E
l Tribunal de Cuentas de la Provincia entregó a la Comisión Legislativa de evaluación y reforma del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social el informe sobre determinación y certificación de acreencias del IPAUSS, que arrojó que al 30 de junio de 2012 el organismo de la seguridad social cuenta con una deuda provisional y asistencial exigible a su favor de 2.556.081.395 pesos.
Del trabajo realizado por el equipo de trabajo constituido al efecto, surge que el Poder Ejecutivo registra deuda exigible para con el Instituto por 823.728.372 pesos. La Municipalidad de Río Grande adeuda 69,6 millones de pesos más otros 2,8 millones “por el pago de cuotas faltantes” correspondientes a un convenio rubricado en 2003 por deuda de aportes y contribuciones hasta diciembre de 1999, lo que eleva el monto a 72,4 millones de pesos. La de Ushuaia contabiliza 22,1 millones más otros 2 millones de pesos adicionales por “pago de cuotas faltantes” correspondientes al mismo convenio antes mencionado, en tanto que el Municipio de Tolhuin adeuda 17,9 de pesos correspondientes al Ejecutivo comunal y 1,2 millones al Concejo Deliberante, lo que hace un total de 19,2 millones de pesos. Los 38 millones de deuda restantes se reparten entre los demás poderes y organismos estatales, destacándose entre ellos los 11,9 millones de la Dirección Provincial de Energía; los 6,5 millones de la Dirección Provincial de Vialidad y los 6,4 millones de la Dirección Provincial de Puertos.
De la certificación realizada por el órgano de control surge también un monto de deuda exigible por 1580 millones de pesos por la falta de cancelación de los Compromisos de Pago Previsional Mensual estipulados en la ley 676, por la cual el Estado provincial asumió el carácter de deudor con el Instituto por las imposiciones financieras que la Caja de Jubilaciones tenía en el Banco de Tierra del Fuego por orden de más de 200 millones de dólares que fueran afectadas por la institución bancaria para otorgar, sin mayores exigencias, créditos a particulares, muchos de los cuales se tornaron incobrables.
El informe en cuestión avanza también en la certificación de deuda no vencida o exigible al 30 de junio de 2012, fecha de corte del trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas. Por este concepto la cuantificación alcanza los 3.962.518.085 pesos en concepto de cancelación futura de los 74 Compromisos de Pago Previsional Mensual remanentes de cumplimiento por parte del estado de la denominada ley de resarcimiento de deuda histórica con el sistema provisional.
A partir de ahora, la Comisión legislativa –creada el 15 de marzo de 2012 por ley 865– deberá abocarse a evaluar las alternativas de pago de esta deuda, que resulten convenientes para los acreedores y de posible y efectivo cumplimiento para los deudores, sin que ello implique poner en riesgo la sustentabilidad de los regímenes asistencial y previsional a cargo del IPAUSS ni la prestación de las funciones indelegables por parte del Estado.
