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or Daniel Guzmán

Las fundamentaciones por escrito que presentó en soledad la gobernadora Fabiana Ríos el 22 diciembre a la ANSES, planteando un cuadro de situación de la Provincia y sus consecuencias sobre el IPAUSS, elude mencionar las responsabilidades que el Gobierno tiene sobre el estado financiero del Instituto, que ella misma define como "serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones".
El documento oficial no es otra cosa que un compendio de datos aislados, subjetivos e inexactos, que no permite conocer con precisión –ni a esa Administración Nacional, ni al lector–, la magnitud de los problemas financieros que posee la Caja provincial.
A favor de Ríos queda la duda de que haya sido ella quien estuvo en la redacción de la solicitud formal "de asistencia financiera en materia previsional", por un monto de 50 millones "en virtud de un déficit financiero (del IPAUSS) para el ejercicio 2010", toda vez que la Gobernadora al igual que el hoy Senador Nacional José Carlos Martínez, antes y durante su paso por la Legislatura Provincial, efectuaban descripciones pormenorizadas sobre el proceso histórico de la toma de fondos de las diferentes gestiones gubernamentales a la Caja, desde la época en que esta existía como Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS).
Por lo que más allá de que su firma exista al pie de la nota, podría ser que su autoría haya provenido del Ministerio de Economía y Hacienda, dado que esta cartera es la que se menciona, como nexo de contacto con los responsables de la ANSES en materia de gestión de esos fondos.
La descripción del estado financiero del IPAUSS olvida reflejar el proceso de endeudamiento durante la década de los 90 y solo hace mención a la falta de reservas debido a que en el año 2000, los ahorros de los trabajadores se utilizaron para sanear al Banco de Tierra del Fuego (se tomaron 208 millones de dólares – la información es de el diario del Fin del Mundo, no de Gobierno), nada se dice de la deuda de los organismos, ni de la propia por 250 millones de pesos, que fue acumulando entre 2008 y 2009, como tampoco de los problemas financieros que ella misma vivió y vive para hacer frente a las obligaciones previsionales y asistenciales en estos dos años.
Sin embargo, más allá de las consideración conceptuales que se puedan hacer sobre el contenido de solicitud de financiamiento, de los fundamentos que Ríos expone entre varios; dos de ellos son significativos, de los cuales a ojos vista, solo hizo mención, pero no abordó ni formuló un tratamiento especial, ni en el IPAUSS, ni en el Gobierno Nacional y en última instancia en el Congreso Argentino. Lugares estos que bien podrían ser el punto de partida para obtener una asistencia sin necesidad de "armonizar" la Caja y por el otro, atender las circunstancias especiales del proceso migratorio que tiene la provincia tras convertirse "en un centro de recepción de importantes sectores de la población provenientes de ciudades y localidades de otras jurisdicciones", como ella acepta como aspectos decisorios.

"Agudiza el absurdo"

En el primer caso, bien vale la expresión de la Gobernadora que "agudiza el absurdo" que Tierra del Fuego haya aportado al sistema nacional durante 17 años un 15% de su coparticipación de impuestos, sin recibir de Nación la cuota parte de los fondos que sí recibieron el resto de las provincias, para financiar los déficits previsionales.
En el informe, se asegura que ese 15% de aportes anuales efectuado al sistema nacional en materia de Contribuciones a la Seguridad Nacional desde 1992 hasta 2008, y sobre el cual la provincia nunca recibió un solo centavo, ha significado la transferencia a la ANSES, de 456,3 millones de pesos. Por lo que también es absurdo que sabiendo y describiendo tal situación, el planteo sobre la necesidad de financiamiento no haya estado centrado en ese hecho, y no en la recepción callada de un borrador de convenio del ente nacional y su envío escrito al directorio del IPAUSS, sin plantear un posicionamiento político que definiera el pensamiento gubernamental del proyecto de armonización que propuso el Director Ejecutivo de la Administración Nacional como respuesta a su pedido.

Destinatario equivocado

La superficialidad en el tratamiento de las consecuencias que vive la provincia producto de la última ola migratoria, no le quita entidad al problema. El tema que se debate en el seno de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin y que tuvo su tratamiento y respuesta de la Legislatura Provincial, no podría ser tomado por la ANSES más que como un enunciado, ya que el organismo nacional no posee una función específica para resolver cuestiones en esa materia. Por lo que tomando los propios datos que Ríos expone en su nota del 22 de diciembre, fue el Congreso Nacional quien con el dictado de las leyes 24.073 y 24.443 (modificada esta última por Ley 24.986) quien resolvió los problemas del conurbano bonaerense y los producidos al poco tiempo también, en Rosario y Santa Fe.
Con mejor orientación respecto al lugar donde se puede obtener resultados, uno de los proyectos que se comprometió presentar la diputada nacional Liliana "Chispita" Fadul en la Cámara Baja está encaminado a impulsar una Ley que de vida a un Fondo Compensador Migratorio para que el desarrollo poblacional de Tierra del Fuego, que atienda y destine recursos en materia de planificación urbana e inversión en infraestructura, a través de aportes nacionales específicos.
Pese a las aceitadas relaciones entre la gestión fueguina del ARI con el kirchnerismo nacional tanto en Presidencia como en el Congreso, ninguna acción se ha realizado –al menos de conocimiento público–, para resolver estas dos problemáticas que Fabiana Ríos le relató a la ANSES como elementos que influyeron a profundizar la crisis financiera del IPAUSS.