P
or la presente hacemos público nuestro absoluto rechazo y desacuerdo con sus recientes expresiones, vertidas en medios masivos de comunicación, respecto de la modificación de la Ley que regula el funcionamiento del INFUETUR recientemente sancionada por la Legislatura Provincial, en atención a las siguientes consideraciones:
· Usted ha afirmado que esta ley, cuyo objeto es otorgar transparencia, racionalidad y participación ciudadana a todo proceso de privatización o concesión de servicios actualmente prestados por el Estado, viola nuestra Constitución Provincial. Resulta lamentable y bochornoso que, como abogado, ignore que justamente nuestra Constitución Provincial establece que las contrataciones del Estado Provincial deben efectuarse conforme las leyes que la Legislatura Provincial dicte en la materia, y que no podrán otorgarse concesiones para la prestación de servicios sin legislación que permita fiscalizar su accionar. De hecho, la misma Constitución de la Provincia que tan livianamente cita, otorga a la Legislatura Provincial la atribución de legislar sobre el uso y disposición de los bienes provinciales, y organizar el funcionamiento de sus reparticiones autárquicas.
· Usted manifiesta que, en este caso, la única forma de innovar tecnológicamente para fomentar el desarrollo de la actividad turística es a través de la inversión privada, cuando la propia Constitución de la Provincia, que usted parece desconocer, establece que el Estado Provincial debe fomentar el desarrollo de la actividad turística a través de obras públicas tendientes a optimizarla.
· Usted argumenta que la decisión y la forma de privatizar o concesionar un servicio público compete al Poder Ejecutivo, que existen determinadas facultades que constitucionalmente están en cabeza de un poder y que no se puede alterar este equilibrio de poderes sin incurrir en una inconstitucionalidad. Pero parece olvidar que, justamente, la Constitución de la Provincia encomienda a la Legislatura Provincial la elaboración y sanción de la legislación adecuada que permita controlar la eventual concesión de servicios públicos, y al Poder Ejecutivo expedir las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para ponerla en ejercicio, no pudiendo alterar su espíritu por medio de excepciones reglamentarias.
· Usted se permite alegremente acusar a quienes, sin prohibir la privatización o concesión de servicios, lo que hacen es generar un marco legal que obliga al Estado Provincial a elaborar y difundir en forma previa estudios económicos, financieros y de eficacia que demuestren las razones y conveniencia de optar por la administración y explotación del servicio en forma privada, en comparación con la administración del mismo por personal del Instituto Fueguino de Turismo.
· Usted desconoce u omite que justamente este marco legal que critica, es el que permite asegurar que, antes de toda privatización, el INFUETUR cuente con un esquema adecuado de fiscalización y control de la actividad de los concesionarios en la efectiva prestación de servicios, la ejecución de las inversiones comprometidas en infraestructura y/o mantenimiento y el cumplimiento de los precios y tarifas establecidos al efecto.
· Usted se atreve a hablar de “bolsones de corrupción” para cuestionar a quienes han promovido una ley que justamente establece instancias de participación, difusión, transparencia, pluralismo y representatividad popular para asegurar que la eventual concesión de un servicio turístico sea en beneficio de toda la Provincia, y no un negocio celebrado entre unos pocos empresarios privados. ¿No será que esta ley justamente evita este tipo de prácticas, y eso es lo que molesta al Señor Empresario Turístico que hoy decide los destinos del INFUETUR?
· Si quisiéramos pensar mal, podríamos estar frente a lo que suele ocurrir cuando se contrata al lobo para cuidar a las ovejas…
LEGISLADORES FIRMANTES
JUAN CARLOS ARCANDO (FPV)
LAURA ROJO (PPP)
PABLO DANIEL BLANCO (UCR)
SUSANA SIRACUSA (PJ)
ADRIÁN LIENDO (PP)
