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Guillermo Worman
Sobrevuela en el ambiente un denso clima de intolerancia. La afirmación parecerá una obviedad pero, a raíz de varios de los últimos eventos que estamos viviendo, la pérdida de la paciencia pública se ve primero hacia aquellos que tienen posturas críticas o diferentes de quienes detentan los principales lugares de poder público–institucional; como si existiera el derecho de imponer un modo de comportamiento social.
Hay tres hechos preocupantes, que, quizás, no tengan relación entre sí, aunque dos de ellos están íntimamente relacionados. En un breve lapso se produjo el desplazamiento de Daniel D’eramo de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos junto con las condenas por libertad de expresión contra el ex senador nacional José Martínez y a la ong Participación Ciudadana. En las tres situaciones sobrevuela cierto espíritu disciplinario, que sólo quienes están en posiciones privilegiadas de poder están en condiciones de establecer.
En el caso D’eramo, el ex director difundió información pública sobre índices inflacionarios. Inmediatamente surgió su desplazamiento como correlato de la información. El gobierno, rápido de reflejos, salió a aclarar que la medida tenía un lado bueno insospechado: D’eramo era desplazado del cargo para ser cubierto por un próximo director surgido de un concurso público. La difusión de información y el llamado a concurso son absoluta coincidencia.
Días previos a este hecho, dos de los tres integrantes del Superior Tribunal de Justicia ratificaron la condena post mortem contra el ex senador nacional José Martínez. Su familia directa, entonces, deberá reparar económicamente el buen nombre y honor de Virgilio Martínez de Sucre. Paradójicamente, los deudos tendrán que afrontar los costos de insultos que nunca fueron expresados, ya que el ex senador, criticó la forma de llevar adelante el perfil de conducción de uno de los principales organismos de control fueguino y no existió expresión alguna sobre la vida privada de Martínez de Sucre. Así, aunque suene extraño, la familia del fallecido legislador nacional tendrá que pagar por palabras que José Martínez nunca dijo. ¿Es racional que un funcionario que tiene derechos extraordinarios de inamovilidad, intangibilidad, que puede optar libremente por la obra social de su conveniencia y que tienen la extraña función de ser el único que participa de la totalidad de los procesos de selección y remoción de jueces, pueda gozar de tanto privilegio por parte de uno de los tres poderes del Estado? No creo que exista otro ciudadano de esta categoría en todo Tierra del Fuego.
Algo similar a la demanda contra José Martínez sucede con la sentencia de primera instancia contra la ong Participación Ciudadana y a favor, una vez más, del Fiscal de Estado fueguino. El argumento no es el mismo, pero es igual: el honor averiado del eterno integrante del Consejo de la Magistratura. Otra vez, se interpreta a favor del funcionario por expresiones que la ong no emitió. Claro: la jueza Adriana Rapossi no condena por las expresiones publicadas en 2002, sino por lo intensiones que ella descubrió en el transcurso de la década que duro la tramitación del expediente. Rapossi dice: “se advierte el cuidado en el lenguaje sin expresiones injuriantes, pero para el buen lector no pasa desapercibido que se lo vincula permanentemente con un gobierno al que se le endilga actitudes ilegales”. Claro que existieron hechos ilegales dentro de la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti. También durante gestiones posteriores.
La condena hacía la ong, aunque suene complejo de entender, no se basa en las expresiones dichas sino en la interpretación de ¨buena lectora¨ por parte de la magistrada.
Rapossi no se queda ahí. En otro tramo de su sentencia señala: ¨Las apariciones públicas per se no son cuestionables, más algunas expresiones en forma directa u otras subliminalmente dirigidas a funcionarios específicamente (incluido el actor), en la época en que
ocurrieron demuestran una identificación con representantes de un pensamiento político contrario al Gobierno de entonces¨. Vale preguntarse: ¿Cuál es el mensaje para aquellos que no comparten el carácter de una gestión y toman posturas críticas u opositoras?
¿D’eramo es desplazado para hacer un concurso o por no alinearse con el actual gobierno en la política de difusión de información? ¿La familia del ex senador José Martínez es condenada por lo que dijo el dirigente en vida o por el mensaje que pusieron en su boca los dos integrantes de la Corte provincial? ¿Participación Ciudadana también será condenada por la interpretación subliminal de la magistrada?
Hay tres derechos fundamentales que están en juego: de acceso al a información pública, de libre expresión y de libertad de prensa. D’eramo se va porque la información llegó a los medios y se difundieron datos que parecen inconvenientes. ¿De quién es la información pública, del funcionario, del gobierno o del Estado? En nuestra constitución ya está dicho que es un bien social. ¿Qué van a hacer el resto de los funcionarios, pedir permiso o difundir información de interés público?
Lo de libertad de expresión y de prensa tiene connotaciones por demás complicadas. Un sector de magistrados (Rapossi, Löffler, Sagastume y Muchnik) asumió que pueden interponerse entre las expresiones que se dicen y la intensiones que ellos decodifican.
¿Rapossi, como ¨buena lectora¨, que conclusión podría sacar de la información que difundió D’eramo? ¿En su profusa imaginación, le endilgaría intensiones desestabilizadoras? ¿Cómo es que alguien se siente dañado por un mensaje subliminal?
¿Cuál es el próximo paso, tratar de leer los textos al revés, para ver si existen mensajes satánicos? Estaba convencido que ya no existían los tribunales de la Santa Inquisición.
