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os compradores de terrenos en la parte baja del Club Andino Ushuaia, sobre la avenida Alem, podrán cercar sus predios y construir, después de un extenso litigio judicial derivado del presunto daño ambiental que ocasionaría ese loteo, según la presentación realizada en 2005 por la asociación ambientalista Finis Terrae.
La secretaria Legal y Técnica del Municipio, Patricia Bertolín, confirmó ayer que el proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado, y que ese área dictaminó ya en 2010 que la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia (favorable a los propietarios) debe cumplirse aunque todavía exista una posibilidad de revisión a través de un recurso extraordinario federal, ante la Suprema Corte de Justicia.
El tema originó una gran polémica cuando fue planteado públicamente por la ex titular de Finis Terrae, Graciela Ramaciotti, en 2004. La dirigente ambiental denunció que el ex Territorio Nacional le adjudicó en venta los terrenos al Club Andino en 1988, bajo la responsabilidad de que la entidad se transformara en “custodio” de la zona boscosa, considerada una reserva natural. “Preservar el patrimonio forestal, paisajístico y ecológico circundante”, mencionaba el decreto de acuerdo a la denuncia. Según Ramaciotti, además, esa cesión era “personal e intransferible”, y hasta se vio beneficiada por otro acto administrativo de la época que rebajó un 65% el precio de valuación fiscal.
Después, en el año 2000, la comisión directiva del Club Andino logró que el Concejo Deliberante le cambiara al lugar la calificación de zona de reserva para “recreación y deporte” a R3, que es residencial con baja densidad.
En 2004, el club dividió en ocho terrenos un predio de 150 metros de largo por 40 de fondo y lo vendió a particulares, entre ellos el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, que no objetó el presunto incumplimiento del decreto del año 88.
Finis Terrae inició entonces una causa civil por protección de intereses difusos, donde planteó no sólo la vulneración del decreto de adjudicación, sino un potencial riesgo ambiental, ya que el predio se encuentra “sobre una pendiente pronunciada y en medio de un sistema que contiene las aguas superficiales y puede minimizar inundaciones como la que ocurrió hace 50 años”, argumentó la denunciante.
En cambio el entonces presidente del Club Andino, Martín Begino, encuadró la situación como una “simple compra y venta entre privados”, desestimó la existencia de un riesgo ambiental y justificó la operación en la necesidad de recaudar fondos para construir un refugio en las inmediaciones del complejo de esquí Cerro Castor.
“Toda la avenida Alem está construida en ambas márgenes, y 150 metros específicos no pueden provocar un desastre natural. Por otra parte, nadie se opuso a la construcción de, por ejemplo, el barrio Andino, y entonces no se puede decir que de Alem para arriba hay riesgo y hacia abajo no. Si la señora Ramaciotti está preocupada por eventuales inundaciones, lo que debería hacer es instar a las autoridades a que construyan pluviales y no pretender que no se construya en una ciudad que demanda cada vez más espacio”, se defendió Begino cuando el tema se hizo público.
Un largo camino
En tribunales, la causa recayó en el Juzgado Civil y Comercial a cargo del juez (luego fallecido) Juan José Ureta, quien llegó a dictar una medida de no innovar prohibiendo que se avanzara en la urbanización de los terrenos hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
En ese caso intervino como litigante, patrocinando a Finis Terrae, el estudio jurídico del abogado Federico Rauch. Y todavía se recuerda el incidente mediante el que Martínez de Sucre recusó a Ureta y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura (que él mismo integraba, y todavía integra) con el argumento de que el juez no se había excusado de intervenir en ese expediente a pesar de que su esposa explotaba un complejo de cabañas, y que el Fiscal de Estado había adquirido el terreno para llevar a cabo un emprendimiento similar. La presión sobre Ureta fue tal que terminó apartándose del caso, y las actuaciones pasaron a manos de la jueza Adriana Rapossi.
El expediente siguió su curso y fue tratado luego por la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia, aunque Ramaciotti falleció en 2010 aquejada de una grave enfermedad.
Sentencia cumplida
“Nosotros recibimos una notificación del Superior Tribunal de Justicia del año 2010 donde se nos avisaba del fallo que rechazaba la acción de Finis Terrae, con lo cual se permitía seguir adelante con el proceso de propiedad. También nos trasladaron una consulta sobre si a nuestro criterio la presentación de un recurso extraordinario ameritaba la suspensión de la sentencia, y nosotros dictaminamos que no debía ser así, y que la sentencia debía cumplirse”, explicó Bertolín a EDFM.
También señaló que con ello “se aprobó luego el estudio de impacto ambiental y con posterioridad las distintas áreas municipales realizaron los pasos correspondientes, como por ejemplo el visado de los planos (para las nuevas construcciones)”.
