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aciendo lugar “parcialmente” al pedido de medidas cautelares requerido por la ONG Participación Ciudadana en el marco de la Acción de Protección de Intereses Difusos que lleva adelante esa organización ante las deficiencias del sistema cloacal de Ushuaia, el juez en lo Civil y Comercial Alejandro Fernández decidió que “en forma conjunta” la Provincia, el Municipio y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios adopten medidas “preventivas y de atenuación” de la problemática.
Concretamente, resolvió “conferir un plazo de 15 días corridos al Gobierno provincial, a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y a la Municipalidad de Ushuaia en conjunto y bajo apercibimiento de ley” para que adopten las siguientes medidas:
A) En Bahía Golondrina, “150 metros a cada lado del by pass perteneciente a la planta de bombeo homónima deberá emplazarse una barrera física que impida el acceso a la playa, y que “en dicha barrera física se colocará cartelería utilizando señales internacionales que cada 30 metros adviertan sobre el peligro de acceder a la costa de esa bahía.
B) Puesta en funcionamiento de la planta de bombeo existente en la intersección de las calles Kuanip y La Pampa, de modo que cesen inmediatamente los vertidos de aguas negras sobre el turbal aledaño a ese cruce de arterias.
Fernández entendió que en función de las argumentaciones de Participación Ciudadana “y conforme la inspección ocular” que se realizó el pasado viernes “con carácter público y notorio” –y en la que participó el propio magistrado y funcionarios provinciales y municipales encabezados por la gobernadora Fabiana Ríos y el intendente Federico Sciurano– “existe riesgo para la salud de la población si no se adoptan medidas mínimas de prevención o atenuación que hasta hoy se encuentran ausentes”, lo que amerita la decisión tomada.
Asimismo, dispuso que “las medidas señaladas deberán iniciarse de modo urgente una vez que se encuentre debidamente notificada la presente resolución”.
Al respecto, el titular de Participación Ciudadana, Guillermo Worman, manifestó a EDFM que “estamos muy satisfechos por el desempeño general del Poder Judicial en esta causa, tanto del Juzgado como del fiscal” porque “participaron directamente en la inspección ocular y después hicieron lugar a la medida cautelar, que es una medida urgente que permitirá reparar progresivamente la grave situación ambiental que tiene la ciudad”. Además, valoró que el Gobierno, el Municipio y la DPOSS “estén trabajando articuladamente en función de tratar de resolver la problemática”.
Si bien advirtió que “es una primera medida que de ninguna manera tapa el corazón del conflicto ambiental que tiene la ciudad”, también remarcó que “es un primer paso concreto que, por lo menos, va a restablecer rápidamente el funcionamiento de una de las estaciones elevadoras que hoy ocasiona un gran perjuicio al turbal que está en Monte Gallinero”. Y que también “pone un foco de atención sobre Bahía Golondrina”.
Worman destacó que la inspección ocular “fue el viernes, nosotros presentamos la cautelar el martes y hoy miércoles (por ayer) el juez ya resolvió”, e insistió con que “es muy importante que después de mucho tiempo la Provincia, el Municipio y la DPOSS comiencen a articular acciones conjuntas”.
El referente social sostuvo que “más allá de la cautelar vamos a proponer la presentación de un plan de obras con fecha de inicio y con afectación de recursos para poder concretarlas”, y por último mencionó que “además le habíamos pedido al juez una audiencia pública con la presencia de todas las partes y en la que pueda participar la comunidad, para intentar construir un gran acuerdo de inversión pública para este tema”, instancia que el magistrado aún “no aprobó ni rechazó”.
