E
l Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia declaró la nulidad del auto de elevación a juicio en la causa por el escándalo de Glisud SA, la empresa fantasma que operó durante el gobierno de Carlos Manfredotti para quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
De esta forma, el expediente que investiga un caso de corrupción sucedido hace once años (a fines de 2002) sufrirá un nuevo retraso, ya que las actuaciones serán remitidas otra vez al Juzgado de Instrucción a cargo del juez Javier De Gamas Soler.
Los jueces Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón consideraron que la acusación formulada en la causa por la fiscal Marcela Bragulat hace referencia de manera equivocada a personas que ya fueron sobreseidas en la etapa instructoria, y que no constituye un “relato claro, preciso y circunstanciado de los hechos”.
En un pronunciamiento dictado el pasado 12 de noviembre, el Tribunal entendió que así como fueron enunciados los cargos, “se produce una confusión tal que impide comprender qué conducta se atribuye a los acusados por parte de la Fiscalía, como así tampoco qué grado de participación y qué calificación legal”.
El “escándalo Glisud” tiene varias derivaciones, pero en este caso se investiga si las autoridades del Fondo Residual actuaron en connivencia con integrantes de la empresa Glisud (una firma fantasma vinculada con el poder político de la época) para incorporar documentación falsa al concurso público mediante el cual se vendieron créditos morosos del BTF, el 30 de diciembre de 2002.
La maniobra le permitió a la compañía (y a los intereses que representaba) quedarse con las deudas hipotecarias de Cristina Mitrovich, Abel Zanarello y Pantaleón Celano, además de otros cinco préstamos en circunstancias similares, generando un perjuicio al organismo de $2.209.500.
El juez De Gamas dio por demostrado en abril de 2012 que la oferta presentada por Glisud en el concurso de Mitrovich, Zanarello y Celano era falsa, y que probablemente los papeles fueron falsificados dentro de las oficinas del propio Fondo Residual. Por ello fueron procesados por el presunto delito de “defraudación por administración fraudulenta” el presidente de la firma, Rolando Enrique Pinto, y sus apoderados, la contadora Graciela Teresa D´adamo (apodada Gatúbela por las fotografías en que apareció disfrazada como el personaje de la serie Batman) y el abogado Francisco José Martín Grondona. También fueron procesados el ex administrador del Fondo Residual durante el manfredottismo, Ángel Gustavo García Casanovas, y el secretario de actas del organismo adónde fueron a parar los deudores incobrables del BTF, Néstor Omar Sierra.
En octubre del mismo año, la Cámara de Apelaciones ratificó los procesamientos y el expediente se encaminó hacia el juicio oral y público.
Según trascendió, el juez De Gamas declaró clausurada la instrucción y envió las actuaciones al Tribunal Oral el pasado 19 de septiembre, cuando ya habían requerido la elevación a juicio tanto la Fiscalía como las autoridades del Fondo Residual en su calidad de querellantes.
Sin embargo, el pronunciamiento de los jueces de la semana pasada vuelve a ponerle un freno a la causa, ya que deberán subsanarse los supuestos errores en el requerimiento fiscal para que recién el caso regrese a su etapa de juzgamiento, todo ello a más de una década de acontecidos los hechos.
Otra nulidad este año
Por otra parte, no es la primera vez en los últimos tiempos que el Tribunal Oral dicta la nulidad de un requerimiento fiscal de elevación a juicio, en un caso vinculado con el Fondo Residual.
En junio de este año, los mismos jueces anularon la acusación en una causa que investigaba la cesión de tierras para saldar deudas con el Residual y que involucraba a García Casanovas (el mismo que está procesado en el caso Glisud) y a la martillera pública Anna Boyadjián.
Después de nueve años de investigación judicial, el Tribunal hizo lugar a un pedido de nulidad y suspendió el juicio que ya había comenzado, lo que abrió la posibilidad de recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia y el consiguiente riesgo de que los hechos prescriban y queden impunes.
Según los magistrados, igual que en la causa Glisud, el requerimiento fiscal resultaba ambiguo e impedía el derecho a defensa de los acusados.
Esa causa había sido elevada a juicio hacía cuatro años, y durante ese período permaneció en el tribunal sin fecha de audiencia.
Un caso con historia
La investigación del caso Glisud se inició en 2004 a raíz de la denuncia presentada por el abogado Javier Da Fonseca, pero se reactivó en 2011 a partir de las pruebas aportadas por el testigo Víctor Tela, a quien el mismo grupo de gente defraudó para quedarse con un predio en las inmediaciones de Tolhuin, según se investiga en una causa judicial distinta que tramita en Buenos Aires y que está en condiciones de ser juzgada en juicio oral.
La investigación personal de Tela logró reunir datos fundamentales para la causa Glisud, como por ejemplo que la compañía había sido fundada por dos ancianas indigentes y transferida luego a Pinto (un ex empleado del ex diputado y vicegobernador Daniel Gallo) o que el domicilio legal de la compañía (Corrientes 1888 en Buenos Aires) era un prostíbulo regenteado por D´adamo (o Gatúbela) quien además fue asesora de Gallo en la Legislatura.
Por otra parte, los bonos utilizados para la compra de créditos del Residual fueron adquiridos por Pinto a una sociedad uruguaya, llamada Crider Trading SA, de la que él mismo era representante. El origen de esos fondos está siendo investigado en otra causa por presunto lavado de dinero.
