S
e crea un control ambiental “paralelo” de la actividad hidrocarburífera en la provincia, “a medida de las empresas petroleras”, se genera “una situación de mucho peligro” para el medioambiente local, y se “va en contra de todas las tendencias nacionales en la materia” al fraccionarse una función que debería ser “integrada”.
Con estos argumentos como ejes centrales, tanto las asociaciones ambientalistas de Ushuaia como fuentes del propio Gobierno insistieron ayer en criticar las modificaciones a las leyes Nº55 y Nº105 que aprobó en diciembre la Legislatura.
Estas medidas que el Ejecutivo no vetó y dejó promulgar de hecho, le quitan a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia las facultades de control en materia de hidrocarburos, y se la delegan de manera “exclusiva y excluyente” a la Secretaría de Hidrocarburos.
Según los sectores que mostraron su desacuerdo con la decisión, como las ONGs Participación Ciudadana y Manekenk, o la Fundación Ushuaia XXI, lo que está sucediendo en la práctica es la creación de una autoridad de aplicación de la ley de medio ambiente “paralela” a la que debería regir, y que funcionará sólo para las empresas petroleras.
“De esta forma todas las obras, acciones, proyectos y empresas de la provincia estarán en materia ambiental bajo la jurisdicción de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, menos tres empresas petroleras que en materia ambiental serán controladas y evaluadas por la Secretaría de Hidrocarburos”, razonaron desde las organizaciones civiles.
Otro tema en el que hicieron hincapié fueron los peligros que la situación acarrea en el futuro. Por ejemplo las explotaciones de gas y petróleo se realizan actualmente mar adentro (en la zona norte de la isla) pero se sabe que el Gobierno concesionará próximamente el área CA12, en el centro provincial, donde la autoridad de aplicación de la ley de medioambiente le correspondería a la Dirección General de Bosques. También se están negociando más concesiones sobre áreas ya explotadas y desde las compañías petroleras “se está intentado introducir nuevas prácticas de extracción (fracking o fractura hidráulica) una práctica muy criticada en todo el mundo que es utilizada para la extracción de gas por medio de explosiones subterráneas, la que encierra numerosos peligros, poniendo en riesgo todos los recursos naturales provinciales, en especial el recurso hídrico, factor fundamental del ambiente y del desarrollo humano”, precisaron las fuentes.
En materia de estrategia para la conservación de los recursos, los críticos de estas modificaciones legales consideran que se está yendo “en contra de todos los actuales procesos ambientales a nivel provincial y nacional, que apuntan a la gestión integrada de los recursos”, y ponen como ejemplo el Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos.
Ese plan “promueve un proceso participativo que facilita la coordinación y cooperación entre todos los organismos, hídricos y no hídricos que influyen sobre su gestión, iniciativa conjunta del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, cuyo Documento Base del Plan fue aprobado en Asamblea del COHIFE, ámbito en el cual la provincia de Tierra del Fuego es representada a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente, reconocida como autoridad única del agua de la provincia”, señalaron los voceros consultados.
También remarcaron la “clara” diferencia de roles que poseen las secretarías de Medio Ambiente y de Hidrocarburos, lo que según sostienen fundamenta la imposibilidad de que se fraccione el control.
“La Secretaría de Desarrollo sustentable y Ambiente es un área cuya inserción y conformación tanto desde el punto de vista político como técnico se encuentra orientada, capacitada y facultada en la aplicación de políticas y acciones destinadas a compatibilizar la protección ambiental con la actividad económico productiva, contando con una estructura establecida a tal efecto y con profesionales y técnicos capacitados y orientados en los aspectos en materia de protección ambiental y de desarrollo sustentable y sostenible de las actividades productivas”, mientras que “la Secretaría de Hidrocarburos, como corresponde, es el organismo que administra y controla el recurso hidrocarburífero desde el punto de vista productivo–económico. Es el área que debe definir y controlar qué empresas aprovechan el recurso, que áreas se otorgan, en qué condiciones se realizan las concesiones, cuanto petróleo y gas exporta cada empresa, qué inversiones en materia de exploración se exigen o se realizan, todo esto en forma coordinada con los organismos competentes en materia de hidrocarburos a nivel nacional”, indicaron.
