Campaña de firmas contra venta directa de gas de regalías

A pesar de la oposición popular, López apoya el acuerdo con los chinos

16/09/2009
El legislador oficialista Osvaldo López precisó que la sentencia de la Cámara de Apelaciones que determinó que en Tierra del Fuego debe aplicarse con carácter supletorio la ley nacional de iniciativa es de obligatorio cumplimiento para el Poder Legislativo, hasta tanto éste proceda a reglamentar el artículo 207 de la Constitución provincial.
Por tal razón, señaló que si el proyecto que busca que el Parlamento rechace la prórroga a la fecha de pago de la primera cuota de la compra directa de gas de regalías por parte de Tierra del Fuego Energía y Química y se dé por resuelto el contrato firmado entre la Gobernadora y la empresa, es presentado bajo esa forma (la de iniciativa popular) "según la sentencia, hay que darle tratamiento" preferencial, tal lo determina la carta magna fueguina, ya que la misma no fue recurrida por el Parlamento "por lo que está firme".  
Adelantó que en caso de que una propuesta de ese tipo, sea impulsada por un Legislador o por iniciativa popular, llegue para su tratamiento al recinto de sesiones, él va a "sostener la ley 774 –que habilitó la venta directa de gas de regalías–, ya que no comparto la opinión de quienes sostienen que el negocio no es conveniente para la Provincia". Es decir, votará en contra de toda iniciativa tendiente a considerar resuelto el contrato, más allá la opinión que sobre el particular puedan manifestar voluntaria y de manera masiva los habitante de la provincia.
Defendió esta posición argumentando que "siempre sostuvimos y estuvimos de acuerdo con sostener que esta iniciativa es muy importante para la Provincia porque tiene que ver no sólo con obtener un mejor precio de lo que se percibe en concepto de regalías, sino porque permite generar industrialización en nuestra provincia. Entonces es un negocio que, más allá de las opiniones diferentes que existen sobre el tema, es sumamente favorable a los intereses de la provincia", aseguró, pesar de las diversas objeciones que sobre el particular han planteado los órganos de control.
La opinión del legislador  López sobre la cuestión la vigencia del fallo de la Cámara de Apelaciones adquiere particular relevancia, ya que en 2006 actuó como abogado patrocinante de la medida cautelar que un grupo de militantes de la CTA presentó ante la Justicia, para lograr que la Legislatura reglamentara el régimen de iniciativa popular previsto en la Constitución provincial.
Precisó que tanto para el caso en cuestión, como para cualquier otro, el fallo dictado en marzo de 2008 resulta de obligatorio cumplimiento para la Legislatura, con lo que se evitaría así la necesidad de que este tipo de iniciativas ciudadanas deban ser tomadas "como propias por un Legislador para habilitar su tratamiento legislativo. Claro que siempre y cuando esas presentaciones  "presenten como iniciativa popular y no sean simplemente un petitorio acompañado de firmas", precisó en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia.
De más está decir que ni siquiera la presentación de un proyecto de ley por iniciativa popular garantizaría un rápido tratamiento legislativo, ya que el artículo 81 de Reglamento de Cámara indica que una vez presentadas éstas pasarán "sin más trámite a la  Comisión que corresponda", y a partir de ese momento, como el propio López reconoció, "se le dará tratamiento como a cualquier otro proyecto de ley, que en su momento se debatirá; se modificará en comisión o no; se emitirá dictamen en los tiempos de las comisiones, se someterá a sesión y se votará en forma afirmativa o negativa". Ello a pesar de que al debatirse este instituto en la Convención Constituyente, el convencional Luís Augsburger sostuvo que lo que se buscaba es que los proyecto de ley presentados por iniciativa popular tuvieran un tratamiento más veloz "que el resto de las leyes que se puedan presentar mediante le procedimiento normal de sanción y promulgación de las leyes".

Más de 11 mil firmas

La campaña de recolección de firmas contra la prórroga del contrato de venta directa de gas de regalías ya cosechó la adhesión de más de 11 fueguinos. La cantidad de firmas ya recolectadas equivale a un 38% del total de votos positivos emitidos para el estamento legislativo en 2007. Iguala casi la cantidad de votos que obtuvo el ARI en ese estamento, que le permitió conseguir 6 de las 15 bancas en disputa y convertirse en la primera minoría parlamentaria; y supera con amplitud los 7600 votos del Frente para la Victoria, los 5500 del MPF y los 4500 de la UCR.
Desde el Partido Federal Fueguino, uno de los sectores que impulsa esta campaña, se anticipó que la intención es presentar el proyecto en cuestión como iniciativa popular, pero en los términos previstos por el artículo 207 de la Constitución Provincial y no de la ley nacional 24.747.
"En todo caso serán los legisladores los que resuelvan cómo tramitará este proyecto y quienes deban darle explicaciones al pueblo por la decisión que adopten", precisó la fuente consultada.

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