L
os científicos que fueron separados del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) luego de un sumario interno por presunto maltrato laboral a becarios le enviaron una carta documento al director de la institución, Adrián Schiavini, pidiendo aclaraciones sobre un comunicado emanado del CONICET (el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) donde se hicieron consideraciones sobre el caso.
El documento que fue difundido por varios medios provinciales, incluyendo EDFM, mencionaba que el CONICET se hacía cargo de haber tomado la decisión de exonerar a los biólogos Oscar Amín y Laura Comoglio, luego de un proceso administrativo del que se mencionaban una serie de detalles.
A raíz de ello, el abogado de Amín y Comoglio, Pedro Embón, se dirigió a Schiavini mediante una carta documento “en carácter de apoderado de los investigadores” y le pidió que informe una serie de puntos vinculados con el comunicado del CONICET.
Según surge del texto de la carta, el letrado pretende saber:
–“Cuál fue la decisión respaldatoria del referido comunicado del 29–7–2011 que permitiera atribuirlo al CONICET, quiénes la suscribieron, en qué condición, y cómo conoció la misma y su autenticidad”.
–“Cuál es el facultamiento que ejercitó para darlo a conocer y publicar en nombre del “CONICET”.
–“Si independientemente de sus responsabilidades en el ámbito interno del “CONICET” ha sopesado los medios para sanear los efectos desdorosos de la irresponsable publicación que Vd. Dispusiera, y en su caso informe los mismos”.
Del texto de la carta documento se infiere además que el comunicado fue distribuido por mail al personal del CADIC por disposición de Schiavini el pasado 1 de agosto.
Y se menciona que allí se individualiza a Amín y Comoglio “como destinatarios de la sanción de exoneración (cuestionada actualmente por recurso de alzada ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y eventual recurso ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo)”.
El alejamiento de los investigadores de sus funciones dentro del CADIC generó una polémica ante la denuncia de los propios científicos y de su abogado acerca de las supuestas irregularidades cometidas durante el sumario administrativo que derivó en la sanción, y aún después, cuando el asunto fue derivado a Buenos Aires.
“De acuerdo a las normas vigentes”
El comunicado que ahora generó la réplica del abogado de Amín y Comoglio aclaraba que “el proceso interno se inició dos años atrás frente a denuncias presentadas por personal técnico y becarios del CADIC sobre determinadas situaciones en las que los citados, según esas presentaciones, estaban involucrados. El CADIC, como correspondía, elevó las denuncias al CONICET”, organismo que “llevó a cabo una investigación de acuerdo a las normativas vigentes para el caso, a través de las áreas de competencia”.
Entre otras consideraciones, se precisaba que “el expediente del proceso contiene más de 600 fojas con el detalle de las declaraciones recopiladas y analizadas debidamente” y que “los sumariados tuvieron permanente acceso al expediente y ejercieron sus derechos con intervención de su propia asesoría letrada”.
También se sostenía que “dos directorios diferentes del CONICET a lo largo de los dos años se mantuvieron informados del proceso y aprobaron su curso” y que “la decisión final sobre las denuncias presentadas es responsabilidad del CONICET, y fue comunicada a los implicados y al CADIC para que la implementara”.
