E
l Instituto Provincial Autárquico de Seguridad Social (IPAUSS) afrontará un año en el que la Legislatura provincial deberá tomar algunas decisiones políticas en cuanto a la situación económica financiera del organismo en el marco de la Comisión de Evaluación y Reforma creada a principios del año pasado por el Parlamento fueguino.
Además de esto, hubo a lo largo del año 2012 varias cuestiones que se presentaron como los proyectos que ATE elevó al seno del directorio, uno por el pago de la deuda 676 y el otro con relación a la modificación de los regímenes previsionales– ambos cuestionados por el resto de las asociaciones sindicales– que dejaron en claro la postura de los distintos sectores gremiales y de los pasivos. También el Poder Ejecutivo envió al IPAUSS un proyecto para modificar las leyes previsionales, el cual no tuvo asidero en los directores, quienes lo rechazaron por completo en 24 horas.
Sin embargo, mas allá de estos intentos por cambiar las leyes vigentes, lo que está en discusión es la abultada deuda que el gobierno mantiene con el megainstituto en conceptos de aportes y contribuciones, ley 676 y sentencias judiciales firmes, que no se pagan y tienen al organismo todos los meses en una encrucijada para saber de qué manera afronta el pago de las jubilaciones
En referencia a estos temas, el director por el sector actio del IPAUSS, Maximiliano Heredia, expresó que “cuando el gobierno sostenía que las cuentas públicas estaban equilibradas, desde nuestro sector dijimos que el gobierno utilizaba los recursos del IPAUSS para sus gastos y transferencias porque tenía un grave déficit en sus cuentas” y cuestionó que “los acontecimientos del año 2012 pudieron desvelar aquella mentira del gobierno con un gran costo social y fricción entre las instituciones”.
En este contexto, el director del organismo indicó que “estos mismos funcionarios del Gobierno Provincial se abocan a condicionar presumiblemente a un pequeño de grupo de jubilados y activos para buscar una Ley que limite los derechos jubilatorios de los empleados públicos” agregando que los derechos de los afiliados “se convierten en una obligación para nosotros”.
Asimismo, refirió que a los que permiten el atropello del Ejecutivo para conseguir sus objetivos, “debemos recordarles que deben ayudar a defender los beneficios jubilatorios” y sostuvo que “la gratitud nos obliga a resignar los intereses privados de un minúsculo grupo y engrandecer la causa común que beneficia al conjunto de los afiliados”.
