A
nte el fracaso de la nueva instancia de negociación que los ejecutivos Provincial y municipales habían planteado ante la Corte, el legislador y presidente del radicalismo fueguino, Pablo Blanco, se mostró convencido de que la imposibilidad de arribar a una solución política en torno a la interpretación de la ley de financiamiento educativo responde a que “no se quiere llegar a un acuerdo porque hay una disputa, pero no entre las 4 partes de esta controversia, sino entre dos; entre el Ejecutivo provincial y un Intendente que quieren que la Justicia les dé la razón porque quieren tener el galardón de decir tenía razón, pero no analizan las consecuencias”, lo que dijo le “demuestra que acá hay un capricho, y lo que menos les interesa es buscar soluciones y lo que sí les interesa es ver quien tiene la razón”.
Advirtió que con esas cerradas posturas “me parece que le estamos haciendo el juego a otros actores políticos que están apostando a que no se llegue a un acuerdo”, y se preguntó si lo que quiere “la Provincia es tener más recursos o que la Justicia le dé la razón, y después con los Intendentes en la calle se prenda fuego todo, porque yo estoy convencido que muchos actores van a entrar a actuar en esto y va ser problemático”, vaticinó.
Tras un encuentro que mantuvo en la tarde de ayer con el secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Paulino Rossi, y el legislador oficialista Fabio Marinello, precisó que en esa reunión se habló “de buscar, aunque sea a último momento, un canal de dialogo y entendimiento, y esto se lo voy a plantear a la Gobernadora. Es más, tengo una solicitud del Intendente de Río Grande para poder tener mañana (por hoy) una reunión con la Comisión de Presupuesto a efectos de explicarle a todos los Legisladores los alcances y lo que se quiso decir en el documento de Río Grande”. En declaraciones a FM Master’s precisó que la intención de Gustavo Melella es “explicar que acá lo que falta son recursos para la Provincia y que el Municipio de Río Grande no está diciendo que no. Es más, habla de una discusión de recursos, entonces esperemos que podamos avanzar en ese sentido y que podamos atender al intendente de Río Grande, y ojalá se sumen los de Ushuaia y Tolhuin, y después ver si se encuentra un salida”. Ya en horas de la noche, el legislador radical confirmó a EDFM que la convocatoria quedó sin efecto ante la imposibilidad de Melella de trasladarse hoy hasta Ushuaia.
Blanco rescató el principio de acuerdo que, a su entender, representó la firma del denominado Documento de Río Grande, ya que dijo que allí quedó plasmado que “los Municipios y el Gobierno estaban de acuerdo con que el Estado Provincial tenía que tener mayores recursos (vía reforma tarifaria no coparticipable); que los Municipios estaban dispuestos a aportar a efectos de la creación de un fondo de sostenimiento de las funciones básicas del Estado y que se comprometían en conjunto a presentar ante la Legislatura Provincial una modificación de la 648 para terminar con esta discusión”. Agregó que otro de los puntos contenidos en el Documento “decía que todos los actores, los tres Intendentes y el ministro Jefe de Gabinete, reconocían que este conflicto se debía solucionar en el ámbito de la Política” y lamentó que después, en la audiencia mantenida por las partes con los miembros del Superior Tribunal de Justicia, se haya restado entidad al mismo argumentado que “el Ministro Jefe de Gabinete no era parte porque no es la Gobernadora y el Fiscal de Estado se haya enojado porque no estaba al tanto del Documento de Río Grande”.
Consultado sobre si quien se opuso a validar ese documento político fue la Gobernadora, respondió no estar convencido de ello. Muy por el contrario, dijo que a su entender “creo que hay voluntad, una manifiesta voluntad de la Gobernadora en solucionar este problema, pero en el medio hay otros intereses políticos que están jugando para que esto no se solucione”. A pesar de esa apreciación dijo que no alcanza a comprender porque desde el Ejecutivo Provincial se insiste en la necesidad de que la Justicia defina como debe aplicarse la ley 648. “En que cambia si hay fallo o no, si en definitiva lo que el Gobierno necesita son recursos y los Municipios le están diciendo, saquemos la tarifaria sin coparticiparla, lo que implica mayores recursos para la Provincia; creemos fondos de afectación específica para Salud, Educación y seguridad; lo que es más recursos para la Provincia. Entonces, la Provincia qué quiere; ¿mayores recursos o ver arrodillados a los intendentes viniendo a pedir por favor?”.
Alertó además que una sentencia judicial sobre la 648 puede tener derivaciones institucionales. Sostuvo que si el fallo es favorable a la pretensión de la Administración Ríos “no nos sorprendamos de las consecuencias que puede haber”. Ante ese supuesto se preguntó en situación van a quedar todos los funcionarios que nunca objetaron la interpretación dada hasta ahora a esa ley. “Qué va a pasar con todos los funcionarios que no actuaron. Dónde estaba el Fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Legislatura, la Gobernadora y sus ministros de Economía que no aplicaron la ley como dicen ahora que hay que aplicarla”, se interrogó.
