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or Guillermo Worman
Toda Consulta Popular es un hecho político por excelencia y tal es su potencia política que, junto a un puñado de otros temas, se ha instalado en la cima de la agenda pública local. En el plano provincial, el debate gira en torno al pedido de convocatoria para que la comunidad se exprese sobre la industrialización de hidrocarburos. Miles de firmas han sido compiladas y presentadas ante la Legislatura fueguina, mientras que, en Ushuaia, en estos momentos se cumple la mitad de las jornadas de la III Consulta municipal consecutiva.
Más allá de cualquier análisis, existe un logro a destacar: la comunidad no es indiferente al contrato de concesión más importante de los últimos años (30.000 adhesiones es una porción de la comunidad más que considerable) y el municipio cumple, al pie de la letra, lo dispuesto en la Ordenanza que estableció la periodicidad anual del mecanismo de participación.
La Consulta Popular es, según las definiciones técnicas, un mecanismo de participación colectiva organizada que tiene dos grandes objetivos: abrir y ampliar el espacio público-oficial de participación e impulsar el derecho de libertad de expresión. Sin embargo, como en años anteriores, hay una reacción verdaderamente compleja por parte de un amplio sector de la dirigencia en general. Sobrevuela en el ambiente la sensación que la herramienta en válida sólo para quien convoca. Estar en favor de la participación de la comunidad (no intentar manipular la voluntad general) implica intervenir en todos los ámbitos políticos, y no sólo en los propios; en aquellos en donde se produce algún tipo de rédito electoral. Otra manera de expresarlo es la siguiente: se puede utilizar una Consulta, por ejemplo, para forzar reelecciones indefinidas (se apuesta al resultado) o proyectar los mecanismos de participación como parte de un proceso integral de ampliación de la esfera pública (que más personas opinen y decidan sobre lo comunitario).
Como se ha visto, la Consulta Popular exige a las autoridades a rendir cuentas de sus propuestas, defender públicamente las decisiones y exponerse al proceso inquisitivo que implica la repregunta. ¿Por qué una obra y no otra? ¿Cómo se hará, qué impactos tiene, cuál es la necesidad? Todo este proceso de ida y vuelta entre representante y representados le hace muy bien al sistema y lo oxigena.
El jueves por la noche, finalizada la III Consulta Popular habrá un resultado excluyente, muy superior a los porcentuales en favor del SI o el NO. Se habrá concretado una nueva instancia de participación política y hay un argumento fuerte a favor de los mecanismos de expresión ciudadana: si la comunidad no se involucra, opina, cuestiona y se expresa, se limita a votar y delegar. Allí, penosamente, termina el sueño democrático.
Votar y delegar es parte del gran juego de la dirigencia que subestima la capacidad del electorado. Según este principio, el grupo de entendidos es quien tiene capacidad de comprender la dinámica del juego público y siente que se boicotea a sí mismo cuando impulsa la participación ampliada. Ese selecto grupo se cree en condiciones de juzgar la calidad de las propuestas. Sin embargo, a pesar de todo, la ciudadanía tiene una creciente e importante capacidad de comprensión crítica.
Además de las cualidades de la participación, los controles comunitarios, tal como se ve en el plano provincial, son una molestia para el sin sentido de no convocar a la misma herramienta que se desarrolla, sin problema alguno, a nivel municipal. La coptación del espacio público para opinar y tomar grandes decisión (los términos con la empresa TDFEyQ son sustantivos) es una arbitrariedad a todas luces. El mismo ciudadano de Ushuaia que goza del derecho de convocar – con un razonable y accesible porcentaje de adhesiones- a una Consulta Popular debiera tener el mismo derecho de provocar que las autoridades provinciales llamen a una consulta pública sobre una temática de gran interés. En este caso, la falta de reglamentación provincial priva del derecho de participar a los vecinos que quieren opinar sobre asuntos relacionados con las explotaciones de hidrocarburos (principal fuente de recursos para Tierra del Fuego).
En las próximas horas se cierra el espacio institucional para que los electores se expresen a favor o en contra de las dos propuestas que ha presentado el municipio. Tanto el voto negativo como el positivo tienen un inmenso valor para el proceso democrático de la ciudad. Sería muy saludable que la comunidad en general se pronuncie en la segunda jornada y que, de esta manera, se contribuya al proceso de toma de decisiones sobre temas que hacen al desarrollo futuro de la ciudad.
Si es válida la Consulta Popular provincial, la misma importancia tiene el mismo mecanismo a nivel municipal. Por lo tanto, en el peor de los casos, pasadas las 20 horas, sabremos qué clase de conducta cívica tiene nuestra comunidad y gran parte de su dirigencia. Es cuestión de horas.
