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laudia Castelluchio, Cecilia Colombres, Grisel Guerrero Gallardo, Natalia Lodes, Victoria Ojeda, Amalia Padín Goodall, Rocío Rubio
Alumnas cursantes de la asignatura Historia Americana de la carrera de Licenciatura en Turismo, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Ushuaia.

¿Cuánto sabemos de los impactos del turismo? Día a día escuchamos que el turismo trae desarrollo, ingreso de divisas, un amplio efecto multiplicador y enriquecimiento cultural para visitantes y residentes pero… ¿es posible que sólo genere prosperidad económica y bienestar en general en las comunidades receptoras?
Desde el imperativo de profundizar el conocimiento sobre la problemática del turismo en Tierra del Fuego y a la luz de los materiales teóricos y resultados de investigación analizados durante el presente ciclo académico, elaboramos algunas notas que pretenden estimular la reflexión sobre el rol del Estado en la actividad turística.
Nuestro interés por abordar el tema se generó en la necesidad de comprender las evidentes contradicciones entre los enunciados del discurso de los expertos en turismo vinculados a los sectores político y empresarial –discurso construido en gran medida sobre las premisas del modelo de desarrollo sustentable– y los planes y acciones efectivamente implementadas desde la gestión estatal que definen la orientación de las políticas turísticas en las últimas décadas.
El modo en que se configura la actividad turística y el carácter de las intervenciones del Estado en el sector nos llevan a preguntarnos sobre la contribución de las políticas públicas al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades receptoras. La duda resulta inevitable frente al desdibujamiento de los poderes y las funciones del Estado en esta área de gestión, el fuerte sesgo sectorial de las políticas turísticas, la insuficiente atención a los impactos sociales y ambientales del crecimiento turístico y la compleja imbricación entre los negocios privados y el sector público.
Como señalan Ayala et al (2008), la legislación turística, los planes de desarrollo turístico y las propuestas de gestión no han contemplado hasta el presente la cuestión de la redistribución y la asignación de recursos generados por el turismo a políticas sociales, culturales y ambientales.
El Estado mantiene el énfasis en "alentar la actividad económica del turismo" (Van Aert 2009) a través del financiamiento del marketing turístico.
Las políticas públicas deben alentar el desarrollo de la actividad económica y el turismo es un importante dinamizador en tanto la oferta está formada, como señala Muñoz de Escalona (2004), por un conjunto heterogéneo de actividades productivas, comprendiendo ramas total o parcialmente turísticas.
Sin embargo, el Estado no puede poner su aparato y recursos al servicio del negocio turístico, financiando su operatoria comercial, "interviniendo como un actor económico que asume elevados costos y en algunos casos todos los riesgos de los operativos de promoción turística, sin disponer de los beneficios" (Ayala et al 2008) .
En los destinos turísticos consolidados –Ushuaia lo es y así lo reconoce el Plan Federal de Turismo– el sector privado local cuenta con las herramientas técnicas y económicas para asumir una mayor participación en la promoción de sus productos. Los recursos del Estado deberían destinarse al desarrollo de proyectos turísticos que contemplen, además del fortalecimiento del sector empresarial, las esferas social y ambiental de la sustentabilidad.
El impacto social directo en la comunidad local debería ser el criterio general y omnipresente de toda acción financiada por el Estado.
El Estado debe cumplir sus funciones específicas en todas las áreas de gestión y en la del turismo estas son:
 La regulación legal –económica, social y ambiental– y la fiscalización no sólo de la calidad de las prestaciones y servicios turísticos sino también del cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales.
 La implementación de políticas tendientes a aumentar el nivel de vida general, moderando la concentración de los beneficios económicos en el sector y asegurando una distribución de los mismos que posibilite satisfacer las necesidades de la comunidad en el presente sin comprometer las condiciones y recursos del futuro.
 La implementación de políticas tendientes a estimular la producción y la generación de empleo, asegurar el acceso de la población local a los bienes y servicios generados por el turismo, conservar el patrimonio natural y cultural y fortalecer la conciencia cívica y ambiental comunitaria.
 La promoción y el financiamiento de investigaciones sobre la realidad socio–económica y la problemática del turismo para la elaboración de diagnósticos fidedignos y el diseño de políticas compatibles con las necesidades locales.
 La planificación como herramienta para asegurar el uso sustentable de los recursos y una asignación de los beneficios económicos orientada a reducir los niveles de desigualdad.
Aún cuando su alcance y efectividad resulta incierta en virtud de las incompatibilidades entre la lógica del campo técnico y la del campo político, la importancia de la planificación radica en la racionalidad que simboliza (Oszlak 1980) y en la posibilidad de diseñar escenarios futuros deseables que definan la orientación de las políticas públicas.
Los planificadores no pueden desconocer el devenir de otros destinos turísticos en los que la "retirada del Estado" –esto es, el incumplimiento de sus funciones y deberes– y la alianza entre los gobiernos con los empresarios locales y las empresas transnacionales favoreció un "modelo de explotación intensiva de la tierra y el paisaje, los bienes naturales y las comunidades" y en los que "los éxitos macroeconómicos no se corresponden con una mejor calidad de vida para la sociedad local". (Buades y Blázquez 2009)
Tampoco pueden ignorar los responsables de la gestión pública los resultados de los estudios que cuestionan el efecto multiplicador del turismo, premisa utilizada para justificar las políticas de subsidio al sector empresarial en los últimos años. Las evidencias que ofrecen las investigaciones de casos concretos resultan demasiado contradictorias como para seguir apelando a este supuesto.
En una sociedad en la que se incrementan las desigualdades y la fragmentación, en la que vastos sectores no pueden acceder a una vivienda digna y viven en asentamientos miserables, en la que ni el Estado ni los empresarios demuestran preocupación por asumir sus obligaciones sociales y en la que no se prioriza el conocimiento y la investigación, hablar de desarrollo sustentable y de otras futilidades sólo indica desconocimiento cuando no encubrimiento (Cammarata 2008).
Consideramos que la posibilidad de generar condiciones para un desarrollo sustentable del turismo depende de la articulación de un conjunto de factores desde tres ámbitos:
 desde la comunidad, la activa participación de los actores directa e indirectamente vinculados al sector en la definición de alternativas que respondan a sus necesidades (autodeterminación);
 desde el sector turístico, el compromiso de los empresarios de ampliar su participación en el financiamiento de la promoción de sus productos y de asumir sus obligaciones sociales, reinvirtiendo una parte de los beneficios en proyectos de interés comunitario;
 desde la gestión pública, la determinación y capacidad de efectivizar en el cumplimiento de los deberes y funciones del Estado los principios que se proclaman en el discurso político de la sustentabilidad.
Desde este último ámbito, y sintetizando lo expuesto anteriormente, consideramos que las acciones generadas desde el Estado deben orientarse en todas las áreas de gestión y particularmente en la del turismo al mejoramiento del nivel de vida general y de la calidad de vida de la población:

- moderando la concentración de los recursos económicos en las ramas productivas total y parcialmente turísticas,
- estimulando la producción y asegurando condiciones de empleo digno,
- promoviendo el conocimiento de los impactos sociales y ambientales de la actividad,
- implementando políticas que contribuyan a la construcción comunitaria, favoreciendo la apropiación de contenidos socialmente significativos y la legitimación de los bienes patrimoniales comunes.

En definitiva, una política orientada hacia la sustentabilidad social requiere reconocer que el crecimiento económico y la abundancia que comporta son un medio, no un fin. Como bien señala Hobsbawm (2009), el fin son los efectos que tiene sobre las vidas, las posibilidades vitales y las expectativas de las personas.
Desde nuestro compromiso como estudiantes universitarias y profesionales en turismo, compartimos la síntesis de un itinerario de lecturas y de intercambios que favorecieron la búsqueda de visiones críticas, o mejor, menos ingenuas de la realidad de nuestra provincia como destino turístico.

Bibliografía citada
AYALA, Adrián; COLOMBRES, Cecilia, PROST KONRAD, Matías; YANZI, Teresa, 2008. "Sobre la necesidad de reconceptualizar el desarrollo y la actividad turística desde una perspectiva social. Una aproximación al caso de Tierra del Fuego", Ushuaia, en el diario del Fin del Mundo, Ushuaia, 16 de enero de 2008
HOBSBAWM, Eric, 2009. "El socialismo fracasó; ahora, el capitalismo está en quiebra ¿Qué viene a continuación?", en The Guardian
CAMMARATA, Emilce B., 2008. "La valorización del espacio–lugar en el acontecer tuístico: perspectivas teóricas. Desafíos y controversias para su desarrollo", Conferencia del 23 de mayo de 2008, San Juan, CONDET
BUADES, Joan y Macià BLAZQUEZ, 2009. "El Imperio Turístico Balear, donde nunca se pone el sol", Entrevista por E. Cañada, Managua, marzo de 2009, en Alba Sud, Art. 2
MUÑOZ DE ESCALONA, Francisco, 2004. "El turismo como objeto de conocimiento ¿Practicismo o academicismo?", en Contribuciones a la Economía
OSZLAK, Oscar, 1980. Políticas públicas y regímenes políticos: reflexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas, Documento de Estudios CEDES, Vol. 3, Nº 2, Buenos Aires
VAN AERT, Peter, 2009. Diagnóstico social. La sustentabilidad social del turismo fueguino. Informe de consultaría, Ushuaia, INFUETUR