E
l abogado querellante en la causa judicial por torturas infligidas por policías de Río Grande contra dos jóvenes, Francisco Giménez, se mostró conforme con los procesamientos dictados en las últimas horas por el juez de instrucción Héctor Ochoa, aunque pidió que la investigación sea profundizada.
“Desde el punto de vista de la querella creemos que la causa no debe quedar acá. Hasta el momento se ha investigado el derrotero de la tortura con picana eléctrica y su autor, cuando en realidad debería investigarse todo un sistema puesto en marcha dentro de la comisaría tercera desde el momento de la detención de los jóvenes y hasta que fueron liberados”, declaró el letrado ayer.
En el mismo sentido, Giménez consideró que sería inapropiado que “se bajara un mensaje de la Justicia hacia la Policía, en cuanto a que se investigan picanas pero no golpes”.
El abogado también dijo disentir con el grado de responsabilidad que le atribuyó la Justicia al oficial que acusó a un subordinado suyo durante la declaración indagatoria prestada en tribunales, y opinó que debería cambiarse su calidad de imputado por la de testigo.
El letrado se refirió de este modo al pronunciamiento de Ochoa en el que resolvió procesar con prisión preventiva al sargento César Gómez, por el delito de torturas, y al oficial ayudante Cristian Verón, a quien el magistrado le imputó el ilícito consistente en “la omisión de hacer cesar o evitar” el hecho principal.
A su vez, Ochoa dictó el procesamiento, aunque sin prisión, del cabo primero Matías Maggieri, acusado del delito menos grave de “vejaciones”, y sobreseyó al suboficial escribiente Cristian Lara, también detenido desde el llamado a declaración indagatoria producido hace diez días.
El caso que conmocionó a la provincia se produjo en febrero del año pasado, cuando dos jóvenes, Franco Torres y Federico Sosa, denunciaron haber sido golpeados y lesionados durante su detención en la comisaría tercera de Río Grande y en el interior del Hospital Regional de esa ciudad.
La investigación alcanzó hasta el momento a un total de once policías que fueron indagados por la Justicia en la semana del 6 al 10 de agosto, mientras que sobre cuatro de ellos se había ordenado su inmediata detención.
Al resolver la situación procesal de todos los uniformados, además de los casos mencionados, la Justicia dictó varios sobreseimientos y faltas de mérito que ahora serán analizados por el fiscal Guillermo Quadrini y los abogados de las víctimas que intervienen como querellantes.
Profundizar la investigación
Según sostuvo Giménez ayer, el fallo refleja lo que “nosotros preveíamos que iba a suceder, porque los hechos de la causa nos indicaban que el resto de los funcionarios policiales podían ser sobreseidos, al no haber elementos como para mantenerlos vinculados con la investigación”.
No obstante, el abogado insistió en que la investigación debe contener las vejaciones ocurridas dentro de la comisaría, y no sólo lo sucedido durante el traslado al hospital y en los pasillos del establecimiento médico, oportunidad en que Gómez habría picaneado a uno de los jóvenes.
“No creemos prudente dividir los hechos entre lo que pasó en la comisaría y lo que pasó en el hospital, porque nos parece que es todo parte del mismo concierto de voluntades de un grupo de policías para torturas a dos jóvenes. La picana fue una parte del hecho, pero la tortura la constituye también toda la golpiza que les dieron antes”, indicó.
Y en cuanto a los hechos ocurridos dentro de la dependencia policial, Giménez remarcó que “si bien está identificado todo el cuerpo de guardia que actuó en la comisaría, la próxima etapa tiene que ser investigar y deslindar las responsabilidades de cada uno.
“Se dio un avance importante porque esta causa desde fines del año pasado hasta hace un par de semanas no tenía ningún tipo de movimiento. Ya casi no teníamos esperanzas. Pero más vale tarde que nunca”, reflexionó el letrado.
El caso Verón
Un punto específico de la resolución judicial con la que no coincidió el abogado querellante es la responsabilidad adjudicada al oficial Verón. Este policía es el que en su indagatoria dijo haber visto a Gómez en uno de los pasillos del hospital y sobre el cuerpo de uno de los jóvenes, portando un elemento que en su momento le pareció una linterna, pero que después dedujo que se trataba de una picana eléctrica.
Según el juez, Verón tuvo responsabilidad penal al no haber hecho cesar la tortura, pero Giménez considera que la versión del uniformado “es creíble”.
“Es un oficial joven, de poca experiencia, y lo que contó nos parece creíble. Me gustaría leer bien los fundamentos del juez, pero en principio creemos que esta persona debería pasar de imputado a testigo de la causa”, afirmó.
Por otra parte Giménez sostuvo que evaluará durante los próximos cinco días hábiles si apela parcialmente el fallo del juez Ochoa, luego de analizar las pruebas que hizo valer el magistrado para incriminar o desincriminar a cada uno de los policías involucrados.
Aquella pericia
La situación de los efectivos policiales se complicó después de un estudio realizado por peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se desprendió que las lesiones sufridas por los jóvenes torturados eran compatibles con el paso de energía eléctrica a través del cuerpo.
La causa se dilató porque cuando Ochoa resolvió la indagatoria de los policías, a fines del año pasado, dispuso que se presentaran en libertad, mientras que la fiscalía y la querella solicitaron que fueran detenidos.
La Cámara de Apelaciones de la provincia resolvió en noviembre de 2011 hacer lugar a esos pedidos y le ordenó al magistrado que detuviera a los sospechosos al momento de tomarles declaración, algo que sin embargo no ocurrió hasta comienzos de este mes.
