Envíe esta nota por email

l abogado Manuel Raimbault consideró ayer como “un avance” el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Provincia que revocó una condena contra la Asociación Participación Ciudadana por críticas efectuadas al Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, aunque advirtió que la sentencia sigue siendo restrictiva respecto del derecho a la libertad de expresión en Tierra del Fuego.
El ex legislador, que defendió a la ONG en el juicio, criticó por ejemplo que los jueces hayan distribuido las costas del proceso entre ambas partes, y deslizó que una causa de esta naturaleza, con más de diez años sin resolverse, conlleva un “valor pedagógico a favor de la autocensura”.
“Me parece un avance en relación al fallo que revisa. Es una buena noticia en cuanto a que deja de haber una condena por el ejercicio del derecho a crítica”, afirmó el letrado en dialogo con EDFM.
Sin embargo, explicó que “cuando los jueces resuelven este tipo de casos también van perfilando la extensión del derecho de libertad de expresión. Y en términos generales, no se puede decir que se está conforme con el criterio que el Poder Judicial de Tierra del Fuego tiene respecto de este tema”, indicó el abogado.
En ese sentido, expresó que “muy por el contrario, es una visión que contrasta con una más amplia protección de derechos que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales internacionales de Derechos Humanos”.

Cuestión de tiempo

Raimbault también evaluó el contexto del pronunciamiento judicial, producido por la misma Cámara que meses atrás confirmó un condena Civil contra el fallecido senador nacional José Martínez, también por críticas efectuadas contra Martínez de Sucre en la misma época.
“Si bien la sentencia no genera un buen panorama, quizá sea explicable en el tiempo. Tal vez con este fallo se ha comenzado a recorrer un camino que tiende a dejar de lado el antecedente Martínez. Y como no se puede hacer de un día para el otro, se va haciendo escalón por escalón”, interpretó el ex parlamentario.
Sobre las costas del proceso en la causa contra Participación Ciudadana, el abogado dijo “no compartir” el criterio del tribunal: “El principio general procesal es que el que pierde el caso se hace cargo de los gastos. Y me parece que la solución arribada es lesiva de la libertad de expresión. Porque estimula a los funcionarios a accionar en este tipo de casos sabiendo que no van a tener que soportar ningún gasto”.
“Si en una sociedad, una persona por criticar a un funcionario es sometido a proceso durante una década, ese solo hecho lleva a la autocensura. En este sentido, el mensaje del Poder Judicial es que es mejor no criticar. Mejor no digo nada porque mirá lo que le pasó a aquella persona. Por eso tiene un valor pedagógico”, reflexionó Raimbault.

Sentencias mejores

El abogado también destacó que en materia de libertad de expresión en la provincia, existen otros antecedentes de más valor que el fallo producido por la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones.
En ese sentido, recordó la causa iniciada por el ex gobernador Carlos Manfredotti contra el entonces dirigente del IPAUSS Daniel Masnú, también por declaraciones consideradas injuriantes.
“La sentencia dictada en esas actuaciones por el ex juez Enrique Calot no solamente puso de relieve el valor de la libertad de expresión, sino que revitalizó la función de la Justicia”, señaló.
Por otra parte, Raimbault exhortó a que los funcionarios públicos asuman como parte natural de su desempeño estar sometido a críticas.
“Y si no, que sepan que no es obligatorio ser funcionario. También se pueden ir. Nadie es imprescindible”, aseguró.
También dijo que aunque el derecho a la libertad de expresión no sea reconocido, “las sociedades no van a dejar de hablar. Van a tratar de expresarse de otras formas. Y tal vez los medios que se elijan no sean los mejores. Ese es el riesgo y de ahí la importancia de garantizar el derecho a expresarse libremente”, concluyó.