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a asesora letrada de ATE, Graciela Gaita, hizo referencia a la medida cautelar presentada por el Fiscal de Estado, donde solicita que no se abone ningún tipo de honorario profesional que pudiera surgir de la causa RePAS, por la cual el Gobierno y ATE estarían en vísperas de firmar el acuerdo de pago si se remite el expediente desde la Fiscalía, sin objeciones.
En referencia a este tema, la doctora Gaita expresó que “no sé por qué le preocupan al Fiscal los honorarios, si no los planteamos. En realidad estamos viendo cómo se le puede pagar a la gente”, y agregó que “además no están regulados todavía nuestros honorarios, justamente por esta situación de desacuerdo del Fiscal”.
Asimismo, refirió que “todavía tenemos que definir lo de la sentencia y seguimos con la expectativa de firmar el acuerdo, si lo remita el Fiscal de Estado y esperamos que no sea una maniobra dilatoria”.
En este contexto, remarcó Gaita que el Fiscal está en perfecto conocimiento que estamos tramitando un acuerdo y como cualquier abogado que representa a alguien, él debería estar al tanto de lo que se firma, porque firmó conmigo el pedido de suspensión de los plazos. Entonces, debiera estar preocupado de que firma su representada con el sindicato, a lo mejor está preocupado por las dos cosas, pero lo importante es que devuelva el expediente para firmar el acuerdo. De lo contrario se vencerán los plazos y si no hay acuerdo firmado pediremos que siga adelante la ejecución de la sentencia.
Los argumentos del Fiscal de Estado
El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, realizó la presentación de una medida cautelar de no innovar para que el Superior Tribunal de Justicia le ordene al Gobierno abstenerse “de llevar adelante cualquier acto que implique abonar, reconocer, acordar, admitir o consentir” monto alguno en concepto de honorarios profesionales que pudieran haberse devengado en la causa que ATE inició contra el Estado Provincial por el no pago del RePAS.
Martínez de Sucre señaló que el 5 de noviembre del año pasado el ministro Guillermo Aramburu le envió una nota en la que le hizo saber la decisión del Gobierno de no interponer un recurso de casación.
Sin embargo, el Fiscal de Estado argumenta que “Más allá de su decisión política de dejarlo firme y abonar a los agentes públicos las diferencias reclamadas, en dicho expediente no existe regulación de honorarios practicada, con lo mal puede suscribirse un convenio que incluya un reconocimiento y pago de los mismos, máxime cuando tampoco el juicio en cuestión tiene valor pecuniario, habida cuenta que se trataba de una acción de protección de intereses colectivos, presentada sólo por el Secretario General de ATE”. |
