El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia condenó ayer al ex subsecretario de Obras Públicas, Jorge Armando Domínguez, quien en 2005 solicitó anticipos con cargo a rendir por 1.130.000 pesos y cuya rendición de gastos no la efectuó nunca. Para los jueces Roberto Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, dicha acción constituyó el delito de peculado (sustracción de fondos públicos) y decidieron condenaron, además de otros delitos, a la pena de 5 años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Además Domínguez estaba siendo juzgado por haber adjudicado a una obra a una empresa consistente en la pintura interior del Colegio Polivalente de Artes de Ushuaia. Si bien el trabajo se hizo, el fiscal Mayor, Guillermo Mássimi le cuestionaba la confección de un expediente posterior a la conclusión de los trabajos para justificar dicha adjudicación. Sobre este punto se le imputaba la violación de los deberes de funcionario público, por no haber actuado de acuerdo a la ley provincial 141 de procedimientos administrativos, y también, lo acusaba de falsificación de documento público.
Justamente por el delito de falsificación también estaban imputados José Armando Nahuelquín (ex - Director de Obras Públicas durante parte del Gobierno de Colazo) y Héctor Antonio Mansilla, apoderado de la empresa MAVAL que realizó los trabajos en el Polivalente. Los jueces también condenaron a los mencionados.
Nahuelquín fue condenado a la pena de 1 años y tres meses de prisión en suspenso al considerarlo coautor del delito de falsedad ideológica de instrumento público. Por su parte Mansilla fue condenado como partícipe primario por el mismo delito y por el mismo monto de pena. No obstante y debido a que poseía una condena anterior se le unificó un castigo de 3 años de prisión en suspenso.
Antecedente DomínguezSegún consta en la causa, el 7 de enero de 2005 se le otorgó a Domínguez un anticipo por 400 mil pesos en el marco del expediente 116/05 destinado a afrontar gastos de refacciones, reparaciones y mantenimiento de los distintos establecimientos educativos situados en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
El 2 de febrero de ese mismo año, mediante resolución de la Secretaría de Hacienda N° 057/05, se le otorgó al subsecretario de Obras Públicas un anticipo por 130 mil pesos para afrontar nuevamente distintas necesidades de refacciones y reparaciones para edificios públicos educacionales. Bajo el argumento de que los fondos resultaban insuficientes, Domínguez percibió, mediante resolución 198/05 del Palacio de Hacienda, una ampliación de 150 mil pesos más.
Al mes siguiente, más precisamente el 8 de marzo de 2005, la Secretaría de Hacienda concedió mediante resolución 146/05 un anticipo por 300 mil pesos a Domínguez para gastos que demandaran los edificios –nuevamente de educación–, aunque en esta oportunidad también se mencionaban remodelaciones y reparaciones en edificios dependientes de las áreas de Seguridad y Salud. Otra vez, bajo el argumento de que el monto resultaba insuficiente el 18 de marzo del mismo año se le concedió una ampliación del anticipo por 150 mil pesos.
El dinero otorgado a Domínguez fue de 1.130.000 pesos, supuestamente para refacciones edilicias en distintas dependencias de Estado, aunque principalmente en los establecimientos educativos de la provincia.
Ante esta serie de irregularidades el secretario Legal y Técnico de la gestión de Cóccaro, el doctor Miguel Longhitano, denunció durante el 2006 estas anomalías, que en definitiva determinaron un requerimiento de investigación por parte del fiscal Mayor, Guillermo Mássimi y de la jueza María Cristina Barrionuevo que culminaron este martes con la condena del ex funcionario.
Además de la prisión Domínguez fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de manera perpetua mientras que Nahuelquín también fue inhabilitado de manera absoluta.
Cabe señalar que la condena impuesta sobre Domínguez y su detención tras el juicio, implicó la segunda detención de un funcionario del destituido gobernador Jorge Colazo. El 3 de junio del año pasado el mismo Tribunal había condenado al secretario de Obras Públicas durante la gestión colacista, Pedro Manuel Bernal, tras haber considerado probado que utilizó alrededor de 80 mil pesos de anticipos con cargo a rendir que debían ser utilizados en ayuda social, para su propio provecho.
