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a Gobernadora rubricó un decreto por el cual se adjudicó a la firma Telecom Personal la contratación, por compra directa, del servicio de telefonía celular destinado al Poder Ejecutivo, por un monto de 727.866 pesos.
La determinación de contar con este servicio, que seguramente permite una comunicación más fluida entre los funcionarios que integran el Poder Ejecutivo, se adopta en un marco económico provincial que, como reconoció la propia mandataria, implicará un esfuerzo adicional para lograr “una mejora en los ingresos de la provincia, y se vio precedida por la decisión de la mandataria de crear una asignación compensatoria por vivienda para los Ministros, Secretarios de Estado y Secretarios que sean convocados a prestar funciones de nivel político en organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, cuya residencia permanente al momento de su designación se encuentre a una distancia superior a los 100 kilómetros del lugar donde deban desempeñar sus funciones, a fin de compensar los mayores gastos de alojamiento.
La asignación en cuestión se fijó en un monto equivalente al 15% del haber bruto del funcionario al que se otorgue el beneficio, lo que implica que por tal concepto un Ministro o Secretario de Estado percibirá unos 4000 pesos mensuales para afrontar el pago de alquiler de una vivienda en Ushuaia y un Secretario cerca de 3.700 pesos.
Una cuestión de prioridades
El decreto 201/12 -de contratación de telefonía celular- se firmó el miércoles 25 de enero, 8 días después que se declara el incendio forestal en la zona de Bahía Torito que afectó cerca de 1.700 hectáreas de bosque. Ya por ese entonces quedó en evidencia que unos de los grandes inconvenientes que afrontaban quienes estaban combatiendo las llamas era la falta de comunicación desde y hacia la zona del incendio. Si bien siempre se ha sostenido que las razones de “mérito, oportunidad o conveniencia” que motivan la decisión de disponer de los recursos públicos son privativas del funcionario responsable de tomar la decisión, da toda la impresión que en este caso desde la Administración Ríos se maneja un criterio para priorizar el gasto que parece no guardar directa relación de las reales necesidades del Estado.
Desde algunos sectores del oficialismo se podrá argumentar que el monto destinado para la contratación del servicio de telefonía celular destinado al Poder Ejecutivo no resulta significativo para un Provincia que estimó contar durante el año con unos 5.300 millones de pesos de ingresos. Como contrapartida, también podrá argumentarse que contar con el servicio de telefonía satelital -equipo más abono mensual- que permitiría que, por ejemplo, ante un nuevo incendio forestal en una zona de Tierra del Fuego sin cobertura de comunicación los brigadistas puedan mantenerse en contacto de manera permanente y garantizada, tendría un costo estimado en los 13 mil pesos. De este gasto o inversión, según quiera verse, la parte más sustancial -unos 9.600 pesos- correspondería a la compra del equipo. El resto, unos 3.500 al pago del abono anual por el servicio. Es decir, contar con este sistema de comunicación que también podría prestar un importante servicio ante otros desastres naturales, le costaría al Estado 715 mil pesos menos que mantener comunicados a los integrantes del Poder Ejecutivo a costa de las arcas públicas. Sin ser tan extremista en el planteo, es de suponer que se podrían haber previsto ambas situación, afectando una parte del monto destinado a la contratación del servicio de telefonía celular para el Poder Ejecutivo y otra a la compra de teléfonos satelitales, y sus correspondientes abonos, para los servicios de emergencia de la Provincia, como el área de manejo contra incendios forestales y Defensa Civil. Pero claro, en definitiva estas decisiones tienen que ver con el criterio de prioridades, mérito, oportunidad y conveniencia para la asignación de los recursos públicos.
