L
os senadores nacionales por Tierra del Fuego María Rosa Díaz y Osvaldo López expresaron ayer en la Cámara Alta su acompañamiento al proyecto de ley enviado al Congreso por el Gobierno nacional que prevé la estatización del 51% de las acciones de la petrolera YPF y el control estatal sobre la empresa.
Díaz argumentó en su alocución que la energía es “un bien social y un derecho humano al que todos debemos tener acceso, como el agua, la tierra y la vivienda”, y remarcó que en la Argentina la actividad privada petrolera no está dispuesta a acompañar el crecimiento del país ni sus objetivos estratégicos.
A ello sumó que “un desarrollo económico sustentable a largo plazo puede garantizarse con una adecuada planificación energética, que sólo el Estado en disponibilidad de los recursos puede realizar”.
Por último, Díaz recordó al fallecido senador José Martínez como “un gran compañero, defensor incansable de la soberanía energética, que batalló con entusiasmo contra las privatizaciones de los 90, que luego en esta banca tuvo el privilegio de votar la reestatización de los recursos previsionales, y que hoy estaría orgulloso de acompañar esta medida fundamental para nuestro país”.
A su turno, López cargó contra los detractores del proyecto y apuntó que “cuando se nos habla de preservar la seguridad jurídica se está echando mano de un paradigma antiguo, perimido, al que nuestro pueblo ha decidido poner fin”.
“No podemos confundir inversores con oportunistas ni con saqueadores, como son muchos de los que –cuando les conviene– se amparan en el concepto de seguridad jurídica”, argumentó.
“También he escuchado que esto debió hacerse antes y en ese sentido decimos con total claridad que si bien tomar esta decisión hoy posiblemente sea menos bueno que haberla tomado ayer, indudablemente siempre es mejor avanzar hoy que esperar a mañana”, sentenció.
López concluyó afirmando que “estamos convencidos de que estamos generando un cambio histórico, que corresponde a una nueva etapa, que nos gustaría sinterizar diciendo que nada de lo que haya sido privatizado en la década menemista deberá permanecer al margen de la recuperación por parte del Estado”.
