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l abogado vinculado a la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Provincia, Matías García Sarlenga, presentó en los últimos días una denuncia penal contra los propietarios del Aserradero Bronzovich ubicado en la zona del Lago Escondido, por el presunto bloqueo de los accesos a las lagunas Santa Laura y San Ricardo, situadas cerca de allí. La presentación expuso que aunque se trata de espejos de agua de acceso público, los caminos de ingreso se encontrarían cerrados con tranqueras.
Una fuente ligada al caso explicó a EDFM que las autoridades de Recursos Naturales y los representantes de la empresa habían llegado a un acuerdo para habilitar los accesos con los controles debidos (sobre todo en la temporada de pesca) pero que después ese compromiso se rompió, lo que dio origen a que se labraran actuaciones administrativas y se realizaran inspecciones en el lugar.
Al parecer los propietarios del aserradero aducen su condición de antiguos pobladores y de ocupantes de esos predios desde hace muchos años, aunque aún no contarían con la adjudicación definitiva por parte del área de tierras fiscales del Gobierno. Las inspecciones también corroboraron que a orillas de las lagunas se realizaron una serie de construcciones en madera, agregó la fuente. En tanto, en el ámbito judicial trascendió que la denuncia fue radicada por el abogado García Sarlenga a título personal, y no en representación del Estado.
La exposición dio origen a la causa judicial número 25181 que tramita ante el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación a cargo del juez Javier de Gamas Soler. De Gamas recibió el expediente el pasado 3 de mayo, luego de que la fiscal interviniente, Marcela Bragulat, elevó un requerimiento de instrucción solicitando una serie de medidas probatorias, algunas de las cuales se encuentran en proceso de ejecución.
Según fuentes judiciales, el caso se encuentra en una etapa "muy preliminar" por lo que resta aguardar el resultado de las evidencias requeridas antes de que el magistrado resuelva si existen elementos para indagar o no a alguno de los denunciados.

Caso de la cesión de tierras municipales Indagarán a Fontenla y Lorenzo La jueza penal María Cristina Barrionuevo decidió finalmente llamar a prestar declaración indagatoria el 2 y 3 de junio a la ex titular del Programa de Fiscalización y Contralor Urbano de la Municipalidad, Marcela Fontenla y al ex escribano municipal José Lorenzo, denunciados por el Municipio a raíz de su actuación en los expedientes de cesión de tierras fiscales a la empresa Rectificadores Fueguinos SA. Con ello, la jueza motoriza un caso que si bien tuvo requerimiento de instrucción por parte del Fiscal Mayor Guillermo Massimi, se dudaba si iba a prosperar por contener aspectos ajenos al ámbito de investigación penal. Es que según las autoridades municipales, Fontenla y Lorenzo promovieron la firma de un acta con el empresario Carlos Raso, que le reconoce derechos sobre el predio donde actualmente funciona el Centro Cultural Esther Fadul, aún cuando el Municipio ya había dictado una decreto desadjudicando ese terreno. Los ex funcionarios sostienen que el intendente Federico Sciurano y sus colaboradores estaban al tanto de la negociación. La gran pregunta del expediente es si lo actuado constituye algún tipo de delito u obedece a decisiones políticas, que aunque contradictorias entre sí, resulten al margen de un análisis judicial. No obstante, si la jueza resolvió el llamado a indagatoria es porque tiene para sí algún tipo de sospecha sobre el accionar de los denunciados, especularon fuentes ligadas a la causa.

Causa por la donación trucha de un equipo informático Condenaron al secretario privado del ex vicegobernador Gallo El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia condenó el martes a Juan Carlos Gallo, secretario privado del ex vicegobernador provincial Daniel Gallo, a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública bajo la modalidad de estafa. El juicio estuvo relacionado con la donación que el 5 de diciembre de 2003, el ex vicegobernador autorizó mediante resolución número 529 de la presidencia de la Legislatura, a través de la cual se compró equipamiento informático y una cámara digital para ser destinados al Jardín de Infantes N°10 Chowen. Sin embargo, a pesar de que los aparatos se compraron a un valor de 5635 pesos, nunca llegaron a la institución educativa, y fueron secuestrados por la Justicia cuando se encontraban en poder de otros dos colaborares de la Legislatura. En su defensa, el ex secretario privado pretendió argumentar que los equipos habían sido donados a una asociación de la que formaban parte esos dos colaboradores, y que por error se había mencionado al Jardín de Infantes. Pero los empleados declararon en el juicio y admitieron que ese había sido un pedido de Juan Carlos Gallo para mejorar su situación en la causa. La denuncia había sido radicada por los ex legisladores del ARI Manuel Raimbault y José Martínez.