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l desalojo de cuatro familias que ocupaban predios fiscales en la zona de Andorra conocida como “Los Leñadores”, el pasado 14 de abril, tuvo dos derivaciones judiciales insólitas que se conocieron ayer.
Por un lado, se confirmó que tanto el jefe del operativo policial a cargo de la medida, como un subalterno suyo, fueron denunciados penalmente y están siendo investigados bajo la acusación de haberle suministrado alimentos a los menores de edad que estaban dentro de las casillas sitiadas por las autoridades.
Por otra parte, la Justicia investiga a policías y a miembros de la Cooperativa Magui-Mar por el hurto de las herramientas de trabajo de uno de los desalojados.
La primera causa se relaciona con las medidas disuasorias ordenadas por el juez penal Javier De Gamas Soler en los días previas al desalojo, consistentes, por ejemplo, en la prohibición de reingreso a las viviendas de todo aquel que saliera por cualquier motivo, y en la prohibición de ingreso de alimentos.
Por esos días, funcionarios municipales denunciaron ante el magistrado que algunos policías estaban violando esa medida permitiendo la entrada de comida al interior de las precarias construcciones, en cuyo interior no sólo había adultos sino también varios menores de edad.
Como consecuencia, De Gamas Soler terminó denunciando penalmente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al jefe del operativo y a otro uniformado, cuyos apellidos serían Díaz y Rocha, los que actualmente están sometidos a un proceso judicial por este tema.
Las alternativas de este caso fueron confirmadas a EDFM por el abogado Manuel Raimbault, representante de tres de las cuatro familias desalojadas y crítico de las decisiones adoptadas por el magistrado en este expediente.
“Por un lado el juez ordenaba medidas a la Policía en forma telefónica, que no se asentaban en el expediente y luego no podían ser controladas. Y encima se acusa a estos policías, que en todo caso tuvieron un gesto humanitario al proporcionarle alimentos a unos chicos indefensos”, señaló el letrado.
En esa línea, el abogado recordó que el cerco policial ordenado por la Justicia perseguía el objetivo de “producir la angustia de los ocupantes de las casillas” y “llegó a límites de absoluta crueldad como bloquearle a una mamá durante dos días la posibilidad de amamantar a su hijo”.
La otra derivación judicial del desalojo surgió a partir de que una vez concretada la medida y desarmadas las estructuras, uno de los vecinos denunció que le habían robado las herramientas de trabajo.
“El padre de una de estas familias es gasista y ahora no puede trabajar más, porque con motivo del desalojo que se realizó de noche y vulnerando todas las recomendaciones de organismos de derechos humanos, le robaron todas sus herramientas”, detalló Raimbault.
Según letrado, como en ese caso la Policía actuó en conjunto con la Cooperativa Magui Mar, que realizó el desarme de las casillas, el personal de la fuerza de seguridad y de la empresa contratada por el Municipio están siendo investigados por su vinculación con este robo.
“Es decir que en ambos casos tenemos hechos de una crueldad inconcebible, y que demuestran cómo luego de la intervención del Estado, las personas víctimas de una situación de falta de vivienda, se encuentran ahora peor que antes de esa intervención, sometidos a la violencia explícita y al saqueo”, completó el abogado defensor.

“Crueldad estatal”

En otro orden, Raimbault explicó ayer cuáles fueron los hechos que terminaron con un nuevo desalojo de estas familias durante el último fin de semana, esta vez del hostel donde habían sido enviados por el Municipio.
Dijo que tanto el Municipio como el Gobierno presentaron sendos informes socioambientales sobre la situación de las familias, y que a pesar de que ninguno de ellos hace mención a una mejoría de su condición de vulnerabilidad social, igual la Municipalidad resolvió dejar de pagar el alojamiento en el hospedaje y el Gobierno les quitó asistencia alimentaria.
“En el caso de una de las familias, los informes coinciden en que la situación es dramática. Son cinco personas cuyos únicos ingresos son la asignación universal por hijo. En relación a otra de las familias, con dos adultos y cinco chicos, se consigna que el padre tiene un ingreso de 9 mil pesos, y que si bien en abstracto podrían responder al pago de un alquiler, en la práctica si lo hacen no tendrían cómo solventarse los alimentos”, detalló el abogado.
También mencionó que ante ello, se le pidió al juez que disponga una pericia de parte de la propia Justicia, y que haga cumplir la sentencia de desalojo en tanto debía garantizarse el alojamiento de las personas mientras no variara su situación de vulnerabilidad.
La respuesta del magistrado, según Raumbault, fue que la sentencia había sido cumplida y que en todo caso debían dirigirse por nuevos reclamos ante otro juez.
“O sea que en el trance de tener que intimar a los ejecutivos por incumplimiento de sentencia, se abstuvo de cumplir con su propia sentencia. Desde luego apelamos esa decisión y como no nos fue concedido el recurso acudimos en queja a la Cámara de Apelaciones, donde actualmente se tramita el pedido”, señaló el ex legislador.
“Esta causa es un verdadero proceso de estigmatización de la pobreza. Nunca había visto tanta violencia y crueldad estatal contra diez chicos. Queremos que sea revisada local e internacionalmente para que se transforme en una bisagra y en una muestra de todo lo que no hay que hacer en materia de política habitacional”, afirmó Raimbault.