cumplir con las obligaciones salariales pendientes con el personal de planta permanente, pero que esta determinación no contó con el aval de legisladores de la oposición, que " pretendían que ese dinero se distribuyera entre la planta permanente, planta política y funcionarios". Mientras se resolvía el criterio adoptar se anoticiaron que esos 820 mil pesos se habían esfumado, sin conocimiento no consentimiento de autoridad legislativa alguna.
Precisó que ante esta situación, los agentes responsables del manejo bancario de los fondos legislativos deberán realizar "un informe para deslindar toda responsabilidad" en el irregular movimiento bancario detectado, para que "las autoridades resuelvan los pasos que crean convenientes dar".
Reconoció que además de la sorpresa, el retiro de ese depósito causó malestar entre los empleados legislativos, por lo que desde el gremio se resolvió, además de continuar con la retención de tareas dispuesta a inicios de semana, declararse en estado permanente de alerta y movilización.
A pesar de ello, Salinas dijo que los empleados legislativos no impedirían la realización de la sesión ordinaria prevista para este jueves, salvo que se "pretenda tratar algún proyecto que vaya en perjuicio de los empleados públicos, pero si no, no habría problema en que se concrete la sesión", afirmó.
