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l más fiel estilo de la Legislatura, el Concejo Deliberante de Ushuaia autorizó sin debatir y en la última sesión del año otorgarle el estatus de barrio cerrado al complejo denominado Bahía Cauquén, lo que desató ayer una fuerte reacción de entidades que trabajan en la recuperación del espacio costero urbano.
Es que la posición mayoritaria del órgano legislativo (la norma se aprobó por seis votos contra uno del concejal Luis Cárdenas) incurrió en una serie de contradicciones respecto del trabajo que venía realizando tanto ese organismo como el Ejecutivo municipal a favor del libre acceso a los espacios públicos.
Con la ratificación legislativa de un convenio suscrito en 2008 entre el Municipio y la empresa responsable de la urbanización, quedó oficialmente habilitado el funcionamiento de la barrera emplazada en la entrada al barrio, sobre el trazado de una calle pública, lo que obliga a los automovilistas a detenerse y pedirle autorización a un guardia de seguridad para poder acceder al barrio.
Además, el acceso al espacio verde que se encuentra entre la última calle del complejo habitacional y el mar, sólo quedó habilitado para realizarse en forma peatonal (no en vehículos). Y lo mismo sucede con el ingreso a la costa en toda la extensión del barrio, que sólo puede realizarse caminando y haciendo un gran rodeo desde la zona del hotel Los Yámanas.
Desde el punto de vista de su desempeño, los concejales aprobaron la medida a escondidas, como asunto de último momento y sin permitir ningún debate en la actualidad. Ello sin contar que dos de los ediles que levantaron la mano para avalar el proyecto (José Luis Verdile de Encuentro Popular y Juan Carlos Pino del PJ) habían mantenido posturas contrarias a la iniciativa cuando tema se discutió públicamente hace tres años.
Por otro lado, el Concejo no consultó a la Comisión Asesora del Plan de Manejo Costero (COPLAN) un órgano multisectorial creado por el propio organismo para consultarlo en este tipo de cuestiones. Es decir que el Concejo se autolimitó para legitimar sus decisiones y luego ignoró su propia autorestricción.
El Plan de Manejo Costero se había convertido en una política de Estado para las autoridades municipales en su conjunto, tanto en el órgano deliberativo como en el Poder Ejecutivo. Durante todo este año se trabajó en la recuperación de predios rellenados ilegalmente, convertidos en basurales a cielo abierto o en playas de contenedores, con el objetivo de recuperar la costa para la gente.
Sin embargo, la aprobación legislativa del asunto impulsado por los concejales oficialistas contradice esa tarea, ya que mientras en una punta de la ciudad se intima a propietarios y se hacen valer derechos colectivos de la ciudadanía, en la otra se restringe el acceso libre a la costa y a un espacio verde, permitiéndose la instalación de una barrera en una calle pública.
El último agravante es que en la misma sesión ordinaria que cerró la labor de los actuales concejales, se decidió dejar en comisión para un mayor análisis la ordenanza que establece el pago de un canon a las empresas que acopien contenedores, en atención al impacto visual que producen estos elementos de almacenaje de mercadería.

De la galera

“Es de una enorme contradicción que el Concejo Deliberante se haya impuesto una comisión asesora para estos temas a la que después no consulte. Y es irracional que el tema haya sido tratado sobre tablas”, se quejó ayer Guillermo Worman, titular de Participación Ciudadana e integrante de la COPLAN.
Según Worman, la situación legal que quedó instaurada genera “ciudadanos que pueden ingresar a un espacio público sin restricciones, y subciudadanos que tenemos que rendir explicaciones ante un agente de seguridad privada”.
Al respecto, el dirigente explicó que el desafío de las entidades intermedias será que las autoridades “compensen” lo ocurrido estableciendo servidumbres de paso por los laterales del barrio, de manera de “poner en condiciones de igualdad a los vecinos del barrio con los que vienen de afuera”.
“Hay que buscar la manera de que todos podamos entrar en auto, tanto al espacio verde como a la zona de la costa posterior al barrio”, exhortó el miembro de la COPLAN.
Worman pidió, sin embargo, ubicar los hechos en su contexto, y recordó que el complejo barrial estaba ubicado en una zona semirural, no habilitada la para la construcción de viviendas, y que durante la gestión del ex intendente Jorge Garramuño se permitió por ordenanza el desarrollo de un barrio privado y, sin respaldo documental, se dejó construir la garita en la entrada.
“Después fue cedido como espacio público un cordón que va desde la calle posterior del barrio hasta la playa y los vecinos que adquirieron tierras allí de buena fe, se quedaron con el privilegio de acceso a esa zona”, describió el dirigente social.
“En la audiencia pública que se realizó sobre el tema, los vecinos expusieron que habían adquirido los terrenos con la condición de que se trataba de un barrio cerrado, con seguridad y barrera, y advirtieron que en caso de que se modificara esa situación iban a iniciar acciones legales. Incluso la empresa responsable de la urbanización amenazó con un juicio contra el propio Municipio”, explicó el integrante de Participación Ciudadana.
También sostuvo que lo que debe quedar claro es que “ni la playa ni el espacio verde pertenecen al barrio, sino a toda la ciudad. Los vecinos tienen sus derechos, pero el Estado municipal que convalidó este estado de cosas ahora debe garantizar el acceso a los espacios comunes. Y no aprobar una medida sacada de la galera, sin debate y sin consultar a los órganos que ellos mismos crearon”, observó Worman.

La posición de la concejal Chapperón: “Lo hicimos para evitar un juicio millonario” La concejal oficialista y futura funcionaria del Ejecutivo municipal, Adriana Chapperón, justificó en la decisión de evitar un “juicio millonario” la medida aprobada en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante que convalidó la categoría de barrio cerrado para el complejo Bahía Cauquén. A su vez, la edil negó que el concejal Luis Cárdenas (el único que votó en contra del proyecto) no haya estado al tanto del posible tratamiento del tema, como indicó. Según Chapperón, desde 2008 se intenta buscar una solución al conflicto pero sin éxito, y subrayó el argumento de la empresa encargada de la urbanización del lugar en el sentido de que cuando comenzaron los trabajos, el Código de Planeamiento vigente permitía la instalación de barrios cerrados. De acuerdo a los dichos de la concejal, el tema no se trató antes porque “fue un año muy complicado” por las elecciones y la transición entre una gestión y la otra. “Asumo la responsabilidad por no haber salido antes a la opinión pública con lo que uno piensa. Pero no voy a aceptar que Cárdenas diga que no estaba al tanto de esto porque sí lo estaba”, señaló en Radio Nacional.