E
l jubilado que más gana en Tierra del Fuego (por encima de los 100 mil pesos mensuales) es el segundo nombre propuesto por el Gobierno Nacional para integrar la lista de conjueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata de Tomás Hutchinson, el ex presidente del Superior de Justicia de la provincia que accedió a la jubilación luego de aportar nada más que cinco años al IPAUSS, y que se acogió al régimen de jubilación anticipada obligatoria impuesto por la ley 460, sin cuestionar su constitucionalidad, durante el gobierno de Carlos Manfredotti.
Hutchinson inmortalizó la frase “no soy masoquista ni lo quiero ser”, escrita en el texto de su renuncia cuando arreciaban las críticas contra los magistrados que negociaron una jubilación a cambio de dejar sus cargos para que pudiera conformarse una justicia adicta al poder de turno.
Varios medios nacionales, entre ellos Clarín, La Nación y Perfil, informaron en las últimas horas que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner remitió a la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional el listado de diez conjueces para la Corte Suprema de Justicia. Estos abogados son los que subrogarían (sustituirían) a los jueces titulares en casos de apartamientos por distintas razones.
La nómina es liderada por León Carlos Arslanián, un conocido penalista que integró el tribunal del Juicio a las Juntas en 1985 y fue ministro de Justicia de Carlos Menem, además de ministro de Seguridad de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires.
En segundo lugar, está Hutchinson. Perfil lo define como un “administrativista”, por su especialización dentro de las ramas del derecho, y agrega que “en 2013 apoyó a la lista de La Cámpora en la elección de decano de Derecho de la UBA, donde obtuvieron menos del 14% de los votos”. También agrega que “es doctor en Derecho Público, profesor emérito, con trayectoria en la militancia peronista”.
La lista se completa con Ernesto Alberto Marcer, Procurador del Tesoro de la presidencia de Fernando De La Rúa, procesado por negociaciones incompatibles con la función pública por el megacanje de Domingo Cavallo, Héctor María García Cueva, Arístides Horacio María Corti, Carlos María Cárcova, Walter Marios Huggias, Gustavo Ferreyra, Ricardo Augusto Nissen y José Rolando Chirico.
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El jubilado mejor pago de Tierra del Fuego llegó a esa condición luego de erigirse en vocero de la corporación judicial fueguina cuando, a comienzos de 2000, el poder manfredottista pretendía ampliar de tres a cinco el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Sin demasiados rodeos, Hutchinson le propuso al ya fallecido abogado Héctor Pena (allegado al manfredottismo) la implementación del régimen de jubilación anticipada en el que ya había estado trabajando parte de la corporación. Con las vacantes a su merced, el PJ podía nombrar a los jueces que se le antojara.
Entre enero y febrero de 2000, Hutchinson y Pena volvieron a encontrarse, esta vez en el bar Muki, ubicado en la avenida Maipú 1499 del partido de Vicente López, en Buenos Aires. El punto de reunión fue elegido porque queda a mitad de camino entre el domicilio de Hutchinson en Capital Federal y una casa propiedad de Pena. Allí ultimaron los puntos del régimen con el que luego se benefició.
El sistema jubilatorio votado dentro de la polémica ley 460 fijó como requisitos 25 años de servicios, pero sólo 5 de aportes al entonces Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) y 50 años de edad en el caso de los varones. Para las mujeres, 20 años de servicios, con 5 de aportes a la Caja Provincial de Jubilaciones y 45 años de edad.
Es decir que se “obligaba” a jubilarse a un juez, fiscal o defensor de 50 años de edad, y a una jueza, fiscal o defensora de 45 años de edad, con sólo 5 de aportes al sistema provincial.
Cuando finalmente Hutchinson se jubiló por el mismo régimen que ayudó a poner en vigencia, las críticas a la Justicia estaban a la orden del día. Se le cuestionaba a los jueces que en lugar de defender el principio de inamovilidad (ningún Gobierno podía obligarlos a jubilar en esas condiciones) lo aceptaran a cambio de un beneficio económico muy marcado.
El ahora candidato a conjuez de la Corte escribió entonces en el texto de su renuncia: “No soy masoquista ni lo quiero ser. Seguramente aumentarán los requisitos jubilatorios, como aumentan las horas de labor, al revés de lo que intentan los países adelantados. Por lo tanto, oponerse a la norma –con dudoso resultado– para, de triunfar, obtener un perjuicio, sería por lo menos un absurdo y daría lugar a que cualquiera sospeche acerca del deseo de mantenerme ubi et orbi en el cargo”.
Vivir en un hotel
Para completar el cuadro, Hutchinson tuvo que justificar ante el IPAUSS que no tenía domicilio en la provincia (a pesar de que era juez del Superior Tribunal). Y para ello admitió que vivía en la habitación 210 del Hotel Ushuaia, mientras que simultáneamente mantenía domicilio, según el duplicado de su Documento Nacional de Identidad, en la calle Chacabuco 1335, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.
Hutchinson no tuvo otro camino para justificar ante el ANSES su residencia en la ciudad, que exhibir facturas a su nombre de la empresa Lodave SRL, propietaria del Hotel Ushuaia, de donde surge que vivía allí regularmente.
Aunque el ex juez ingresó a la Justicia fueguina el 2 de mayo de 1995, y el artículo 147 de la Constitución le exigía residencia “en la ciudad sede de sus funciones”, no consideró una violación a ese principio vivir en un hotel y tener domicilio en Buenos Aires.
Según explicó, “no puede decirse que no resida aquí. Tendría, a lo sumo, si se quiere, dos residencias. ¿Es ello posible? Según Salvat “la residencia es el lugar de habitación real de la persona. La residencia puede estar, sea en el lugar de domicilio, sea en otro lugar (...) una persona puede tener varias residencias (...)”, se justificó.
