El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia juzgará desde el próximo jueves 29 de abril a dos ex funcionarios del área de Economía durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti, acusados de malversación de caudales públicos.
Se trata del ex secretario de Hacienda, José Merlino, y del ex contador General, Félix Donamaría, a quienes se les imputa haber autorizado el pago por anticipado de 60 mil peso a un contratista, por una obra pública en Tolhuin que nunca se terminó en su totalidad.
Los dos ex funcionarios ya cuentan en su haber con una condena anterior de prisión en suspenso e inhabilitación dictada el año pasado por el Juzgado Correccional de la misma ciudad.
Según la acusación promovida por el Fiscal Mayor Guillermo Massimi, ambos contadores "abusaron de sus funciones en beneficio de un tercero, a quien se le abonó anticipadamente, en exceso y al margen de la vía administrativa correspondiente, la suma de 60 mil pesos por una obra pública no ejecutada".
La obra en cuestión fue la construcción del acceso principal al Centro de Salud de Tolhuin, adjudicada a la empresa "JD Construcciones SA", perteneciente a Juan Domingo Demasi.
De acuerdo a las constancias que obran en el caso, el expediente administrativo para llevar a cabo los trabajos comenzó en el Ministerio de Obras Públicas en marzo de 2003, y el 16 de octubre de ese año, una resolución del Ministerio de Economía adjudicó la obra a la empresa por un monto de $59.323, 70.
Sin embargo, Merlino habría solicitado pagos a cuenta del expediente el 2 y el 9 de octubre del mismo año (o sea antes de la adjudicación) y el 24 de octubre, cuando todavía ni siquiera se había suscripto un contrato con JD.
Por su parte Donamaría habría ordenado los cuatro pagos (dos de 20 mil pesos –uno en Lecop– y dos de 10 mil) en su carácter de contador General con fechas, 2, 9, 10 y 24 de octubre.
En octubre de 2003, Manfredotti ya había perdido las elecciones y la provincia atravesaba el período de transición entre su mandato y el de Jorge Colazo, quien se había impuesto en los comicios de junio.
La famosa "JD"Demasi, el dueño de JD Construcciones, fue indagado en la causa y declaró que comenzó a comprar los materiales para la obra en noviembre de 2003, cuando ya había cobrado todo el dinero, pero que después se produjo un desfasaje en los precios e intentó hablar con las autoridades para acordar una renegociación. También dijo que comenzó a ejecutar los trabajos recién en febrero de 2005, aún sin haber suscripto nunca un contrato.
Sobre el depósito del dinero en su cuenta bancaria, explicó que nadie del Gobierno le informó cuál era el origen de esos fondos. Y sobre su relación con los funcionarios, admitió que conocía a Merlino de "alguna actividad partidaria del PJ".
"Evidentemente, la posición de fortaleza que asumió Demasi, en el sentido de ejecutar tardíamente, sin apuros, en forma parcial y pretendiendo mayores costos, tuvo como origen el ilegal pago anticipado del total de la obra (en rigor de un monto superior) dispuesto por los imputados Merlino y Donamaría", sostiene la Fiscalía en la acusación.
Los hechos fueron calificados como presunto peculado, en virtud de la utilización de dinero público pagado a una empresa sin atenerse a las reglas administrativas y produciendo, en este caso, un perjuicio patrimonial al no haberse ejecutado la obra en un plazo razonable ni en su totalidad.
En tanto Demasi fue sobreseído porque no se hallaron elementos que permitieran "inferir su participación" en el presunto delito ni haber actuado en connivencia con los ex funcionarios, afirmó el fiscal.
Condenas anterioresTanto Merlino como Donamaría fueron condenados en octubre de 2009 por el caso del pago de sobresueldos a 50 empleados del Ministerio de Economía, también durante la gestión Manfredotti.
El ex secretario de Hacienda recibió una condena de un año y dos meses de prisión en suspenso y de dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que el ex contador General fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación por el delito de violación de los deberes de funcionario público.
