E
l fiscal de Ushuaia Fernando Ballester Bidau tomó intervención en la denuncia por presuntos delitos cometidos en el trámite de concesión del Puerto Caleta La Misión presentada hace una semana por los ex legisladores de Encuentro Popular Manuel Raimbault, Verónica De María y Elida Deheza.
Según fuentes judiciales, el representante del Ministerio Público se encontraba por efectuar un requerimiento de instrucción que dará inicio a la investigación formal de los hechos denunciados.
Ballester Bidau quedó a cargo del caso por ser el fiscal actuante durante la feria judicial de verano, aunque la denuncia había sido presentada ante el fiscal Mayor Guillermo Massimi y también está al tanto de las actuaciones el jefe de fiscales, Oscar Fappiano.
Cuando la Fiscalía requiera el inicio de la causa también solicitará una serie de medidas probatorias, como la extracción de una copia certificada o la incautación del expediente 17336/2010 del Ministerio de Obras Públicas, que sirvió de base al proceso administrativo que se denuncia y que está caratulado “S/ Ministerio de Obras y Servicios Públicos s/ continuación construcción puerto Caleta La Misión”
Además, la Justicia deberá evaluar el contenido del decreto 2423 suscripto por la gobernadora Fabiana Ríos el 5 de octubre que ratificó la Carta de intención suscripta entre las autoridades provinciales y la empresa “Servicios Navieros y Portuarios Piedrabuena S.A”, cuyo objetivo central es la continuidad de la obra del puerto.
Como ya adelantó EDFM, los denunciantes aducen que en esta tramitación existió una violación a las normas administrativas, pero también un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Uno de los mayores cuestionamientos es la revelación de que la empresa francesa IFEFI, que en el expediente se menciona como financista de la obra, se encuentra en proceso de quiebra en su país.
Tanto desde las autoridades gubernamentales como desde la empresa Piedrabuena, cuyo titular, Pedro Trucco, dio una conferencia de prensa días pasados en la ciudad, se adujo que IFEFI solo actuó como intermediaria para conseguir la financiación, pero que no era parte directa del proyecto.
En cambio, en la denuncia, los ex legisladores hacen referencia a numerosas notas agregadas al expediente de donde se desprende que el instituto francés era el encargado de poner el capital necesario para realizar los trabajos.
Una de las notas, señala: “Respecto a la parte financiera ya tenemos un acuerdo preliminar aprobado con disponibilidad de fondos desde Francia, por I.F.E.F.I. (Institut Francais D ´Etudes Financiéres Indepéndant, domicilio 12 Rue Viviente 75002 – Paris,www.ifefi.fr cuyo Presidente es el Sr. Jean Francois Maitre (…) Los fondos para la etapa de la construcción serían asignados de la siguiente manera: USD 50 M para el último trimestre del 2010, USD 70 M a fines del 2011, USD 60 M a fines del 2012. La suma total de la inversión en la construcción del puerto asciende a USD 180 M, incluidos los gastos financieros y una provisión de un 5% en concepto de riesgo, la condición de la taza de interés todavía se encuentra a cerrar, y el reembolso se podrá realizar de 18 a 20 años”.
Pero no sólo eso. Los denunciantes cuestionan que Maitre (presidente de IFEFI) nunca giró un poder formal para que alguien representara a la empresa ante la provincia. En cambio, le mandó un mensaje desde un teléfono Blackberry a Trucco, quien lo imprimió y lo agregó al expediente.
El mensaje, escrito en francés, decía: “Je vous confirme bien volontiers de donner pouvoir á Monsieur JF PATINET de signer les documents au nom d´IFEFI …”. La traducción sería: “Por la presente, le confirmo que el Señor JF PATINET goza de las facultades necesarias para firmar” los acuerdos pertinentes.
La Secretaría Legal y Técnica de la provincia advirtió que debía intimarse a IFEFI a “la presentación inmediata del poder otorgado a su apoderado para la suscripción de la Carta de Intención” que después firmaron la empresa y las autoridades locales.
Sin embargo, nada de eso se hizo y como único requisito le pidieron al representante de la empresa que firmara una declaración jurada.
“El poder y sus controles sucumbieron ante el sonido de un Blackberry”, asegura un párrafo de la denuncia que ahora evalúa la Justicia.
Para los ex legisladores, lo sucedido no es anecdótico, porque presumen que se trató de una maniobra de IFEFI para eludir reconocer que se encontraban en proceso de quiebra, lo que seguramente habría hecho caer la negociación.
Por otra parte, la denuncia hace hincapié en la falta de fundamentos con que la empresa determinó el costo final de la obra (los 183 millones de dólares) y el plazo de concesión (40 años prorrogables por diez más) que luego la provincia aceptó sin cuestionar, a pesar de que el Tribunal de Cuentas observó que no había documentación suficiente para expedirse acerca de la razonabilidad de ambos parámetros.
Además, se menciona que al momento de suscribirse la Carta de Intención, la empresa Piedrabuena apareció con una razón social diferente: “Servicios Navieros y Portuarios Piedrabuena S.A” (creada el 15 de marzo de este año) en lugar de “Servicios Navieros Piedrabuena S.A. Ingeniería Marítima”.
En el plano jurídico, se indica que mediante el mecanismo adoptado, Piedrabuena (que se hace cargo del juicio contra el Estado provincial entablado por gastos improductivos por la constructora original del puerto, Ormas–Andrade Gutierrez) resultaría adjudicataria de una obra que de otra manera no podría obtener.
