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a Cámara de Apelaciones de la Provincia revocó una sentencia de primera instancia, y por lo tanto dejó sin efecto una condena civil contra los integrantes de la Asociación Participación Ciudadana, por críticas efectuadas al Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, once años atrás.
El caso retoma los límites de la libertad de expresión en Tierra del Fuego, por sus similitudes con la causa en la que el Superior Tribunal de Justicia confirmó una condena post mortem contra el senador fallecido José Martínez, ante una demanda iniciada por el propio Martínez de Sucre.
Esta vez, la misma Sala Civil, Comercial y del Trabajo que confirmó la condena contra el ex senador, resolvió que las críticas al titular del organismo de control realizadas por los miembros de la ONG no constituían ningún daño moral, sino el simple ejercicio ciudadano a criticar a sus autoridades.
El Fiscal de Estado había interpuesto la demanda contra los integrantes de la organización social, porque a través de comunicados y de declaraciones de su titular, Guillermo Worman, en distintos medios de prensa, se cuestionó que el funcionario no había iniciado nunca actuaciones de oficio ante irregularidades cometidas por el Gobierno de entonces.
La jueza de primera instancia María Adriana Rapossi (igual que en el antecedente de José Martínez) asimiló las críticas a manifestaciones “inútilmente vejatorias” y condenó a la ONG al pago de 10 mil pesos más los intereses acumulados durante once años.
Ese fallo fue cuestionado por Participación Ciudadana, que lo calificó como un “severo ataque a la libertad de expresión de todos los fueguinos”, y en esos términos fue recurrido ante la Cámara de Apelaciones.
El organismo judicial se expidió finalmente el pasado 29 de agosto, a través de la sentencia definitiva 99/13 que lleva la firma de los jueces Ernesto Loffler, Josefa Martín y Francisco de la Torre.
El pronunciamiento judicial, lejos de ser terminante, no se extiende en grandes defensas de la libertad de expresión, y de hecho se limita al análisis puntual de las manifestaciones presuntamente lesivas del honor sin criticar ni una sola de las definiciones dadas por la jueza de primera instancia.
Una confirmación de esa postura es que si bien revoca el fallo anterior, la Cámara establece las costas del juicio “por su orden”, es decir que cada parte se hace cargo de las propias, “toda vez que el actor (el Fiscal de Estado) pudo creerse con derecho a litigar como lo hizo”, indica.
Aún así, al hacer su análisis del caso, el juez Loffler afirma que de las críticas a Martínez de Sucre en 2002 “no se desprende que existan términos hirientes o vejatorios hacia el funcionario público accionante”.
También señala que “del cúmulo de notas reproducidas, no se advierte que el demandado (Participación Ciudadana) haya ejercido su derecho de expresión de forma abusiva”.
Incluso el camarista pondera en la sentencia que ante una de las críticas, Martínez de Sucre reaccionó atacando con sus propias declaraciones a los miembros de la ONG (en un mensaje televisado por canal 11).
“Ante las manifestaciones vertidas por el actor (el fiscal) cabe preguntarse si resulta viable una acción por daños y perjuicios basada en el daño al honor cuando ante los supuestos ataques a su persona, el accionante ha respondido con epítetos ofensivos”, advierte Loffler en el fallo al que accedió EDFM.
Palabra por palabra
Martínez de Sucre juntó, una década atrás, los recortes de diarios e impresiones de portales de noticias en los que Participación Ciudadana (o sus integrantes) aparecían efectuándole críticas a su desempeño funcional.
Por lo tanto, la base de hechos que derivaron en una causa judicial cuya resolución lleva más de diez años, y que demandó la intervención de cuatro jueces, abogados y todo el aparato administrativo de la Justicia fueguina, puede sintetizarse en una serie de artículos periodísticos reseñados a continuación.
-El 6 de agosto de 2002, se publicó una nota en el portal 19640 (hoy Sur54) cuyas partes más importantes se reproducen:
“Participación Ciudadana promoverá en los próximos días el pedido de juicio político al Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, al corroborarse la falta de actuaciones de oficio ante supuestas irregularidades administrativas que se han producido en los últimos años. La ONG sostuvo que también pedirá la renuncia del Fiscal de Estado Adjunto Ricardo Francavilla. Miembros de la ONG señalaron que (…) se habría constatado la falta absoluta de actuaciones de oficio por parte de ambos fiscales ante presuntos incumplimientos (…)”.
-El 7 de agosto de 2002, se publicó una nota en el diario Prensa Libre, cuyas partes más importantes se reproducen:
“Hay al menos diez situaciones en las que (el Fiscal de Estado) debería haber actuado de oficio”.
-El 7 de agosto de 2002, se publicó una nota en el portal Sur54, cuyas partes más importantes se reproducen:
“Que el Fiscal de Estado le cuente a la gente cuál es su idea sobre cómo controlar las instituciones. Sería muy bueno que el fiscal de Estado debata públicamente sobre cuál es su idea al controlar a las instituciones, enfatizó el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Guillermo Worman, al programa la cacerola. La ONG pidió ante la legislatura que se le inicie el juicio político al abogado”.
-El 9 de agosto de 2002, se publicó una nota en el portal Sur54, cuyas partes más importantes se reproducen:
“La Asociación Participación Ciudadana ya realizó un pedido de intervención ante el relator de independencia judicial de las Naciones Unidas, el Ministerio de Justicia de la Nación y Transparencia Internacional por la situación de falta de independencia del Poder Judicial de la Provincia (…) Guillermo Worman, director ejecutivo de la ONG sostuvo que ahora resta documentar el proceso de falta de transparencia y objetividad en la selección de magistrados, para solicitar luego los pedidos de juicio político de los consejeros. Todo el mundo debe saber cómo se eligen jueces en Tierra del Fuego y la población tiene que conocer a cado uno de los responsables”.
-Participación Ciudadana publicó en 2002 un boletín llamado “Colectivo Participativo”. Allí se sostuvo lo siguiente:
“La revisión del boletín oficial ha permitido determinar que la Fiscalía de Estado no habría actuado de oficio ante un importante número de irregularidades. En definitiva, el Fiscal de Estado no sólo recibe un considerable sueldo por mes sino que además, legalmente, cobra honorarios muchas veces millonarios cuando la provincia gana alguno de los juicios”.
“José Luis Paños, Nelly Manfredotti (esposa del gobernador), Virgilio Martínez de Sucre, Mónica Mendoza, Alberto Revah, José Salomón y Marcelo Echazú son los miembros del Consejo de la Magistratura que, en reuniones secretas o reservadas, sin un método objetivo de selección, están eligiendo a los futuros jueces. Desde Participación Ciudadana, junto a otros sectores de la sociedad, planteamos todo lo contrario: sesiones públicas, evaluación de postulantes por oposición y antecedentes (rendir un examen y defender las afirmaciones ante una mesa examinadora) como método para así tener jueces independientes que defiendan la ley por encima de cualquier otro interés”.
“Gentuza”
Por el contrario, el 13 de agosto de 2002, el Fiscal Virgilio Martínez de Sucre utilizó más de una hora de la televisión pública fueguina para contestar las críticas de Participación Ciudadana, y en esa réplica fue más duro aún que aquéllos que lo criticaron. Dijo en aquélla ocasión:
“Y no como inescrupulosa y aviesamente hacen algunas gentuzas que alegremente balbucean algunas frases sin saber siquiera lo que dicen, con gruesas falsedades e inexactitudes y con el único propósito de desprestigiar (…) Veamos qué se esconde detrás de sellos de goma bajo cuyo amparo algunas personas viven profiriendo diariamente todo tipo de mentiras, injuriando bajo el conocido lema de “miente, miente que algo quedará”, en la creencia de que las consecuencias legales y patrimoniales sólo podrán alcanzar a la persona jurídica bajo la que se intentan guarecer, en otro acto más de cobardía que refleja la clase de gente que son (…) Así, desde la sombra, sin firmar ni comprometerse, dirige sus ataques con la cara de Worman (…) Vergonzosa también es la reciente denuncia que el señor Worman, invocando el cargo de presidente de Participación Ciudadana radicara ante el Consejo de la Magistratura (…) Éstos son los personajes que luego nos dicen cómo desempeñarnos”.
El juez Loffler aclara en su fallo que, según el diccionario, “gentuza” (como llamó el fiscal a los miembros de la ONG) “proviene de gentualla, término despectivo que significa “la gente más despreciable de la plebe”.
