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os concejales de Ushuaia, Silvio Bocchicchio y Luis Cárdenas, realizaron este martes una presentación ante el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, a efectos de solicitar su intervención sobre el Pliego de Condiciones para la Contratación del Servicio de Recolección de Residuos y Disposición Final de la Ciudad de Ushuaia, aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante y promulgado por el Ejecutivo como Ordenanza Municipal Nº 4303.
En su presentación, los ediles explicaron que “ante la ausencia de organismos de control externo propios en la Municipalidad de Ushuaia es que recurrimos a la Fiscalía de Estado, por estar frente a lo que entendemos una irregularidad en la confección del pliego para la prestación del servicio más oneroso del Municipio, con un presupuesto oficial valuado en trescientos cuatro millones de pesos ($ 304.000.000) por 6 años, con opción a una prórroga por un año más”, al observar que “este plazo compromete los recursos de esta gestión municipal, y los de la próxima administración”.
Cabe mencionar que los ediles mencionaron que “a pesar de que la Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia, elaborada en 2002, contempla la Sindicatura General del Municipio que fue reglamentada por la ordenanza municipal Nº 3455 en 2008, hasta el momento no fue creada”.
En el documento presentado ante el Fiscal de Estado, Bocchicchio y Cárdenas señalaron que “el pliego plantea dudas de legalidad que solicitamos pueda dilucidar”; citando el artículo 40 del mismo, denominado “Difusión de Pautas Ambientales”, que establece “una millonaria campaña de comunicación de pautas ambientales que debe afrontar cada una de las empresas adjudicatarias con los Gastos Generales previstos y cuantificados en el pliego, para poner esos recursos a disposición de la Municipalidad de Ushuaia encargada de la coordinación de la campaña”.
Dicho artículo establece que “la Municipalidad de Ushuaia realizará una serie de campañas de difusión de pautas ambientales por medios gráficos, radiales, televisivos, digitales y merchandising”, y exige que “los costos que demanden estas acciones y provisión de elementos deberán ser asumidos por cada una de las empresas, no recibiendo pago directo alguno y su costo estará incluido en los Gastos Generales”.
Según el pliego elaborado por el Municipio, se cuantifica cada ítem hasta llegar a la suma de 304 millones de pesos; incluyendo en ese total la valuación de los “Gastos Generales”, al tiempo que le exige a cada una de las empresas que “deberá proveer anualmente” el financiamiento de una campaña de comunicación que “la Municipalidad de Ushuaia realizará”.
A partir de ello, los referentes del Partido Social Patagónico y el Federal Fueguino en el Parlamento capitalino advierten su preocupación en torno a la posibilidad de encontrarse “ante un hecho de financiamiento indirecto de fondos municipales destinados a la publicidad, a través de las empresas adjudicatarias de la recolección y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, para ser invertidos en medios de comunicación locales”.