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l abogado y ex secretario Legal y Técnico Eduardo Olivero intimó al fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, para que rectifique la acusación que lo involucra respecto de una presunta maniobra entre funcionarios y ex funcionarios para cobrar de manera extrajudicial honorarios desproporcionados derivados del pago del adicional RePAS.
Olivero le remitió ayer una nota al Fiscal en la que le “imputa” al organismo de control “el intento deliberado de causarle un desprestigio público”, a la vez que le solicita que “en el plazo de tres días” aclare públicamente esta situación, bajo la posibilidad de inicio de “las acciones legales pertinentes”.
El letrado expone en el escrito que “en la actualidad no soy figura pública ni política, sino que me desempeño como ciudadano, abogado y académico”, por lo que “considero indignante y aberrante que la Fiscalía de Estado se preste a efectuar críticas políticas subjetivas e irracionales hacia mi persona, generando deliberadamente injustos estados de sospecha de comisión de hechos delictuales, sin preocupación por aportar el más mínimo fundamento objetivo”, se afirma en la nota enviada a Martínez de Sucre.
El abogado hace referencia a las notas publicadas en EDFM la semana pasada, donde se transcribió parte del contenido de las presentaciones realizadas por el Fiscal de Estado en relación con el pago del RePAS.
En una de ellas, el titular del organismo de control se refiere a que “resulta imposible soslayar las vinculaciones habidas entre los funcionarios del gobierno y el letrado que fuera el primer secretario Legal y Técnico de la gestión Ríos”, y recuerda que Olivero rubricó la primera demanda de ATE contra el Estado por el tema del pago del RePAS.
En ese contexto, Martínez de Sucre desliza un supuesto intento de acrecentar el monto a liquidar (incorporando empleados que no estarían sujetos a la sentencia que ordenó pagar la deuda) para que también crezca el pago de honorarios a los abogados que intervinieron en el expediente judicial.
Al respecto, Olivero insistió en que no peticionará honorarios en base a los límites legales previstos, sino con un criterio ético y buscando “el justo y proporcionado reconocimiento a la labor profesional desarrollada”, a la vez que calificó como “un agravio a la dignidad de la profesión” el pedido fiscal de que no se le reconozca ningún honorario a los letrados que intervinieron en la causa del RePAS.

“No tengo el deber de tolerar críticas irracionales”

“La Fiscalía de Estado ha involucrado al suscrito con lo que se considera una supuesta maniobra delictiva contra el Estado provincial”, sostiene Olivero en la nota remitida al órgano de control. Y agrega que para ello “no se ha invocado hecho o dato objetivo alguno, cumpliendo con el mínimo nivel de seriedad exigido para hacer semejante denuncia pública, a los fines de fundar la participación que se me atribuyera”.
Según el ex secretario Legal y Técnico, para acusarlo el fiscal se basó solamente “en actitudes prejuiciosas y en sospechas subjetivas plasmadas mediante un ejercicio impropio de la función institucional –objetiva, imparcial, racional– que debe ejercer el órgano de control en cuestión”.
Olivero acusa a Martínez de Sucre de someterlo a una “crítica política y no jurídica” lo que constituye “una abierta discriminación por haber integrado el gobierno actual o por haber colaborado oportunamente en diversas estrategias jurídicas (…) con otros actores respecto de los cuales el Fiscal de Estado con toda obviedad se encuentra enemistado”.
“No tengo el deber de tolerar tales críticas irracionales, propias de una absurda posición político–ideológica ni menos el de ser impuesto a tan injusto y arbitrario estado de sospecha pública, cuando hace tiempo que ya no desempeño la función pública y cuando no tengo –ni tuve– participaciones partidarias con las personas citadas”, insiste el escrito que ingresó ayer a la Fiscalía de Estado.

“Derechos humanos anémicos”

Olivero también señala que Martínez de Sucre “no ha sido tolerante a las críticas académicas” que le formuló el letrado en relación al sistema de selección de magistrados o al rol históricamente desempeñado por la Fiscalía que “ha privilegiado la defensa en juicio de las acciones contra el Estado por sobre el ejercicio intenso de control de juridicidad sobre la actividad de la administración”. Y también le atribuye haber sostenido “una concepción jurídica anémica de los derechos humanos” que fue percibida hasta por el jefe de Fiscales Oscar Fappiano, en un dictamen judicial.