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na mujer embarazada reveló que una patota de penitenciarios le dio una paliza a la salida de un bautismo. Vincula el hecho con que su hermana también es penitenciaria y tiene datos sobre irregularidades graves dentro de la institución, como la existencia de presos VIP. Dijo que el grupo de agentes se “mueve con impunidad” y que tienen “amenazada de muerte” a toda la familia.
Elisabeth Villaroel tiene 27 años, está embarazada y exhibe golpes y magulladuras que le dificultan caminar. El sábado, mientras asistía con su familia al bautismo de su sobrino de cinco meses, en la iglesia de San Martín y Don Bosco, asegura que una patota encabezada por dos agentes penitenciarios de la provincia le propinó una paliza en pleno atrio, delante de decenas de testigos.
La mujer sostiene que si bien en el móvil de la agresión se entremezcla una cuestión familiar, porque su hermana es también agente penitenciaria y acaba de divorciarse de uno de los agresores, el incidente desnuda el comportamiento violento, la impunidad y los intereses que resguardan algunos integrantes del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego.
Según Elisabeth, cuando aún tirada en el piso y pateada por los agentes de seguridad logró comunicarse por su celular con la Policía, los primeros en llegar al lugar no fueron efectivos policiales, sino tres miembros del Servicio Penitenciario.
Los cuidadores de presos, carentes de cualquier jurisdicción en un hecho de estas características, se llevaron al presunto agresor, de nombre Sergio González, pero “no para detenerlo, sino para resguardarlo de lo que había pasado. De hecho cuando la Policía finalmente arribó al lugar, todos los de la patota ya se habían ido y a mí tuvieron que llevarme al hospital para atenderme porque me dolían las piernas, la espalda, el cuello y tenía náuseas”, contó Villarroel en dialogo con EDFM.
También afirma que en el hospital se repitió un nuevo incidente, cuando el propio González acompañado de otras personas volvió a presentarse y hasta “arrojaron piedras” contra el edificio. Dice la mujer que en esa oportunidad detuvieron a dos hermanos suyos, que salieron en su defensa, y que por primera vez la policía detuvo a Sánchez, aunque lo liberó poco tiempo después.
Desde entonces –denuncia Villarroel– su familia es “víctima de un hostigamiento constante”. “Nos siguen en un auto, van a las escuelas donde asisten nuestros hijos y nos amenazan de muerte por teléfono. Estamos aterrados y desprotegidos porque sabemos la relación que tienen con la Policía”, asevera la mujer que es madre de dos hijos pequeños.
Cuestión de fondo
Según Elisabeth Villaroel, detrás del comportamiento violento de este grupo de penitenciarios se oculta un “modus operandi” que cuidaría intereses más pesados que un ajuste de cuentas familiar.
La hermana de Elisabeth, Celia Villarroel, también es agente penitenciaria y habría dejado en evidencia en varias oportunidades los desmanejos que se producen dentro de la institución.
Entre las irregularidades se menciona desde la existencia de presos VIP, con acceso a privilegios que no deberían tener de ninguna manera por su condición, hasta el maltrato injustificado a algunos reos, o, por el contrario, la calidad de “intocables” de otros.
De acuerdo al relato de su pariente, a partir de haber consignado estos abusos por escrito, la agente penitenciaria Villarroel comenzó a ser mirada con recelo por sus pares, algunos de los cuales le recomiendan “dejar las cosas como están”.
“Lo que más impresiona es la impunidad. No hay apercibimientos, no hay sanciones a pesar de todos estos abusos. Los agentes que intervinieron en mi agresión ni siquiera sufrieron días de arresto. Nadie les dice nada. Le pegaron en el piso a una mujer embarazada. Necesitamos que las autoridades políticas intervengan de inmediato. Tenemos mucho miedo”, confiesa Elisabeth.
El ataque
Eran las 16.30 del sábado 11 cuando según relata la denunciante, el penitenciario Sergio González le propinó un fuerte golpe en el rostro en el medio de la iglesia donde ambas familias asistían a ceremonias de bautismo.
Con posterioridad, una mujer que sería la madre del agente “se me tiró encima y comenzó a pegarme y tirarme de los pelos. Me arrastraron hasta el atrio y en el suelo me siguieron pegando patadas en la espalda y en las rodillas, mientras alguien me torcía el cuello hasta dejarme marcas en la piel”, detalló Villarroel.
También contó que su esposo fue golpeado por el mismo grupo de personas, entre quienes había “varios patovicas” y que mientras llamaba al 101 para pedir auxilio a la Policía, la “paliza continuaba, por lo que el policía que me atendió debe haber escuchado todo”.
Según la mujer agredida, además de González, en el lugar estaba su actual pareja –también agente penitenciaria– Vanina Torres, en tanto que los otros tres penitenciarios que arribaron al sitio “en auxilio” del agresor, serían “de apellidos Martín, Peralta y Quiroga, con diferentes rangos cada uno”.
Acumula escándalos en los últimos meses
Una institución en la mira
No es la primera vez en los últimos meses que el desempeño de agentes penitenciarios, quienes se autoapodan “Los Grises” por el color de su uniforme, genera algún tipo de polémica.
A fines del año pasado, un oficial del servicio “dejó olvidada” su arma reglamentaria en el interior de un local nocturno, al que al aparecer había concurrido con un grupo de amigos y conocidos.
Por otra parte, la denuncia sobre la presunta “desaparición de dos presos”, uno de ellos el ex secretario de Obras Públicas Pedro Bernal, preso por corrupción, durante aproximadamente una hora en oportunidad de una salida vigilada, mereció el accionar de la Justicia penal.
También el año pasado fue condenado a 14 años de prisión por homicidio el joven riograndense Darío Ocampo, quien ultimó en Ushuaia de una puñalada a Nicolás Moya, mientras usufructuaba los beneficios de una libertad condicional otorgada a raíz de una condena anterior por abuso sexual. Por entonces se cuestionó la eficacia del sistema de resocialización que debe garantizar el Servicio Penitenciario.
El ex titular del organismo, Carlos Debaz, famoso porque su designación derivó en una causa penal donde imputaron y luego absolvieron a la gobernadora y al ministro de Gobierno, fue reemplazado al comienzo de esta nueva gestión por el abogado de Río Grande Raúl Von der Thusen.
El letrado de 31 años, catalogado por medios riograndenses como el más joven del país en ocupar un cargo de estas características, había ingresado meses antes al Servicio con el grado de Adjuntor Principal.
Con una diplomatura en Derecho Penitenciario, fue ascendido a Inspector General y nombrado como sucesor de Debaz.
El Gobierno puso énfasis en la capacitación de oficiales del servicio, a través de un convenio firmado con la Escuela Penitenciaria de la Nación donde acuden a formarse los nuevos cadetes.
También se asignaron 50 nuevas vacantes al organismo, mediante la ley 838 y el decreto 494/11 suscripto por la gobernadora Fabiana Ríos. En agosto de 2011, la propia mandataria encabezó el acto de egreso de 27 nuevos penitenciarios.
Aún así, los bolsones de impunidad que parecen persistir entre un grupo de miembros del servicio vuelven a poner en jaque los intentos oficiales por mejorar el funcionamiento de la institución.
En tanto el ministro de Gobierno, Gustavo Zanone, no contestó ayer los llamados de este medio para que pudiera referirse al tema. |
