El directorio apunta a la modificación de la Ley 410

La asistencia del IPAUSS a los RUPE agrava las finanzas de la obra social

03/03/2011
L
a polémica instalada en el IPAUSS por el traspaso de la atención de los beneficiarios del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) al Estado provincial continúa. Es que se conoció en detalle el impacto económico que, actualmente, significa para el mega instituto la atención de unos 800 pensionados por el Gobierno que no contribuyen a la obra social estatal.
Según lo averiguado por EDFM, este grupo –que contempla ancianos, personas con discapacidades, ex combatientes, entre otros– requiere de un alto nivel derivación y que en generalmente es concedido por el Ministerio de Desarrollo Social, pese a que la cobertura es costeada por el propio IPAUSS. Se pudo comprobar, mediante documentación, que se han otorgado derivaciones de beneficiarios de RUPE a grupos familiares, que han llegado a demandar unos 22 mil pesos en un mes, solo en ayuda económica en carácter de viáticos.
La situación se vuelve insostenible, si se tiene en cuenta que el instituto por ahora está funcionando en base a un presupuesto reconducido, que limita un incremento solo del 10% sobre los valores del año pasado.
En tanto, se supo que la inversión anual de la obra social fueguina para este sector, es 5 millones de pesos por año; puesto que son beneficiarios que no realizan aportes específicos, e incluso, por su condición especial, en general son grandes demandantes de prestaciones médicas asistenciales de alto costo y con una cobertura de medicación del 100%.
Otro dato a tener en cuenta es que las cifras oficiales indican que del año 1992 al 2007 se habían adjudicado 384 pensiones RUPE, mientras que de 2008 a 2010 el número ascendió a 841.

Por la reforma

Cabe recordar que la Ley 389/97 –que fijaba en un principio el Régimen Único de Pensiones Especiales– establecía en su artículo 25 que la atención médica debía ser prestada por el mismo Gobierno a través de los hospitales públicos y asimismo en el caso que no fueran suficiente la complejidad de los nosocomios, la atención debía ser canalizada por el mismo sistema de derivación, que realiza acción social. Esta normativa, a fines de los 90, fue vetada y nuevamente insistida, a través de la ley 410. En dicha disposición la modificación incluyó el pase de la atención médica de los pensionados, a la obra social provincial, que luego debería facturar los servicios al Ministerio de Salud, dentro de los 30 días de realizadas las prácticas.
No obstante, este dinero históricamente nunca ha sido cobrado por el mega Instituto, haciendo casi omiso a la legislación vigente, lo que derivó en una deuda millonaria acumulada, de la que no hay precisiones sobre el monto total. El año pasado el Gobierno de la Provincia había anunciado, en el marco de su plan de desendeudamiento, que el IPAUSS iba a recibir unos 125 millones de pesos de los cuales 5 de estos recursos iban a destinarse a cancelar deudas que se arrastran desde el segundo mandato de Arturo Estabillo por la prestación asistencial que se brinda a los beneficiarios RUPE. Vale destacar que ante esta situación el directorio del IPAUSS ha tomado la decisión de consensuar e impulsar un proyecto que modifique la legislación vigente. La iniciativa cuenta con el dictamen de la comisión de presupuesto, por lo que se espera que pronto sea girada a la legislatura fueguina.

Etiquetas