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a jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo dictó el sobreseimiento definitivo del ex ministro de Desarrollo Social, Sergio Álvarez, en el marco de la causa penal que investigaba la demora en la compra de cuatro vehículos para transporte especial con fondos nacionales.
La resolución judicial, que no fue apelada y por tanto se encuentra firme, alcanza también a la ex directora de administración dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia, Victoria Solanet, a quien el ex funcionario había sindicado como la responsable de la demorada tramitación.
En un extenso pronunciamiento, la jueza consideró que ni Álvarez ni Solanet cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario, por el que habían sido indagados, y repartió responsabilidades políticas para explicar por qué las camionetas no pudieron adquirirse durante más de dieciséis meses, a pesar de que la Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis) envió los 519 mil pesos necesarios para la operatoria.
En ese sentido, Barrionuevo hizo hincapié en diversos factores, que van desde la inexperiencia de algunas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, hasta las trabas que pusieron funcionarios del Ministerio de Economía, pasando por el tiempo que tardó la gobernadora Fabiana Ríos en rubricar el decreto que ratificó el convenio con la Conadis y la demora que también tuvo la Conadis en la contestación de algunas tramitaciones relacionadas con la operatoria. Incluso se menciona en el fallo los problemas que enfrentó la empresa proveedora de los vehículos frente a la limitación de importaciones impuesta por el Gobierno Nacional en el rubro automotriz.
Alegato contra la burocracia ¿Por qué si la Conadis envió un subsidio de $519.363,32 para la compra de los cuatro vehículos, el 8 de junio de 2010, en noviembre del año pasado todavía no habían podido ser adquiridos?
Antes de que la jueza Barrionuevo pusiera la lupa en la contestación de esa pregunta, la difusión pública del caso a partir de la denuncia de una mujer, Graciela Bravo, madre de una chica con discapacidad, armó un escándalo político.
La repercusión fue de tal magnitud que el ministro Álvarez salió eyectado de su sillón por decisión de la gobernadora y terminó involucrado en una causa penal. Las camionetas finalmente se adquirieron aunque aún siguen sin utilizarse porque no se termina el trámite de patentamiento (ver recuadro aparte).
Lo cierto es que la para magistrada que intervino en el expediente judicial, lo que ocurrió fue una muestra gratis de la inexpugnable burocracia que rige las actividades estatales, pero no la comisión de un delito.
Y en esa madeja de anormalidades, la jueza cita, por ejemplo, que el convenio entre la Conadis y la Provincia se firmó el 23 de febrero de 2010, pero recién se registró en Tierra del Fuego (presumiblemente porque no lo enviaban) el 27 de agosto, mientras que la gobernadora lo ratificó por decreto 2421/10, el 5 de octubre del mismo año.
“Los plazos podrían haberse reducido sensiblemente si se hubiera adoptado una clara postura política al respecto, tendiente a superar con la rapidez que el caso requería, las trabas generadas por la coexistencia de normativas nacionales y provinciales y por la descoordinación entre las distintas reparticiones intervinientes, lo que evidentemente atentaba contra las urgentes necesidades de las personas con discapacidad a las cuales estaban destinados los vehículos a adquirir”, escribió la jueza.
En otro orden, agrega la resolución judicial a la que tuvo acceso EDFM. “surge la falta de acuerdo entre las distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Economía en cuanto a la forma de adquirir los cuatro rodados en cuestión”, ya sea por compra directa como quería Desarrollo Social o rechazando ese mecanismo porque “no había razones de urgencia”, como esgrimían desde Economía.
Y en el párrafo más lapidario del pronunciamiento, la jueza Barrionuevo explica la demora en la compra de las camionetas en razón de: “un gran desorden administrativo”, “la formación de cinco expedientes distintos para un mismo fin, con información cruzada en cada uno de ellos, con desglose de documentación original, tornándose engorroso y lento el trámite administrativo”, y “el desconocimiento por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del trámite especial que debía realizarse para la compra de este tipo de vehículos que cuentan con exención impositiva”.
A su vez, la jueza argumenta también “la posición adoptada por el Ministerio de Economía”, “las restricciones impuestas a nivel nacional respecto de las importaciones en general” y “la falta de interés político a nivel local para tomar decisiones urgentes acordes a las necesidades verificadas por un sector muy necesitado y relegado de la sociedad, como lo son las personas con discapacidad”.
Esperando por las patentes
Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia estimaron que en el transcurso de esta semana estarán concluidos los trámites de patentamiento de los cuatro nuevos vehículos destinados al trasporte de discapacitados, y que una vez habilitadas las unidades comenzarán inmediatamente a prestar servicio en las ciudades de Ushuaia y Río Grande.
Así lo informó la secretaria de Desarrollo Social, Ana Villanueva, a través de una gacetilla de prensa, donde sostuvo que “estamos culminando el proceso iniciado en el mes de noviembre con la adquisición de las cuatro combis destinadas a discapacidad. La pasada semana se realizaron los últimos trámites ante el Registro del Automotor, y una vez que nos entreguen las patentes, los vehículos que ya se encuentran asegurados, equipados y en perfectas condiciones para su circulación saldrán a la calle”.
La funcionaria consideró que la entrega de las patentes por parte del Registro “no debería excederse más allá del jueves o viernes”. La información oficial precisó que los vehículos fueron adquiridos directamente a la fábrica Hyundai de Corea, a razón de $141.111,60 pesos cada uno. Fueron acondicionados con rampas manuales y anclajes, y cumplen con todos los requisitos para efectuar el transporte de personas con discapacidad homologados por la Conadis. |
