Organizada por la CTA

Se realizó la jornada “El empleo y la protección social”

16/10/2013
E
n las instalaciones del IPRA, se desarrolló ayer por la tarde la charla debate organizada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) a cargo del dirigente nacional Rubén Garrido, donde se abordó la problemática de la seguridad social.
El dirigente en su alocución hizo referencia a la situación de la seguridad social en la Argentina actual, y en el plano internacional, donde actualmente se quieren aplicar políticas de ajuste hacia los trabajadores y ampliar las edades jubilatorias.
En este sentido, Garrido, señaló que “partamos de la base que la seguridad social es un derecho humano fundamental y es un deber y obligación de los Estados garantizarlo” y sostuvo que “esto abre una perspectiva diferente y abandonar la lógica economicista, más allá que se necesitan los recursos para afrontar una política de seguridad social, el predominante no puede ser la situación económica y la que determina como modelamos la seguridad social”.
En tanto, consideró que “hay que llevara adelante políticas que exceden ese marco, porque tienen que ver con el empleo, recaudación, una nueva ley de coparticipación federal incluso una reforma impositiva” y anotó que “lo que se esconde detrás del recorte de derechos a los trabajadores son decisiones políticas, no situaciones de gravedad económicas, porque el mundo está en crisis, pero no para mandar buques y submarinos a la costa de Siria y esto tiene un costo y lo solventan con determinaciones que son el ajuste permanente”.
Asimismo, Garrido sentenció que en esta carrera de ajustes en cualquier momento comenzarán a discutir “las ocho horas de trabajo, que ya son más y si hoy discuten la viabilidad de la seguridad social no es descabellado pensar esto”.
En cuanto a la situación de la Caja provincial, el dirigente nacional refirió que acá “se están respetando los derechos en cuanto al pago del 82 por ciento móvil y el régimen, en Nación tenemos el pago de la mínima en ocho de cada diez jubilados y el Estado no garantiza derechos que están adquiridos. Sin embargo en la práctica tenemos al 80 por ciento cobrando 2400 pesos. Acá en la provincia no creo que la solución sea igualar para abajo, me parece que hay que sostener principios y disponer de los recursos que si existen”.

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