Debate por la reforma del Consejo de la Magistratura

Hoy se reúne nuevamente el Consejo Económico y Social

22/07/2013
E
l Consejo Económico y Social volverá a reunirse hoy a las 14 en la Casa de Gobierno para avanzar en el debate por la reforma del sistema de selección de jueces que parece encaminado a dividirse en dos planos paralelos.
Por una parte, el organismo multisectorial que preside la gobernadora Fabiana Ríos discute las alternativas de un proyecto presentado por el propio Poder Ejecutivo para modificar la ley provincial 8 que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Por otro lado, a instancias del representante del Colegio de Abogados de Ushuaia, Antonio Aciar, de los integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Asociación Participación Ciudadana, se impulsa una enmienda constitucional que permita modificar la integración del órgano dedicado a la selección y remoción de los jueces provinciales.
Si bien el camino de la enmienda es el más complicado, ya que requiere el voto de los dos tercios de la Legislatura y un referéndum popular que lo convalide, los sectores que hasta el momento se han pronunciado en el seno del CEyS coincidieron en la necesidad de llevarlo a cabo para intentar una integración de la Magistratura “más equilibrada, democrática y popular”, según se dijo en la reunión del pasado martes 16.
En ese sentido, el CEyS podría avanzar en ambas alternativas de manera simultánea, y luego remitirlas para su tratamiento en la Legislatura con las recomendaciones que considere pertinentes en cada caso.
Como adelantó ayer EDFM, el encuentro de hoy tiene como particularidad la invitación cursada a otros actores que podrían incorporarse al debate y que habían reclamado tener participación.
En el caso de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, seccional Tierra del Fuego, el gremio ya adelantó que estarán en la reunión a través de su secretario general, Luis Bechis.
En cambio, aún no está confirmada la asistencia de integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, cuyo titular, el camarista Julián de Martino, sólo se manifestó a través de un comunicado en el que deslizó que el CEyS no era el ámbito de discusión para una reforma de este tipo.
Además, fuentes ligadas al organismo no descartaron para hoy la presencia de otros especialistas vinculados con el tema que se discute, así como ocurrió la semana pasada en que fue invitada la integrante del Consejo de la Magistratura de Chubut, Mónica Koenigsder.

Ley y enmienda

El proyecto de reforma de la ley 8 que propone el Gobierno incluye la realización de un concurso público de oposición y antecedentes, con un jurado académico en cada caso, para seleccionar a los jueces provinciales, de manera de superar la instancia actual en que los candidatos apenas elaboran un escrito que no es un examen (porque nadie lo califica) y donde los magistrados se eligen a través de varias rondas de votaciones no fundamentadas.
La iniciativa contempla, además, la conformación de ternas en lugar de un solo candidato por cargo y la realización de un procedimiento de consulta ciudadana antes de que se designe un juez del Superior Tribunal de Justicia. También recoge reclamos históricos en materia de transparencia, como establecer que las sesiones del organismo sean públicas, y que el voto de los consejeros sea obligatoriamente fundado.
Entre otros puntos, se estipula que los legisladores que integren el cuerpo lo serán en representación de la primera y segunda minoría de la Cámara (no como en la actualidad que se eligen arbitrariamente) y que los abogados serán elegidos por sus pares en ejercicio de la matrícula, sin incluir a los que están ejerciendo un cargo dentro del Poder Judicial u otros organismos públicos.
En relación a la posible enmienda constitucional, los impulsores de la medida analizan modificar el artículo 160 de la Constitución, donde se establece la integración del Consejo de la Magistratura, para eliminar de la nómina a la Fiscalía de Estado y agregar otros miembros, entre ellos dos consejeros populares, elegidos en votación abierta por la propia ciudadanía. Serían vecinos comunes, no abogados, y que cumplan los mismos requisitos que para ser diputado nacional. También se sumarían jueces elegidos por sus propios pares y un empleado del Poder Judicial.

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