U
n informe oficial realizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Provincia admite la existencia de sustancias peligrosas para la salud, como aluminio, plomo y manganeso por encima de los límites permitidos, en un chorrillo que bordea el Relleno Sanitario de la ciudad y la zona donde funciona el horno pirolítico, antes de desembocar en el Río Olivia.
La Asociación Participación Ciudadana presentó ayer una medida cautelar ante el juez Civil de Ushuaia Alejandro Fernández, solicitando el cese inmediato de esa contaminación y la implementación de un plan de monitoreo constante del lugar hasta que desaparezcan los efectos producidos por las sustancias encontradas.
Según el informe 274/14 elaborado por la Dirección General de Recursos Hídricos de la Provincia, sobre el cauce de agua se halló “arsénico, mercurio, zinc, cromo total y cadmio”, aunque en proporciones no peligrosas. En cambio, apareció aluminio en cantidades que “superan el valor establecido por el nivel guía”, lo mismo que el “plomo y el manganeso”.
Además, el estudio sostiene que “los compuestos del plomo son tóxicos y han producido envenenamiento de trabajadores por su uso inadecuado y por una exposición excesiva a los mismos. El mayor peligro proviene de la inhalación de vapor o polvo”, indica. Y agrega que “el plomo es uno de los cuatro metales que tienen mayor efecto dañino sobre la salud humana”, porque “se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos del suelo, y estos experimentaran efectos en su salud por envenenamiento. El plomo es un elemento químico particularmente peligroso, y se puede acumular en organismos individuales, pero también entrar en las cadenas alimenticias”, advierte el escrito oficial.
A su vez, en referencia al manganeso, el informe menciona que se trata de “uno de los tres elementos trazas tóxicos esenciales. Cuando existen concentraciones altamente tóxicas de manganeso en el suelo, este puede causar inflamación de la pared celular, abrasamiento de las hojas y puntos marrones. La deficiencia puede también causar deficiencia en el crecimiento de las plantas”, abunda el trabajo.
Quién contamina
El informe salió a la luz en el marco de la causa judicial iniciada por Participación Ciudadana el año pasado para hacer cesar la contaminación de la costa por efluentes cloacales.
En ese expediente, las tres partes demandadas (el Gobierno Provincial, la Dirección Provincial de Obras Sanitarias y el Municipio) se comprometieron durante una audiencia realizada el 14 de noviembre último a presentar un paquete de medidas conjuntas que posibilitara el saneamiento sin la necesidad de una orden judicial.
Sin embargo, la ONG denunció que ninguna de las instituciones cumplió con formalizar un plan concreto de trabajos, y que en su lugar realizaron una presentación conjunta donde se comprometen escasos recursos económicos y se hace mención a gestiones y diagnósticos que no solucionan el problema.
Fue en ese marco (la presentación conjunta ante el juez Fernández) donde se incorporó el informe elaborado por la Jefa de División Calidad de Agua de la Dirección General de Recursos Hídricos, Nohra Yamila, y por el Director General de Recursos Hídricos Gerardo Noir.
El estudio analizó la calidad de agua de las principales cuencas que atraviesan la ciudad, con monitoreos realizados en once puntos distintos, entre ellos el denominado “Chorrillo basural” que “atraviesa el predio” del Relleno Sanitario y desemboca en el Río Olivia. Ese fue el sitio donde aparecieron los niveles altos de plomo y manganeso.
No obstante, el relevamiento no menciona que el mismo cauce de agua pasa cerca de la zona de influencia del horno pirolítico manejado por la empresa Sanatorium, donde se tratan residuos peligrosos que podrían ser los causales de la contaminación. Desde el Municipio deslizaron que esta última posibilidad es factible y pidieron que se analice (ver recuadro aparte).
Casi nada
En la medida cautelar presentada ayer, Participación Ciudadana no individualiza responsabilidades concretas de los estados provincial y municipal, y le solicita al juez que ordene “estudios hidrogeológicos, acciones y procedimientos exigibles para evitar o impedir el drenaje y/o escurrimiento de los residuos peligrosos y la contaminación de las fuentes de agua de los mencionados cauces”.
También requiere “un plan de monitoreo para controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, que deberá ser informado periódicamente al tribunal y puesto a disposición de las partes” y “un plan de saneamiento y remediación, inmediata, de los daños ambientales existentes, con imputación presupuestaria, plazos de realización y determinación de los funcionarios responsables de su cumplimiento y ejecución”.
La ONG denunció que tanto el Gobierno, como la Municipalidad y la DPOSS “no han presentado al tribunal ningún plan de obras acordes a la problemática reconocida”.
En ese sentido, se explica que el Poder Ejecutivo provincial y la DPOSS presupuestaron obras por diez millones de pesos para 2014 y 2015, “es decir la mitad de la suma que se habían comprometido en la audiencia para hacer frente a la medida cautelar anterior”.
Por su parte el Municipio tiene previsto realizar obras por 1,61 millones de pesos, “una suma que en atención a la inversión presupuestaria que conlleva la problemática abordada, resulta insignificante”, aseguran desde Participación Ciudadana.
“Respecto de las principales obras, no existe ningún compromiso presupuestario, tampoco plazos ni responsables. La única “solución” que se propone es que si “otro” (Fondo Fiduciario, Fideicomiso Austral, Poder Ejecutivo Nacional, etc.) hace las obras, podrán cumplir. Respuesta verdaderamente inexplicable y desajustada a la realidad presupuestaria de las demandadas”, fundamentaron desde la ONG.
